GINEBRA – Una investigación de las Naciones Unidas sobre los bombardeos del ejército israelí en la Franja Gaza estableció que “se han violado sistemáticamente” las leyes de la guerra en lo que respecta al uso de bombas de enorme potencia y a la supuesta falta de distinción entre combatientes y civiles.
Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “el requisito de seleccionar medios y métodos de guerra que eviten, o al menos reduzcan al mínimo los daños a la población civil, parece haber sido violado sistemáticamente en la campaña de bombardeos de Israel”.
La conclusión se produce tras las investigaciones de la oficina de Türk (Acnudh), en esta ciudad suiza, sobre seis ataques emblemáticos de las fuerzas israelíes, en los que se sospecha que se utilizaron bombas de hasta 920 kilos contra edificios residenciales, una escuela, campos de refugiados y un mercado.
Esas armas de aproximadamente 3,4 metros, junto con versiones más pequeñas, fueron desplegadas entre el 9 de octubre y el 2 de diciembre de 2023, causando 218 muertes confirmadas, aunque el número real de víctimas mortales fue probablemente mucho mayor, según Acnudh.
El informe citó una actualización de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), del 11 de noviembre de 2023, según la cual la Fuerza Aérea había “atacado más de 5000 objetivos para eliminar amenazas en tiempo real” desde que comenzó a bombardear Gaza un mes antes.
Para entonces, las autoridades sanitarias de Gaza habían documentado la muerte de 11 078 palestinos, otros 2700 desaparecidos y unos 27 490 heridos.
El informe se centra en Israel, pero también destaca que los grupos armados palestinos han seguido disparando proyectiles indiscriminadamente contra ese país.
“Esto es contrario a sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, deja en claro el reporte del organismo de la ONU.
El actual conflicto se desató después de que la milicia islamista Hamás atacó el sur de Israel y causó más de 1000 muertes, a lo que respondió Israel con una ofensiva militar a gran escala sobre Gaza que ha dejado más de 37 000 muertos y de 80 000 heridos, así como desplazado a la mayor parte de sus 2,3 millones de habitantes.
Además, la mayoría de edificaciones e infraestructura de servicios en ese territorio palestino de 365 kilómetros cuadrados han sido destruidas o dañadas, y la población padece severa escasez de alimentos, agua potable, acceso a la salud, electricidad, comunicaciones e instalaciones para guarecerse de la guerra.
Al detallar los ataques contra el barrio de Ash Shuja, en la ciudad de Gaza, norte de la Franja, los autores del informe señalaron que la extensión de la destrucción fue de aproximadamente 130 metros y destruyó 15 edificios.
La magnitud de los daños causados a los edificios y los cráteres indicaban que se habían utilizado aproximadamente nueve bombas GBU-31 de unos 900 kilos cada una, y al menos 60 personas resultaron muertas.
“Los métodos y medios elegidos por Israel para llevar a cabo las hostilidades en Gaza desde el 7 de octubre, incluido el uso extensivo de armas explosivas con efectos de área amplia en zonas densamente pobladas, no han garantizado la distinción efectiva entre civiles y combatientes”, reza el informe.
Recuerda al respecto que “las vidas y las infraestructuras de los civiles están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Este derecho establece las obligaciones muy claras de las partes en los conflictos armados que hacen de la protección de los civiles una prioridad”.
Ravina Shamdasani, portavoz del alto comisionado, dijo que “los tipos de armas, y los medios y la forma en que se utilizaron, junto con algunas declaraciones oídas de funcionarios israelíes, suscitan muy serias preocupaciones sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.
Al inicio de la guerra uno de los mandos de las FDI, recordó Shamdasani, había dicho que “Hamás y los habitantes de Gaza” son “bestias humanas” y “se les trata en consecuencia. Israel ha impuesto un bloqueo total. No hay electricidad ni agua, sólo daños. Querían el infierno, tendrán el infierno”.
Mientras tanto, en Gaza, “la población se ve obligada a refugiarse en medio de una destrucción inimaginable”, declaró el responsable de Acnudh en el Territorio Palestino Ocupado, Ajith Sunghay.
“Los hospitales están llenos a rebosar y el olor es insoportable, las aguas residuales se derraman en las tiendas, no hay agua limpia… Si las bombas no matan, lo harán las enfermedades”, declaró Sunghay tras visitar las ciudades de Jan Yunis, Rafah y Deir-al-Balah.
Por su parte, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, señaló que las autoridades israelíes son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante las operaciones militares y los ataques en Gaza.
La comisión sostuvo que esas autoridades son responsables de crímenes de guerra, entre ellos la inanición como método de guerra, asesinato u homicidio intencional, y de dirigir intencionalmente ataques contra personas civiles y bienes de carácter civil.
También de traslado forzoso, violencia sexual, tortura y tratos inhumanos o crueles, detención arbitraria y ultrajes contra la dignidad personal.
Según la comisión, el inmenso número de víctimas civiles en Gaza y la destrucción generalizada de bienes e infraestructuras civiles fueron el resultado de una estrategia emprendida con la intención de causar el máximo daño, haciendo caso omiso de los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones adecuadas.
También determinó que Israel ha impuesto un “asedio total” que equivale a castigo colectivo contra la población civil; ha convertido el asedio en un arma y utilizado el suministro de artículos de primera necesidad, como agua, alimentos, electricidad, combustible y ayuda humanitaria, para obtener beneficios estratégicos y políticos.
En relación con el ataque del 7 de octubre en Israel, el informe concluye que el brazo militar de Hamás y otros seis grupos armados palestinos también son responsables de crímenes de guerra.
Entre ellos, dirigir intencionadamente ataques contra civiles, asesinato o homicidio doloso, tortura, trato inhumano o cruel, destrucción o apoderamiento de la propiedad de un adversario, ultrajes a la dignidad personal y toma de rehenes, incluidos niños.
“Es imperativo que todos los que han cometido crímenes rindan cuentas”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay. “La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas las agresiones y represalias por ambas partes, es garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional”, agregó.
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