Un equipo de limpieza en una playa en Cavero, en Perú, una de las 21 afectadas por el vertido de petróleo de Repsol en 2022. La tipificación como delito de ecocidio resolvería una laguna jurídica en el derecho ambiental, ya que la responsabilidad jurídica suele depender únicamente de los daños causados a las personas o a la propiedad privada o pública. Imagen: Musuk Nolte / Greenpeace
