BERLÍN – La semana pasada, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de detención para tres líderes de Hamás y para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant. Se los acusa de varios crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero, ¿qué significa esto y qué pasa ahora?
Este es un paso muy significativo en el procesamiento de líderes políticos y militares por graves crímenes contra la humanidad. Desde hace un tiempo, la oficina del fiscal jefe de la CPI también lleva a cabo investigaciones en Israel y en Gaza con ayuda externa de expertos en derecho internacional altamente calificados.
Brenda J. Hollis, una abogada estadounidense excepcional y con una extensa experiencia en temas militares, lidera las investigaciones en la oficina del fiscal jefe. Y en este caso, está tan calificada como lo estaba en la investigación contra (el presidente ruso) Vladimir Putin, que también derivó en la emisión de una orden de detención por parte de la Corte.
El fiscal jefe le reenvió los resultados de su investigación a la sala de Cuestiones Preliminares competente de la CPI. El personal asignado cuenta con jueces que examinan minuciosamente toda la evidencia recibida, y después evalúan de manera completamente independiente y apegados al derecho penal, antes de decidir si emiten una orden de detención o no.
Por lo tanto, es el mismo procedimiento que se utilizó en el caso del presidente ruso. Pero, ¿por qué es necesaria la CPI? ¿Los posibles juicios no son responsabilidad del poder judicial israelí?
Por supuesto, debe aclararse la jurisdicción de la CPI. En este caso, esto incluye si -de confirmarse las terribles acusaciones de los crímenes- el primer ministro israelí y su ministro de Defensa también serían acusados ante los tribunales israelíes y condenados por ellos. Esto no está del todo descartado, a pesar de los intentos de Netanyahu de reforzar su poder político debilitando el poder judicial.
Todos recordamos las grandes manifestaciones de los valientes ciudadanos israelíes contra esos planes. Todavía la “lucha por que impere el derecho y por la separación de poderes” en Israel no se ha terminado. Todo esto lo tendrán que reconocer y evaluar los jueces de la cámara judicial preliminar competente.
El pedido del fiscal jefe concierne tanto a los líderes de Hamás como a los de Israel. ¿Esto no conlleva una ecuación inapropiada entre aquellos que son miembros de una lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y representantes elegidos de un gobierno democrático?
El reclamo de equivalencia es una acusación errónea y política — la CPI no trata asuntos políticos. Es una cuestión verificable del derecho internacional. Todo el mundo – incluyendo declaraciones gubernamentales – deberían tomar esto en cuenta, a menos que quieran debilitar a la Corte.
Por supuesto que el fiscal jefe emitió distintas solicitudes con varias justificaciones relativas a diferentes hechos y acusaciones. En esas solicitudes, no hay una equivalencia legal reconocible entre los líderes de Hamás, es decir, un grupo terrorista organizado y no estatal, y los funcionarios elegidos de Israel.
Algunos analistas evidentemente parten de la idea de que los crímenes más atroces contra la humanidad solo pueden cometerlos terroristas y no funcionarios elegidos democráticamente. Desafortunadamente, hay numerosos ejemplos en el pasado reciente que demuestran que ese no es el caso.
Con el reconocimiento de la CPI por parte de Alemania, en teoría, Netanyahu y Galant deberían ser detenidos al ingresar a este país si se los condena. ¿Qué tan realista parece esto?
Cualquier individuo buscado por la CPI con una orden debe ser detenido si entra en un Estado miembro, porque el Estatuto de Roma claramente estipula que las órdenes de detención deben ser ejecutadas por los Estados miembros. Por supuesto, no a todos los gobiernos, que tienen su propia agenda política, les agrada eso.
Como todos sabemos, la crítica hacia la CPI por parte de China con respecto a la orden de detención contra Putin, y su reclamo de impunidad con el argumento de que es un funcionario público, fue recibida con asombro. Pero no puede otorgarse un estatus especial a los funcionarios públicos.
El Estatuto de Roma descarta esto y nosotros en Alemania – así como en alrededor de las dos terceras partes de los Estados miembros de la ONU – deberíamos reconocer y apoyar con razón a una CPI independiente.
Como democracia constitucional, también deberíamos estar alertas a la doble moral. Por el contrario, deberíamos ayudar a disipar las sospechas con respecto a las calificaciones, la integridad y la independencia de la CPI, del fiscal jefe y de los jueces, alimentadas por intereses políticos.
La CPI ha demostrado con frecuencia su alto nivel de calificación y que es necesaria. Es exasperante que Estados Unidos y Rusia, pero también China e India, entre otros, vean a la CPI como “una Corte para otros pero no para ellos mismos”.
Esto debilita el derecho internacional, derecho en el cual confiamos los alemanes. Como es bien sabido, la CPI ya ha reconocido su jurisdicción en el procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Palestina y Gaza en 2021 tras múltiples resoluciones y recomendaciones hechas por la Asamblea General de la ONU.
La CPI se basa en el Estatuto de Roma, de 1998, adoptado a pesar de la inmensa presión de Estados Unidos. ¿Qué impacto tendría en el sistema legal internacional un descuido en los procedimientos por parte de Alemania y de otros países signatarios?
En efecto, es una gran decepción e incluso una gran molestia que países como Estados Unidos eludan su adhesión y se enfrenten a la CPI, sobre todo siendo que hay muy buenos abogados estadounidenses trabajando en la oficina del fiscal jefe.
Quiero repetir lo siguiente: reforzar el derecho internacional y apoyar a la CPI son dos cosas que van de la mano. En Alemania, no solo ratificamos el Estatuto de Roma, sino que también creamos el Código Penal Internacional alemán, que hoy, de conformidad con el Estatuto de Roma, releva a la CPI en los procedimientos apropiados. Confiamos en el derecho internacional y debemos seguir haciéndolo. Y ese apoyo debe demostrarse una y otra vez.
La lucha contra los graves crímenes contra la humanidad es más importante hoy en día de lo que fue jamás. También es hora de determinar la prohibición de una guerra agresiva contra la jurisdicción de la CPI en su totalidad, aun cuando “solo” el estado invadido sea miembro de la Corte y no el estado agresor.
Fuente: International Politics and Society IPS-Journal, publicado por la Unidad de Análisis Político Internacional de la Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastrasse 28, D-10785 Berlín.
