Una manifestación en la ciudad de Juliaca, en el sureño departamento de Puno, tras la destitución del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por la actual gobernante, Dina Boluarte. La oficina de derechos humanos de la ONU considera que las autoridades deben rendir cuentas por el uso excesivo de la fuerza al reprimir esas demostraciones. Imagen: Coordinadora Ongd