GINEBRA – El ejército que implantó una dictadura en Myanmar hace dos años ha comprado armas y materias primas para fabricarlas por 1000 millones de dólares a Rusia y vecinos asiáticos exportadores de armamento, denunció el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en ese país, Tom Andrews.
“A pesar de la abrumadora evidencia de los crímenes atroces del ejército contra el pueblo de Myanmar, los generales continúan teniendo acceso a sistemas de armas avanzados, repuestos para aviones de combate, materias primas y equipos de fabricación para la producción de armas domésticas”, deploró Andrews.
El informe que presentó Andrews en esta ciudad suiza indica que “algunos Estados miembros de la ONU están permitiendo este comercio, a través de una combinación de complicidad absoluta, aplicación laxa de las prohibiciones existentes y sanciones fácilmente eludidas”.
Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Australia dispusieron y favorecen la extensión de sanciones al régimen militar que se instauró en Myanmar, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, el 1 de febrero de 2021, lo que incluye embargo de armas y otros materiales.
“A pesar de la abrumadora evidencia de los crímenes atroces del ejército contra el pueblo de Myanmar, los generales continúan teniendo acceso a sistemas de armas avanzados, repuestos para aviones de combate, materias primas y equipos de fabricación para la producción de armas domésticas”: Tom Andrews.
A contravía, en dos años, 28 proveedores de Rusia han vendido a Myanmar, armamento por 406 millones de dólares, según la investigación de Andrews, divulgada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde China, 41 proveedores han vendido armamento por 267 millones de dólares; desde Singapur, 138 entidades despacharon armas o equipos por 254 millones; desde India, 22 proveedores vendieron armas o materiales por 51 millones; y de Tailandia, 25 firmas vendieron materiales o armas por 28 millones de dólares.
La aplicación laxa del sistema de sanciones permite que las eviten quienes proporcionas las armas, mediante el uso de empresas de fachada y la creación de otras nuevas que disimulen sus operaciones, explicó Andrews.
“La buena noticia es que ahora sabemos quién suministra estas armas y las jurisdicciones en las que operan. Los Estados miembros ahora deben intensificar y detener ese flujo”, planteó el experto.
Dijo que aunque Rusia y China siguen siendo los principales proveedores de sistemas de armas avanzados para Myanmar, “los traficantes de armas que operan desde Singapur son fundamentales para el funcionamiento continuo de las fábricas del ejército” del país comprador.
Subrayó sus críticas a Singapur por el amplio uso de sus bancos que hacen los traficantes, a pesar de que el gobierno de ese país “ha declarado que su política es prohibir la transferencia de armas a Myanmar” y “no autorizar la transferencia de artículos de doble uso que tienen potencial militar”.
“Imploro a los líderes de Singapur que aprovechen la información contenida en este informe y apliquen sus políticas en la mayor medida posible”, dijo Andrews.
Singapur, Tailandia y Myanmar, y otros siete Estados, integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que mantiene suspendida la participación del gobierno militar birmano en sus más importantes reuniones.
Las ventas a Myanmar incluyen aviones de combate, drones de reconocimiento y ataque, actualizaciones para tanques, helicópteros, radares, equipos de radio y comunicaciones, y partes para armas pequeñas y para vehículos militares.
En el país de 676 578 kilómetros cuadrados y 57 millones de habitantes, y cuya principal actividad económica es la agricultura, han surgido movimientos guerrilleros entre las minorías étnicas, grupos regionales en áreas de frontera y reagrupamientos de opositores que han llevado la rebelión a zonas rurales.
El 11 de abril el ejército bombardeó con aviones y helicópteros un poblado donde realizaba un acto el clandestino “Gobierno de unidad nacional”, y murieron decenas de hombres, mujeres y niños, según denunciaron entidades de las Naciones Unidas, gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos.
Los militares tomaron el poder en febrero de 2021, alegando fraude en favor del partido civilista Liga Nacional Democrática en las elecciones generales realizadas pocas semanas antes, y una junta encabezada por el general Min Aung Hlaing, jefe del ejército, asumió desde entonces todos los poderes.
Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en los dos primeros años después del golpe al menos 2890 personas murieron a manos de militares y personas que trabajan con ellos, y 767 de las víctimas perecieron después de ser detenidas con vida.
Asimismo, 1,2 millones de personas han debido abandonar sus hogares dentro del país y unos 700 000 han huido al extranjero.
Entidades como una Asociación de Atención a los Presos Políticos estiman que los muertos por las represión pasan de 3000 y unas 17 000 personas han sido detenidas.
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