NACIONES UNIDAS – En tiempos pasados, las ejecuciones públicas de presos condenados eran comunes en ciertas partes de Estados Unidos, donde la pena de muerte, en su mayoría con inyecciones letales, sigue vigente en la actualidad, pese a ser una práctica condenada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la primera mitad del siglo XX, los ahorcamientos estaban abiertos al público y a los medios de comunicación.
Cuando un preso estaba a punto de ser ahorcado en el sureño estado de Luisiana en la década de los 50, según se asegura, el sheriff hizo la pregunta de rigor: «¿Alguna última palabra?» «No», replicó el condenado.
Pero el gobernador del estado, que también estaba presente en la ejecución, quiso sacar tajada política de su política de «mano dura contra el crimen» e intervino: «¿Puedo aprovechar su tiempo para pronunciar un discurso?», preguntó al preso.
«Cuélgame primero», replicó el condenado, «haz tu discurso después».
Aunque la moraleja de la historia es que algunas personas prefieren morir antes que escuchar las tonterías de un político, también señala el hecho de que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo occidental que ha seguido aplicando la pena capital con venganza.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) se declaró «alarmada» por la inminente ejecución en Estados Unidos de Kenneth Eugene Smith, mediante el uso de un método nuevo y no probado, la asfixia con gas nitrógeno, que podría equivaler a tortura u otros tratos contrarios a la legislación internacional sobre derechos humanos.
En una declaración el 16 de enero, la portavoz de Acnudh, Ravina Shamdasani, reclamó que las autoridades del estado de Alabama detengan la ejecución de Smith, prevista para los días 25 y 26 de enero, y “que se abstengan de tomar medidas de este tipo para realizar otras ejecuciones».
En Estados Unidos nunca se ha utilizado gas nitrógeno para ejecutar a seres humanos, recordó.
«La Asociación Americana de Medicina Veterinaria recomienda administrar un sedante incluso a los animales grandes cuando se les aplica la eutanasia de esta manera, mientras que el protocolo de Alabama para la ejecución mediante asfixia con nitrógeno no prevé la sedación de seres humanos antes de la ejecución», dijo Shamdasani.
El protocolo, según Acnudh, también hace referencia a la administración del gas inodoro e incoloro durante un máximo de 15 minutos. Smith también ha alegado, con pruebas periciales, que dicha ejecución por asfixia gaseosa, en su caso, entraña un riesgo especial de dolor y sufrimiento.
Según un reportaje de la cadena de televisión por cable CNN del 21 de enero, está previsto que Alabama lleve a cabo la primera ejecución del país por hipoxia de nitrógeno, como alternativa a la inyección letal.
La ejecución por inyección letal de Kenneth Eugene Smith se suspendió abruptamente en noviembre después de que el Estado no pudiera colocar correctamente la vía intravenosa antes de que expirara la orden de ejecución.
Smith pidió al Estado morir por gas nitrógeno en lugar de por inyección letal, tras lo que calificó de ejecución chapucera, según la CNN.
La muerte por hipoxia de nitrógeno priva al cerebro y al cuerpo de oxígeno, por lo que el recluso moriría por asfixia, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Dpic, en inglés), una organización sin ánimo de lucro que supervisa, analiza y difunde información sobre la pena capital.
Smith fue condenado junto con un cómplice por el asesinato en 1988 de Elizabeth Dorlene Sennett en una trama de asesinato por encargo.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
La pena de muerte existe en Estados Unidos desde la época colonial y su historia está entrelazada con la esclavitud, la segregación y los movimientos de reforma social, según el Dpic.
La Acnudh dijo que “estamos alarmados” porque la ejecución de Smith de esta manera “podría constituir una tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes según el derecho internacional de los derechos humanos».
Se trata de derechos recogidos en dos tratados internacionales de derechos humanos por los que Estados Unidos está obligado: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Comité de Derechos Humanos, órgano de la ONU encargado de vigilar la aplicación del Pacto, también ha criticado el uso de la asfixia por gas como método de ejecución, la utilización de métodos no probados, así como la ampliación del uso de la pena de muerte en los Estados que siguen aplicándola.
“La pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental a la vida. No hay pruebas de que disuada de delinquir y crea un riesgo inaceptable de ejecutar a inocentes. En lugar de inventar nuevas formas de aplicar la pena capital, instamos a todos los Estados a que establezcan una moratoria sobre su uso, como paso hacia la abolición universal”, expresó el Comité en un comunicado.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 1582 hombres y mujeres han sido ejecutados en Estados Unidos desde la década de 1970, aunque las ejecuciones han disminuido significativamente en las dos últimas décadas. La mayoría de las ejecuciones se han concentrado en unos pocos estados y en un pequeño número de condados minoritarios.
En octubre último, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, y la relatora especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards, reiteraron su llamamiento a la abolición total de la pena de muerte.
Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirma que la pena de muerte vulnera los derechos humanos, en particular el derecho a la vida y el derecho a vivir sin tortura ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Ambos derechos están protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1948.
En 2022, los cinco países con mayor número de personas ejecutadas fueron, en orden descendente: China, Irán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos.
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