LONDRES – Recientemente se ha informado de que los dos principales protagonistas del actual conflicto en Sudán, los líderes de las fuerzas armadas y las milicias en guerra desde abril, han acordado mantener conversaciones cara a cara.
La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, en inglés), un organismo de África oriental, anunció el posible avance, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán ha afirmado desde entonces que la declaración de la IGAD es inexacta, lo que crea más incertidumbre.
No cabe duda de que urge poner fin a la violencia. El conflicto ha creado una crisis humanitaria y de derechos humanos.
Pero los dos líderes implicados, Abdel Fattah al Burhan, de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y jefe de la junta militar del país, y Mohamad Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti, de la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), han aportado numerosas pruebas para dudar de que estén realmente interesados en la paz o en rendir cuentas por las atrocidades cometidas.
Crímenes contra los derechos humanos en todos los bandos
Al Burhan y Hemeti fueron socios en el golpe de Estado de octubre de 2021 que derrocó al gobierno civil que siguió a la revolución de 2019. Su conflicto comenzó en un momento decisivo para un supuesto retorno al gobierno civil y en medio de un plan para absorber a las FAS y las FAR.
Más que nada, parece ser una batalla personal por el poder entre los dos líderes.
El conflicto se desarrolló inicialmente en las calles de la capital, Jartum, y de su ciudad vecina, Omdurman. Desde entonces se ha extendido a otras regiones. Hay otros grupos rebeldes activos, algunos actuando independientemente de las dos fuerzas principales.
Todos los bandos atacan a civiles, y hay pruebas claras de que se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Más de 12 190 personas han muerto desde el comienzo del conflicto. La ONU también calcula que 6,6 millones de personas han sido desplazadas, la cifra más alta de desplazados internos del mundo.
El conflicto se ha trasladado a Darfur, escenario de un genocidio contra grupos étnicos locales cometido por las FARF y otras milicias árabes y que comenzó en 2003. Veinte años después, se vuelve a asesinar a personas únicamente por su origen étnico. La milicia controla ahora gran parte de la región.
En noviembre, en respuesta a la limpieza étnica llevada a cabo por las FAR, las principales milicias de Darfur se unieron a las FAS, lo que supuso una nueva escalada del conflicto.
El caos del conflicto ha provocado un brote de cólera, el colapso del sistema sanitario y los ataques al personal médico. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido recientemente del agravamiento de la crisis del hambre.
En Chad, un país de bajos ingresos que contaba con cerca de un millón de desplazados antes de que comenzara el conflicto, los centros de refugiados tienen dificultades para acoger a los que llegan de Sudán y la gente vive hacinada y en condiciones insalubres, expuesta a una inseguridad continua.
Los trabajadores humanitarios están en el punto de mira.
Este mes de diciembre, dos personas murieron en un ataque contra un convoy de la Cruz Roja en Jartum. Los periodistas también están en el punto de mira, lo que dificulta la obtención de noticias precisas e independientes sobre el terreno. En Jartum, la RSF ha convertido edificios de medios de comunicación en centros de detención.
Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha sido totalmente inadecuada. Recientemente, la ONU anunció que solo había recibido 38,6 % de los 2600 millones de dólares necesarios para la respuesta humanitaria en 2023. Solo ha podido ayudar a una parte de los necesitados.
También a principios de diciembre se puso fin al mandato de la Misión Integrada de Asistencia de la ONU en Sudán a petición del gobierno dirigido por las Fuerzas Armadas Sudanesas. Su misión había sido apoyar una transición democrática. La medida fue una señal preocupante de que el gobierno quiere menos supervisión internacional, en lugar de más.
Una historia de ilusiones
Con otros conflictos dominando los titulares globales -primero Ucrania, ahora Gaza- el mundo no está prestando atención al que acontece en Sudán. Pero eso no significa que los Estados hayan dejado de tomar partido.
El tamaño, la riqueza mineral y la posición geográfica de Sudán le confieren una importancia estratégica. Los Estados extranjeros llevan mucho tiempo haciendo cálculos en interés propio.
Antes del conflicto, la mayoría de los Estados, así como la ONU, confiaban en el ejército como fuente de estabilidad. Con esa idea por los suelos, los Estados deciden ahora qué bando es su mejor apuesta.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Al parecer, Emiratos Árabes Unidos suministra armas a la FAR, y recientemente el Ministerio de Asuntos Exteriores ha expulsado a varios de sus diplomáticos. Rusia también está del lado de las milicias.
Esos dos países están interesados en el oro de Sudán. Por otro lado, Egipto, su vecino al norte, siempre ha apoyado firmemente al estamento militar y se dice que Estados Unidos se inclina por las FAS como el menor de los males.
Aunque aparentemente bienintencionados, los Estados y las organizaciones internacionales siempre han pecado de ilusos. Antes del conflicto confiaban en las promesas de un plan de transición dirigido por los militares. Todos los procesos que se han intentado desde el golpe de Estado no han hecho más que dar más poder a los líderes que ahora están en guerra.
Necesidad de habilitar a la sociedad civil
Es hora de que se escuche a la sociedad civil sudanesa y se le permita contribuir a allanar el camino hacia la paz.
La sociedad civil sudanesa es compleja y heterogénea. Existe una élite que respaldó ampliamente a la supuesta administración de transición surgida tras el golpe. Hay organizaciones de la sociedad civil establecidas que trabajan para proporcionar servicios esenciales y defender los derechos.
Pero la mayor fuente de oposición al gobierno armado procede de los comités de resistencia: grupos informales de barrio que desempeñaron un papel crucial en la revolución de 2019.
Los comités son democráticos y toman decisiones por consenso. Reclaman un gobierno civil y rechazan los cálculos del mundo exterior sobre qué forma de gobierno militar puede garantizar mejor la estabilidad, lo que para los comités de resistencia significa continuar con la opresión. También se han convertido en una fuente clave de respuesta humanitaria, como el suministro de alimentos, agua y atención sanitaria.
Diferentes comités de la resistencia han trabajado juntos para desarrollar un plan de transición a la democracia. Pero el mundo exterior parece perplejo, luchando por comprometerse con un movimiento sin líderes y rechazando las demandas de un gobierno civil democrático por considerarlas demasiado ambiciosa.
Pero todo lo demás ha fracasado. No debería haber ninguna vía para que ninguno de los líderes militares enfrentados retenga el poder.
Cuando llegue la paz, también deberá llegar la rendición de cuentas por los crímenes contra los derechos humanos. Y ninguna de las dos se materializará a menos que lo haga la democracia, lo que significa una sociedad civil capacitada y empoderada.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
T: MF / ED: EG
