ABUJA – Lilian Eze aún se estremece cuando recuerda los frecuentes ataques de secuestradores en la ciudad de Kaduna, en el centro-norte de Nigeria, donde vivía. En febrero de 2022, huyó con sus hijos a Abuja, la capital del país, para tener más garantías de seguridad.
En una entrevista con IPS, explicó que por las noches los secuestradores invadían su antigua localidad a pie y con una horda de motocicletas, con poca o ninguna resistencia de las agencias de seguridad.
Disparaban indiscriminadamente al aire, infundiendo miedo entre los residentes, antes de llevarse por la fuerza a sus víctimas a zonas remotas del bosque, donde las mantenían cautivas hasta el pago del rescate. Pero no todas las víctimas logran salir con vida.
«Cuando empezó, en torno a 2017, pensamos que remitiría, pero se hizo extremadamente frecuente. Los disparos eran aterradores; la mayoría de las noches no podíamos dormir. Después de que secuestraran a mi vecino, dejé de dormir en mi casa. Mis hijos y yo nos íbamos a una localidad cercana a pasar la noche», explicó Eze.
Este país de África occidental y el más poblado del continente, con unos 223 millones de personas, sufre actualmente una crisis generalizada de secuestros con fines de obtener rescate. Sufre una de las mayores tasas del mundo en este delito. Hombres armados secuestran a sus víctimas en carreteras, escuelas e incluso en sus casas.
Según un informe de la consultora de riesgos SBM Intelligence, con sede en la ciudad de Lagos, entre julio de 2022 y junio de 2023, fueron secuestradas 3495 personas en 582 incidentes, y se pagaron más de 18 millones de dólares como rescate entre 2011 y 2020.
La Unidad de Inteligencia Financiera nigeriana afirma que el secuestro extorsivo es una de las principales fuentes de financiación del terrorismo en el país. A pesar de varias promesas del gobierno para poner fin a la crisis, esta ha seguido enconándose.
Aunque se ha tipificado como delito el pago de rescate, a los nigerianos no les queda más remedio que recurrir a la microfinanciación -también conocido como crowdfunding-, para conseguir la liberación de sus familiares y allegados, ya que en la mayoría de los casos los secuestradores no liberan a sus víctimas hasta que se paga el rescate.
Atrapados en la guarida de los secuestradores
Mientras que Eze y su familia tuvieron suerte de escapar a un lugar relativamente más seguro, otros no han tenido tanta suerte.
Joshua Peter, de 30 años, junto con su amigo Salama Ogboshun, fueron secuestrados el año pasado cuando se dirigían a su granja en el estado de Kaduna, en que la ciudad homónima es su capital.
Contó que hombres fuertemente armados les tendieron una emboscada y los metieron detrás de unos arbustos, desde donde los llevaron a un bosque. Añadió que es posible que el trauma de su experiencia en el bosque nunca desaparezca.
«Muchas víctimas secuestradas fueron asesinadas ante mis ojos. A menudo violaban a mujeres y niñas al aire libre. Me golpeaban y me amenazaban de muerte todos los días», dijo.
Peter relató que fue liberado al cabo de dos semanas tras el pago del rescate, pero que durante días solo pudo comer un poco y no habló con nadie como consecuencia del trauma con el que luchó. Se preguntó por qué las fuerzas de seguridad nigerianas fueron incapaces de rescatarlos y rastrear la ubicación de los secuestradores a pesar de las las largas negociaciones por teléfono para su liberación.
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Los nigerianos han expresado con frecuencia su preocupación por la eficacia de los servicios de inteligencia del país y han criticado las deficiencias percibidas en los distintos organismos de seguridad a la hora de emplear la tecnología para hacer frente a la inseguridad.
Los críticos sostienen que, a pesar de que los organismos de seguridad vigilan y reprimen eficazmente las actividades de la oposición, se han quedado cortos a la hora de localizar a los delincuentes. La policía atribuye los retrasos en la resolución de los casos de secuestro a la «escasez de aparatos rastreadores».
