NAIROBI – Aislados del mundo y atrapados en trabajos forzados a bordo de buques pesqueros, a menudo en alta mar o en mares más allá de las aguas territoriales de cualquier Estado, los pescadores viven experiencias espantosas. Están aislados en condiciones de trabajo peligrosas y en ocasiones horribles bajo una supervisión reguladora limitada.
Como resultado, solo en 2021 más de 128 000 pescadores se vieron atrapados en trabajos forzados a bordo de buques pesqueros.
Un nuevo informe de la Coalición por la Transparencia Financiera, un grupo de 11 organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el mundo, ha buceado profundamente en aguas lejanas, exponiendo una red de actores despiadados detrás de los abusos laborales pesqueros en desprecio de los derechos laborales y humanos.
Uno de cada cuatro buques pesqueros acusados de trabajo forzado es propiedad de empresas europeas, una cuarta parte de ellos abanderados en China, mientras que una quinta parte portaba pabellones de conveniencia con controles laxos, secretismo financiero e impuestos bajos o inexistentes, define el estudio colectivo de ONG, incluidas Transparencia Internacional y la Red de Justicia Fiscal.
“El trabajo forzado a bordo de buques de pesca comercial es una crisis de derechos humanos que afecta a más de 100 000 trabajadores en el sector cada año y provoca terribles abusos e incluso la muerte de pescadores procedentes principalmente de regiones del Sur global como el sudeste asiático y África”, afirmó Matti Kohonen, director ejecutivo de la Coalición.
Sin embargo, denunció, “los propietarios de estos buques se ocultan en su mayoría tras complejas estructuras corporativas transjurisdiccionales que van desde empresas fantasma a opacas empresas conjuntas”
Titulado “Dark webs: uncovering those behind forced labour on fishing fleets (Redes oscuras: descubriendo a quienes están detrás del trabajo forzado en las flotas pesqueras)”, el informe es el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre los abusos del trabajo forzado en los barcos pesqueros comerciales.
En el trabajo se constata que empresas de solo cinco países -China, Corea del Sur, España, Taiwán y Tailandia- poseen casi dos tercios de los buques acusados de trabajo forzoso de los que se dispone de datos de propiedad legal.
Se calcula que 22,5 % de los barcos pesqueros industriales y semiindustriales acusados de trabajo forzado eran propiedad de empresas europeas, encabezadas por España, Rusia y el Reino Unido.
El informe advierte de que la mayoría de los países rara vez, o nunca, solicitan información sobre la propiedad efectiva a la hora de registrar buques o solicitar licencias de pesca, lo que significa que los responsables últimos de los abusos no son detectados ni castigados.
Alfonso Daniels, autor principal del informe, aseguró que “los abusos a los trabajadores en los buques de pesca comercial están muy extendidos y a menudo están relacionados con otras infracciones, como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que genera más de 11 400 millones de dólares anuales en flujos financieros ilícitos solo desde África”.
“Pero el secreto financiero sigue rodeando al sector pesquero, y hay poca voluntad política para mejorar la transparencia financiera necesaria para perseguir a los responsables últimos de estos delitos», añadió.
Entre los aspectos más destacados del informe figura la revelación de que más de 40 % de los buques comerciales acusados de trabajo forzado faenaban en Asia, seguida de África con 21 %, Europa con 14 % y América Latina y el Caribe con 11 %.
Además, se identificaron 475 barcos comerciales acusados de estar implicados en violaciones laborales y de los derechos humanos entre enero de 2010 y mayo de 2023. En 63 % de los casos, 298 buques, se identificó la ubicación geográfica en la que operaban.
De ellos, 42,28 % (128 buques sobre los que se dispone de datos de localización de las infracciones) se encontraban en Asia, seguida de África, con 63 buques (21,14 % del total), y Europa, con 13,76% del total (41 buques). La región latinoamericana tiene 11,07 % o 33 buques, y Oceanía 7,72 % o 23 buques, con navíos adicionales identificados en otras regiones como Estados Unidos.
En conjunto, las 10 primeras empresas poseen uno de cada nueve buques acusados de trabajo forzado. De ellas, siete son de China -algunas en parte propiedad del gobierno chino-, dos de Corea del Sur y una de Rusia.
Indonesia se erigió en el punto caliente mundial de los casos de trabajo forzoso, con casi una cuarta parte de los barcos detectados faenando en sus aguas. Además, 45 % de los buques acusados operaban o fueron detectados en solo cinco países: Indonesia, Irlanda, Uruguay, Somalia y Tailandia.
«El trabajo forzoso es una grave preocupación para los pescadores de todo el mundo, que a menudo sufren abusos y explotación. Las empresas y los consumidores europeos no son inmunes a esta situación, ya que las cadenas mundiales de suministro de productos del mar son largas y opacas», afirmó Rossen Karavatchev, coordinador de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, en inglés).
En ese sentido, añadió, «hacemos un llamamiento a todas las empresas para que lleven a cabo una diligencia debida en materia de derechos humanos. La actual propuesta de la Comisión Europea de prohibir que los productos del trabajo forzoso entren en el mercado europeo también debe aprobarse urgentemente y ponerse en práctica».
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
En ese contexto, la Coalición por la Transparencia Financiera reclama cinco medidas clave para proteger a los pescadores y aumentar la transparencia en el sector, incluida la urgente necesidad de mejorar la información disponible públicamente sobre los buques.
También subraya que, antes de conceder una licencia o autorización de pesca, los Estados de abanderamiento y ribereños deben exigir información sobre los gestores, operadores y propietarios efectivos del buque.
Además, deberían crearse listas unificadas y públicas de buques acusados de trabajo forzado y de pesca ilegal.
Remarca igualmente la necesidad de «crear registros de beneficiarios reales accesibles al público: A menos que la información sobre la propiedad beneficiaria esté a disposición del público, los Estados sólo acabarán sancionando o multando al capitán, a la tripulación o al propio buque, sin poder perseguir a los propietarios legales y beneficiarios que se benefician de estos delitos».
Además, identifica el trabajo forzado y la pesca INDNR como delitos subyacentes a efectos de blanqueo de capitales y que los delitos relacionados con la pesca también deben considerarse «delitos subyacentes» a efectos de blanqueo de capitales, ya que se trata de una actividad ilegal que genera productos del delito que luego se blanquean y, por lo tanto, se tratan como flujos financieros ilícitos.
La Coalición hace hincapié en que los Estados deben ratificar los principales tratados y convenios internacionales de pesca para prevenir el trabajo forzoso y la pesca INDNR, la sigla para aquella ilegal, no declarada y no reglamentada.
Esto incluye el Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es garantizar que los pescadores tengan condiciones de trabajo decentes a bordo de los buques pesqueros y que solo ha sido ratificado por 21 países, y el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012.
Pedir además que se amplíen los informes de las industrias extractivas para incluir la pesca, de modo que esta se incluya como industria extractiva en iniciativas clave, como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) y otras iniciativas mundiales y regionales relativas a la regulación y la transparencia de las industrias extractivas.
T: MF / ED: EG
