HASSAKE, Siria – Rozena, una mujer de 31 años originaria de Guyana, insiste en que viajó a Turquía en 2015 para unirse a una oenegé que ayudaba a los refugiados sirios. Eso es todo lo que dice cuando se le pregunta cómo y por qué acabó viviendo en el llamado “Estado Islámico” durante cuatro años.
IPS habló con ella en Roj, uno de los campamento-prisión donde ha pasado los últimos cinco años con sus dos hijos. Situado a 780 kilómetros al noreste de Damasco, alberga a unas 3000 personas con presuntos vínculos con el Estado Islámico de Iraq y el Levante (EI).
Este grupo yihadista transnacional logró establecer un cuasi-Estado no reconocido. A finales de 2015, el autoproclamado califato gobernaba una zona con una población estimada de 12 millones de personas entre Iraq y Siria, viviendo bajo una interpretación extrema de la ley islámica.
Tras un intenso conflicto, principalmente contra fuerzas kurdas respaldadas por Washington, el EI perdió todos sus territorios de Medio Oriente en la primavera de 2019. Rozena y sus dos hijos fueron capturados en Baghouz, la última localidad bajo control islamista en caer, en el límite de Siria con Iraq.
Desde entonces, una tienda de campaña donde se guardan algunos juguetes y libros en un rincón separado ha sido lo más parecido a un hogar para ella y sus hijos. «Esto no es una infancia para ellos», lamenta Rozena. «Les falta lo más básico: desde aire fresco hasta agua limpia, sin olvidar una escuela adecuada…», detalla.
“Si no ayudamos a estos niños, no puedo imaginar cómo será su vida en el futuro. Y esto no es solo responsabilidad de la administración kurda”: Natascha Rée Mikkelsen.
Algunos, sin embargo, han logrado escapar del campo desde que se estableció. “Conozco gente que ha pagado hasta 15 000 dólares, pero yo no tengo esa cantidad. Mi única posibilidad de salir de este lugar con mis dos hijos es ser repatriada”, asegura la prisionera.
Pero Guyana es uno de los países que hasta ahora se niega a repatriar a sus nacionales. Rozena dice que lo ha intentado “absolutamente todo” con su gobierno, pero que no ha habido reacción. “Mis hijos no son una amenaza, ni tampoco yo”, subraya.
Uno de sus mayores temores es que los pequeños se radicalicen dentro del campo. “La mitad de la gente aquí todavía suscribe la ideología radical del EI. Puedo enseñarles a mis hijos lo mejor que pueda, pero ellos aprenderán otras cosas jugando con otros niños”, explica la cautiva.
Radicalización
Aunque algunos ciudadanos sirios han sido juzgados en el noreste de Siria por presuntos vínculos con el EI, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (Aanes) carece de reconocimiento internacional y, por lo tanto, no puede procesar a ciudadanos extranjeros.
Según cifras proporcionadas a IPS por la Aanes, más de 31 000 niños de familias alguna vez vinculadas con el EI siguen bajo su custodia. Muchos nacen de matrimonios forzados o violaciones. La mayoría de ellos languidecen en el mayor campamento para cautivos del EI en Siria, el Al Hol, situado en las cercanías de la localidad de Hassake
A 655 kilómetros al noreste de Damasco, es una vasta zona para miles de tiendas de campaña improvisadas azotadas por las incesantes lluvias durante el invierno y el sol abrasador del verano.
En conversación con IPS, la directora del campamento de Al Hol, Jihan Hanan asegura que hay personas de 50 nacionalidades diferentes. Son los niños los que suponen una de las mayores preocupaciones.
“Solo tenemos dos escuelas pero no todos los niños asisten a estos centros, especialmente los de 12 a 18 años. Son los más vulnerables aquí en el campo, dado que muchas mujeres radicalizadas intentan lavarles el cerebro”, explica Hanan.
También recuerda «ataques mortales» en el pasado. “Tuvimos que realizar operaciones especiales de seguridad. Hoy los incidentes se limitan a robos y amenazas y también tienen como objetivo a las oenegés”, añade la funcionaria.
Según dice, son las células durmientes del EI dentro del campo las que representan la mayor amenaza. “Son los grupos más peligrosos y siempre se acercan a los niños para reclutarlos”, advierte.
Un hogar de verdad
La repatriación a sus países de origen parece ser la única salida para muchos. Fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos apuntan a más de 3500 repatriados a 14 países hasta 2023. Sigue siendo una cifra muy tímida porque no llega a 10 % del total de prisioneros.
Un estudio conducido en 2022 por Human Rights Watch recogía las experiencias de más de 100 niños repatriados. La mayoría de ellos asistían a la escuela y muchos destacaban en sus estudios. De los encuestados, 82 % describieron el bienestar emocional y psicológico del niño como «muy bueno» o «bastante bueno».
«A pesar de las terribles experiencias que sobrevivieron tanto bajo el EI como posteriormente en cautiverio en los campos del noreste de Siria, muchos se están integrando con éxito en sus nuevas comunidades», concluía el informe.
Suecia es uno de los países que había repatriado a la mayoría de sus ciudadanos para entonces. Pero las políticas cambiaron después de que un partido aliado con la extrema derecha entrara en el gobierno tras las elecciones de septiembre de 2022.
«Estas personas eligieron ir allí para unirse al EI, una de las organizaciones terroristas más crueles que hemos conocido, por lo que Suecia y el gobierno sueco no tienen la obligación de actuar para que regresen a casa», dijo el ministro sueco de Asuntos Exteriores, Tobias Billström, en una entrevista con la televisión sueca TV4 el 13 de marzo.
No todo el mundo está de acuerdo. Repatriate the Childern (RTC) es una oenegé sueca que trabaja para enviar a los niños a casa. «Dejar a estos niños allí y no repatriarlos es una decisión puramente política», explica a IPS por teléfono desde la capital danesa de Copenhague la cofundadora y portavoz de RTC, Natascha Rée Mikkelsen.
“Ya han experimentado cosas que ningún niño debería ver, como la guerra, la inseguridad, la falta de acceso a una educación o una atención sanitaria adecuadas. Al dejarlos abandonados en este entorno, el riesgo de formar parte de la ideología del EI sigue siendo alto”, añade Mikkelsen.
“Si no ayudamos a estos niños, no puedo imaginar cómo será su vida en el futuro. Y esto no es solo responsabilidad de la administración kurda”, subraya, antes de calificar los constantes ataques aéreos turcos como “uno de los principales factores desestabilizadores de la región”.
La Aanes ha afirmado repetidamente que carece de recursos para atender a estos miles de familias. Altos funcionarios de las Naciones Unidas también han pedido a los gobiernos que repatrien a sus ciudadanos de los campos.
«Todos los países deben cuidar de sus ciudadanos, especialmente de las mujeres y los niños», traslada a IPS, por teléfono y desde Bruselas, Abdulkarim Omar, representante de la Aanes en Europa.
“Creemos que va a ser un proceso largo, por eso instamos a los países a que nos ayuden, especialmente a sus ciudadanos”, añade el responsable kurdo, quien también destaca la necesidad de mejorar las condiciones de los prisioneros bajo custodia kurda.
Preguntado sobre la posibilidad de que el mundo exterior haga oídos sordos, Omar se muestra tajante: “Si no se toman medidas en el corto plazo, pronto nos enfrentaremos a toda una nueva generación de terroristas que serán una amenaza para todo el mundo”.
ED: EG