ABUJA – Un día de octubre de 2020, Serah Akpan, de 70 años, estaba sentada en su casa en el pueblo de Boki, en el estado de Cross River, al sur de Nigeria, cuando escuchó murmullos de jóvenes iracundos afuera. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, habían irrumpido en su casa, la habían sacado fuera y la habían amenazado de muerte por ser, supuestamente, una bruja.
«Empezaron a cortarme con un machete. Yo sangraba y lloraba, pero a nadie le importaba. Me hicieron un corte tan profundo en la pierna que, incluso ahora, no puedo caminar sola», cuenta.
Momentos después, formaba parte de un grupo de nueve personas que fueron acusadas de brujería y arrojadas a un feroz infierno de llamas, destinado a acabar con sus vidas de forma horrible.
Ella y dos más sobrevivieron tras su rescate por algunos samaritanos y se las llevó al hospital. Las otras víctimas fueron quemadas vivas y quedaron irreconocibles. Ahora, la vida le resulta difícil, porque las heridas que sufrió le impiden caminar y depende de sus hijos.
La «caza de brujas» prospera en África
La caza de brujas es un grave problema en toda África. En Nigeria, son frecuentes graves actos de violencia y abusos contra ancianas acusadas de brujería, sobre todo en el sur de este país occidental del continente, donde una versión extremista del cristianismo se ha fusionado con anacrónicas creencias nativas.
Las mujeres ancianas o discapacitadas que son tachadas de brujas por gente de las localidades donde viven, por causas de lo más futiles, suelen ser objeto de destierro y aislamiento. En muchos casos, también corren el riesgo de sufrir linchamientos u otras horribles formas de brutalidad.
Esta inquietante tendencia cobró fuerza en la década de los años 90 en muchos lugares del continente, en parte por la influencia de populares películas y por autoproclamados profetas oportunistas que aprovechaban los miedos y la mentalidad anacrónica de la gente para obtener beneficios económicos.
Esto sigue siendo un obstáculo para alcanzar los objetivos establecidos en la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, firmada en diciembre de 1993.
La persecución de ancianas por suponerlas brujas se entronca en la violencia contra las mujeres, que está muy extendida en países como Nigeria, el más poblado de África, hasta el punto de que la ONU describió en 2020 como una «pandemia dentro de una pandemia» a los ataques contra las adultas mayores por ejercer supuestamente la brujería.
De 2020 a 2022, se registraron 7349 casos de violencia de género en el país, aunque resulta una cifra muy inferior a la real, dado que muchas víctimas no denuncian o sus casos no se incluyen en la lista de mujeres agredidas en cualquier forma por ser mujeres.
El gobierno hace la vista gorda
Antes de abandonar el poder en 2017, Yahya Jammeh, presidente de Gambia durante sus 22 años, tachó de brujas a varias mujeres, que por esa acusación sufrieron torturas físicas.
En septiembre de 2022, la policía nigeriana irrumpió en un seminario sobre «persecución de brujas» en el estado de Benue y expulsó a los participantes.
Los expertos sostienen que la mayoría de los gobiernos del continente son incluso parte del problema.
«El Estado es débil. Cuando llevamos este asunto a la policía, no cogen nuestras llamadas porque creen que les molestamos. Debido a su búsqueda de votos y popularidad, el gobierno no quiere ir en contra de las creencias populares», argumentó Leo Igwe, fundador de la organización Defensa de las Presuntas Brujas.
Del mismo modo, otros gobiernos de África han sido incapaces de poner fin a esta violencia de género de marcar y estigmatizar como brujas en sus comunidades. Esta es una de las muchas causas por lo que alcanzar en 2030 el 5 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), el de la igualdad de género, parece ya incumplible para África.
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Según Roslyn Mould, defensora de los derechos humanos en Ghana, otro país de África occidental, «la marcación como brujas se deriva del mal uso de las creencias culturales y se ha convertido en algo muy perjudicial para los más vulnerables, entre los que se incluyen las mujeres mayores de la sociedad».
«Ghana es uno de los países de África que tiene campos de brujas creados para personas que han sido desterradas de su comunidad. Esto nos perjudica internacionalmente, sobre todo en lo que respecta al trato que damos a nuestras mujeres y madres. Esta práctica niega a las mujeres sus derechos», denunció.
Subrayó que la solución determinante no es cerrar los campos, sino poner fin a las acusaciones. Los funcionarios del gobierno empatizan con el problema en muchos casos, pero no investigan sobre el terreno ni colaboran con las oenegés que tratan de revertir esta violencia.
«Para cambiar las cosas, es fundamental trabajar con los líderes tradicionales. Incluso cuando son declarados inocentes, se enfrentan a un estigma social persistente. Sus derechos básicos, como la libertad, la atención sanitaria y una alimentación adecuada, se ven a menudo comprometidos», afirmó Mould.
«Hay que señalar que casi todas las acusaciones, aproximadamente el 99 %, van dirigidas contra mujeres, por lo que se trata de un problema acuciante de derechos de la mujer, y la mayoría de las acusaciones proceden del entorno», añadió.
Un foco de esperanza en la oscuridad
En Malaui, los asesinatos por brujería siguen aumentando. El Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación informa de que, desde 2019, las turbas han asesinado ilegalmente al menos a 75 personas sospechosas de practicar la brujería en el país.
Aunque la Sección 210 de la Ley del Código Penal de Nigeria prescribe una pena de dos años de prisión por acusar a alguien de brujería o participar en actividades relacionadas como fabricar, vender o usar amuletos y participar en prácticas ilegales, la aplicación real de esta ley ha sido inconsistente.
Pero Ghana está dando un paso adelante para contrarrestar el problema, a pesar de las dificultades.
En 2022, tras el linchamiento de una anciana de 90 años en julio dos años antes, el parlamento ghanés aprobó un proyecto de ley que penaliza la práctica de acusaciones de brujería. La norma prohíbe declarar, acusar o etiquetar a otra persona como bruja, así como toda estigmatización al respecto.
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