NACIONES UNIDAS – La Asamblea General de las Naciones Unidas concedió este viernes 10 más derechos a Palestina para su participación en los asuntos de la organización, sin que ese Estado haya podido aún adquirir el estatus de miembro de pleno derecho.
La decisión fue adoptada en una resolución relativa al estatuto del Estado observador de Palestina en la ONU, que fue aprobada por una amplia mayoría de 143 votos a favor, 25 abstenciones y nueve en contra.
Votaron en contra Israel y su principal aliado, Estados Unidos; Argentina, la República Checa, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau y Papúa Nueva Guinea.
La resolución sigue al veto emitido por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU el 18 de abril, que bloqueó la admisión de Palestina como Estado miembro de pleno derecho.
Tras la decisión de la Asamblea General, el embajador palestino, Ryan Mansour, dijo que este era “un voto a favor de la existencia de Palestina. Por eso el gobierno israelí se opone tanto, porque se opone totalmente a nuestra independencia y a la solución de los dos Estados”.
El embajador de Israel, Gilad Erdan, sostuvo que el texto concede “derechos y privilegios al futuro Estado terrorista de Hamás”, la milicia islamista que el ejército israelí busca destruir, y sacó una pequeña trituradora de papel en la que metió una copia de la carta de la ONU, acusando a los Estados miembros de destruirla.
La resolución aprobada hoy enumera cambios significativos en el estatus del Estado de Palestina en las reuniones y conferencias de la Asamblea General, incluido su orden en la lista de oradores y la disposición de los asientos.
También “recomienda” al Consejo de Seguridad que reconsidere favorablemente la cuestión de la adhesión de Palestina, de conformidad con el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 1948.
Estos nuevos derechos no sólo tienen una importancia simbólica, sino que señalan un cambio en el peso diplomático de Palestina dentro de todo el sistema de la ONU, pero la Asamblea no pudo concederle la condición de miembro pleno, ya que para ello es necesaria una recomendación del Consejo de Seguridad.
Entre otros derechos, la resolución concede a Palestina el de ocupar un puesto entre los Estados miembros por orden alfabético, inscribirse en la lista de oradores en relación con los puntos del orden del día distintos de las cuestiones palestinas y de Oriente Próximo, y el de hacer declaraciones en nombre de un grupo.
Podrá presentar propuestas y enmiendas, e introducirlas, incluso oralmente, también en nombre de un grupo.
Los miembros de la delegación palestina tendrán derecho a ser miembros de la Mesa del Pleno y de las Comisiones Principales de la Asamblea General.
Podrán participar plena y efectivamente en las conferencias de las Naciones Unidas y en las conferencias y reuniones internacionales convocadas bajo los auspicios de la Asamblea General o, según proceda, bajo los auspicios de otros órganos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, como Estado observador, Palestina no tiene derecho a voto en la Asamblea General ni a presentar su candidatura a órganos de la ONU como el Consejo de Seguridad o el Consejo Económico y Social.
Los nuevos derechos se harán realidad a partir del inicio del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General, que comienza a mediados de septiembre de este año.
Ahora toda la cuestión del estatus de Palestina volverá al Consejo de Seguridad para un nuevo examen, donde es probable que cualquier esfuerzo por conseguir la plena adhesión sea bloqueado de nuevo por un miembro permanente, Estados Unidos, pese a la opinión mayoritaria de los miembros de la Asamblea General sobre la crisis.
Sobre el terreno, en la palestina Franja de Gaza, escenario de la ofensiva militar de Israel sobre la milicia Hamás, proseguía el éxodo masivo de palestinos –más de 30 000 cada día- desde la sitiada ciudad de Rafah, en el extremo sur del territorio y único punto de ingreso de ayuda humanitaria desde Egipto.
Las agencias humanitarias de las Naciones Unidas han advertido sobre un agravamiento de las condiciones de sobrevivencia para la población de la Franja, cerca de 2,3 millones de personas, si se mantiene bloqueado el acceso de combustible, alimentos, medicinas y otros bienes por el paso de Rafah.
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