NACIONES UNIDAS – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido siempre una firme defensora de la libertad de expresión y de prensa y, sobre todo, del derecho de los periodistas a informar sin temor a represalias. Pero, lamentablemente, la ONU es también una de las instituciones más opacas, donde la transparencia nunca es la norma.
Los periodistas, rara vez o nunca, han podido obtener comentarios o reacciones de los embajadores, diplomáticos y altos funcionarios de la ONU porque la mayoría de ellos siguen el consejo dado a los británicos durante la censura en tiempos de guerra en el Reino Unido: “Sé como papá, mantén a mamá».
Como dijo una vez Winston Churchill: «La diplomacia es el arte de decirle a la gente ‘que se vaya al infierno’ de tal manera que pregunten por el camino».
Pero, por regla general, la mayoría de los embajadores y diplomáticos no decían o dicen a los periodistas ni «vete al infierno» ni «vete al cielo», sino que evitaban y evitan cualquier comentario sobre cuestiones políticamente delicadas con la clásica excusa: «Lo siento, tenemos que obtener el visto bueno de nuestra capital».
Pero esa «autorización» de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores nunca llega. Aun así, ha resultado difícil superar la respuesta de un diplomático asiático de labios apretados que dijo a este corresponsal de IPS: «Sin comentarios» y, como reflexión posterior, añadió: «Y no me cite al respecto».
Por otra parte, la mayoría de los altos funcionarios de la ONU nunca tuvieron ni siquiera la cortesía o el protocolo básicos para responder a las llamadas telefónicas o a los mensajes de correo electrónico, ni siquiera con un acuse de recibo. Las líneas de comunicación estaban en su mayoría muertas.
Cuando me quejé a Shashi Tharoor, experto en medios de comunicación, antiguo secretario general adjunto de la ONU, jefe del antiguo Departamento de Información Pública (DIP) y prolífico escritor, fue explícito en su respuesta cuando dijo que todos los funcionarios de la ONU, desde un secretario general adjunto hasta un limpiacristales, tienen derecho a expresar su opinión en su área de especialización.
Cuando este miércoles 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido en 1993 por la Asamblea General de la ONU, con el fin de fomentarla, lo que paradójicamente la ONU no aplica internamente ni ha establecido hasta ahora una norma que garantice el acceso a la información, al contrario a lo que sucede en variados de sus Estados miembros.
La Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, en inglés), que se remonta a 1967, ha proporcionado al público y, sobre todo, a la prensa estadounidense el derecho a solicitar el acceso a los registros de cualquier agencia federal, y ha sido descrita como «la ley que mantiene a los ciudadanos informados sobre su gobierno».
Como resultado, algunas de las primicias periodísticas y la información privilegiada en los principales medios de comunicación de Estados Unidos han llegado tras las solicitudes de los periodistas locales en virtud de la FOIA.
Pero una antigua propuesta de FOIA en las Naciones Unidas no ha logrado despegar debido en gran parte a la inacción de la Asamblea General de 193 Estados miembros, el máximo órgano político de la ONU, lo que ha dado lugar a la falta de transparencia en el funcionamiento interno de la ONU y su Secretaría.
Lo mismo ha ocurrido con la propuesta de un enviado especial de la ONU para la seguridad de los periodistas muertos (DOA, en inglés).
Andreas Bummel, director ejecutivo de Democracia Sin Fronteras, dijo a IPS: “la ONU es una institución que ejerce autoridad pública directa e indirectamente con más de 30 000 personas trabajando en la Secretaría (más el sistema de la ONU en todo el mundo)”.
Como tal, debe rendir cuentas no solo a sus Estados miembros, sino también a los ciudadanos y al público en general.
“El establecimiento de un procedimiento adecuado de libertad de información en la ONU será una herramienta importante para mejorar este aspecto”, declaró Bummel, coautor de «Un Parlamento Mundial: Gobernanza y democracia en el siglo XXI”.
Martin S. Edwards, profesor y presidente de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad estadounidense de Seton Hall, dijo a IPS: «Debo admitir que no conozco los aspectos legales de este asunto. Dicho esto, para mí está bastante claro que el único camino a seguir para la ONU en una era de división política es una mayor transparencia”.