La deficiente infraestructura tecnológica de Nigeria
Para Sadiq Abdulahi, experto en tecnología de Fozy Global Concept, con sede en Abuja, la escasa colaboración entre los organismos de seguridad dificulta la lucha contra la inseguridad.
«Debería haber sinergia entre los distintos organismos de seguridad en lo que respecta al intercambio de datos», añadió, haciendo hincapié en la falta de concienciación sobre el uso potencial de la tecnología para combatir la delincuencia en el país.
En 2022, el gobierno nigeriano ordenó a los residentes en el país que sincronizaran sus módulos de identificación de abonado (SIM) con sus números de identificación nacional (NIN) para reforzar la seguridad.
Sin embargo, a pesar de esta política, los secuestradores siguen realizando llamadas imposibles de rastrear a las familias de sus víctimas.
Isa Pantami, el exministro de Comunicaciones y Economía Digital que encabezó la iniciativa, se enfrentó a críticas por buscar fondos para pagar el rescate de algunas víctimas secuestradas a principios de este año. Sin embargo, Pantami echó la culpa a las agencias de seguridad, acusándolas de no utilizar eficazmente la política para localizar a los delincuentes.
Zainab Dabo, analista política nigeriana, sostiene que la falta de compromiso y voluntad política del gobierno está contribuyendo a la crisis. Según ella, las fuerzas de seguridad nigerianas no están suficientemente equipadas para hacer frente a los delincuentes no estatales.
«Los agentes de seguridad tienen armas que no son tan sofisticadas como las de los secuestradores. Aunque nuestras fuerzas de seguridad están bien entrenadas, la falta de armamento adecuado convierte el enfrentamiento con los terroristas en una misión peligrosa», dijo a IPS.
Dabo también denunció que hay personas dentro de la infraestructura de seguridad nigeriana que están ayudando a los terroristas. «Para que la inseguridad persista durante tanto tiempo, indica la connivencia de las élites, no sólo entre los agentes de seguridad, sino también entre los políticos y los gobernantes tradicionales», añadió.
Joshua Madaki, otro residente en Kaduna secuestrado en su casa por bandas armadas la noche del 21 de diciembre de 2021, comparte la misma opinión que Dabo.
Pasó 17 días en cautividad, tras haber sido secuestrado con otras 36 personas de su comunidad. Reveló que, mientras se negociaba el rescate, los delincuentes mataron a seis de las víctimas como advertencia a sus familias.
«La inseguridad en Nigeria es muy complicada, pero parece que el gobierno no está dispuesto a tomar medidas para atajarla», declaró Badasi Bello, cuya hermana menor fue secuestrada en el estado de Sokoto, en el noroeste del país, en 2023.
Amnistía Internacional (AI) ha aconsejado al gobierno nigeriano que considere la crisis de los secuestros en el país como una emergencia y tome medidas para resolver el problema.
Sin embargo, los secuestros continúan, incluido el secuestro masivo de escolares. El 7 de marzo, 287 niños fueron secuestrados en dos escuelas del estado de Kaduna.
Cristian Munduate, representante en Nigeria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), declaró en un comunicado que el acto formaba «parte de una preocupante tendencia de ataques contra instituciones educativas en Nigeria, especialmente en el noroeste, donde los grupos armados han intensificado su campaña de violencia y secuestros».
Posteriormente, el 10 de marzo, 15 alumnos fueron secuestrados en el seminario islámico de Gidan Bakuso, estado de Sokoto, mientras dormían, según revelaron medios internacionales.
Munduate dijo que Unicef estaba coordinándose con las autoridades locales y ayudando a los padres y a las familias con servicios de apoyo psicológico.
«Todos los niños merecen crecer en un entorno de paz, lejos de las sombras amenazadoras y de la inseguridad. Lamentablemente, en la actualidad nos enfrentamos a un deterioro significativo de la seguridad de la comunidad, y los niños sufren de forma desproporcionada las consecuencias de este deterioro de la seguridad», concluyó Munduate.
T: MF / ED: EG