No basta con esforzarse por «contar mejor su historia». No se puede abogar por instituciones «eficaces, responsables e inclusivas» a nivel nacional sin ello, ni tampoco dentro del sistema de la ONU. Aspectos como el acceso a la información son un paso esencial en esa dirección, añadió.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
En Estados Unidos, los organismos federales están obligados a revelar cualquier información solicitada en virtud de la FOIA, a menos que entre dentro de una de las nueve excepciones que protegen intereses como la privacidad personal, la seguridad nacional y la aplicación de la ley.
En Australia, la legislación se conoce como Derecho a Saber; en Bangladesh, el Derecho a la Información (DAI) proporciona recursos para quienes deseen presentar una solicitud a los organismos gubernamentales, y en Japón existe el Centro Ciudadano para la Divulgación de la Información ofrece ayuda a los interesados en presentar solicitudes.
En el caso de India, existe el Derecho a la Información: un Portal Ciudadano; en Canadá la Ley de Acceso a la Información, que entró en vigor en 1983, mientras en Kenia se adoptó en 2016 la Ley de Acceso a la Información, y en Suecia desde 1776 hay una Ley de Libertad de Prensa, considerada como la «más antigua del mundo».
Mientras que la FOIA cubre el acceso a los registros de las agencias del gobierno federal, la Ley de Libertad de Información (FOIL) garantiza el acceso a los registros de los gobiernos de los estados y los condados. Los 50 estados de Estados Unidos también tienen leyes de libertad de información que regulan el acceso a estos documentos, aunque las disposiciones de las leyes estadales varían considerablemente.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París y encargada de velar por la libertad de prensa, define la libertad de información como el derecho a acceder a la información en poder de organismos públicos.
Según la Unesco, la libertad de información es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1946.
También se garantiza en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende la libertad de «buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión, sin consideración de fronteras».
La libertad de información también está consagrada como «libertad de expresión» en otros importantes instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
En una entrevista con IPS en 2017, Samir Sanbar, ex secretario general adjunto de la ONU que dirigió el Departamento de Información Pública (DIP), dijo que el derecho a la información es parte integral de los principios de la ONU.
Sin embargo, tanto los Estados miembros como la burocracia de la ONU han puesto trabas a este derecho, incluso a la información básica de dominio público.
Sanbar remarcó que la necesidad de «informar a los pueblos» está implícita en la Carta de la ONU.
Pero ponerla en práctica era «un problema básico que había experimentado a lo largo de mi trabajo, tanto con ciertos funcionarios gubernamentales, incluidos los que reclamaban públicamente canales abiertos, como con muchos colegas de alto nivel de la Secretaría de la ONU».
Los que creían que «la información es poder» se mostraban muy reticentes ante lo que percibían como compartir su autoridad con un público más amplio, afirma Sanbar, que trabajó bajo las órdenes de cinco secretarios generales de la ONU diferentes.
“Lo más evidente fue que, cuando lancé el sitio web de la ONU, ahora indiscutible, varios poderosos secretarios generales adjuntos y representantes permanentes me advirtieron de que no ‘contará a todo el mundo lo que estaba ocurriendo’ (en el sistema de la ONU) y se negaron a autorizar fondos”, citó a título de ejemplo.
Por ello, “tuve que formar un equipo de voluntarios del DIP en mi oficina, que funcionaba con el presupuesto existente, para seguir adelante y, finalmente, ofrecer ordenadores prestados por una fuente externa a determinadas delegaciones para que se dieran cuenta de que les resultaba más cómodo acceder a los comunicados de prensa que tener que enviar diariamente a uno de sus empleados al edificio para recoger el material de la tercera planta”, amplió.
“Con el tiempo, todos se sumaron y el sitio se convirtió en uno de los diez mejores sitios oficiales de todo el mundo”, dijo.
NO fue el único caso de reticencias iniciales dentro de la ONU a los temas de acceso a la información.
“Tuvimos una dificultad similar al impulsar el Día Internacional de la Libertad de Prensa a través de la Asamblea General”, instituido para celebrarse el 3 de mayo.
A juicio de Sanbar, “Parece que incluso los que tienen las mejores intenciones… suelen ser cautelosos a la hora de abrir un tema potencialmente vulnerable”, porque los delegados representan a gobiernos que ven la libertad de prensa “con cautelosa vigilancia”.
T: MF / ED: EG
