BOGOTÁ – De acuerdo con el Sexto Informe de Evaluación (AR6) del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) (2023), los impactos climáticos adversos ya son más extremos y de mayor alcance de lo previsto. El informe indica que cerca de la mitad de la población mundial enfrenta en la actualidad una grave escasez de agua limpia, mientras que las inundaciones y tormentas extremas han causado el desplazamiento de más de 20 millones de personas al año.
Esta cifra ha sido monitoreada desde el 2018 por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y se prevé que incremente progresivamente en los próximos años.
Además, de acuerdo con el Marco Estratégico 2022-2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la crisis climática ha generado que en los últimos años se hayan frenado las mejoras en la productividad agrícola en latitudes medias y bajas, lo cual amenaza el suministro de comida para las comunidades más vulnerables.
Desde diferentes esferas de incidencia y de toma de decisiones se han monitoreado, caracterizado y documentado estas geografías desiguales del cambio climático. Sin embargo, la mayoría de los avances en materia de mitigación y adaptación climática hasta la fecha han sido reiterativos en la necesidad de desarrollar y replicar alternativas de adopción conjunta para controlar el incremento desmesurado de las emisiones de gases efecto invernadero.
Otra necesidad es avanzar hacia las transformaciones necesarias para que la población mundial pueda prever y ajustarse a los nuevos escenarios climáticos a tiempo.
Sin embargo, los informes de monitoreo y resultados han sido casi unánimes en concluir que los esfuerzos que se han propuesto y ejecutado desde esferas globales para aliviar la crisis climática parecen ser inciertos e insuficientes.
Es entonces fundamental entender que, en la última década, ha habido una expansión masiva de compromisos climáticos. Estos compromisos se han diseñado, soportado y ejecutado desde estrategias de cooperación financiera multilateral y política exterior, así como desde robustos esquemas de incidencia civil. Un ejemplo de lo anterior son todos aquellos compromisos concebidos e impulsados a través del sistema de las Naciones Unidas.
No obstante, estos compromisos han llamado la atención por su tendencia incremental, sus estrategias de financiamiento a través de inversión extranjera y deuda externa, y porque en gran medida han permitido desdibujar el alcance de las intervenciones derivadas, lo cual ha limitado la gobernanza e incidencia de las comunidades y gobiernos locales frente a la acción climática.
Además, estos compromisos han sido acusados de perpetuar estrategias coloniales de dominación y despojo, además de establecer metas que dependen de la continuidad de los escenarios de poder político y financiero actual. Por ejemplo, los escenarios de mitigación climática existentes mantienen el uso de energía en el Norte Global a un nivel per cápita de dos a tres veces mayor que el Sur Global.
Estos escenarios también se basan en el desarrollo de tecnologías costosas como las tecnologías de emisiones negativas (es decir, tecnologías de captura y secuestro de gases efecto invernadero como proyectos de deforestación y reforestación) que a menudo resultan en el acaparamiento de tierras en el Sur Global.
De hecho, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, movimientos activistas, colectivos ambientalistas y de derechos humanos, líderes sociales y académicos de diferentes partes del mundo, se han hecho diversos llamados a la comunidad internacional para que se revisen y evalúen las reglas sobre las cuales se está desarrollando la política climática internacional.
Estos llamados apuntan principalmente a dos puntos. El primero es que es necesario determinar a qué nivel las alternativas y soluciones que se han promovido desde la agenda climática global han reforzado los legados coloniales. Segundo, cómo ha contribuido la acción climática a la creación de nuevos patrones de dominación Norte–Sur. A esto se le ha denominado colonialismo climático.
La introducción de este concepto en las esferas civiles, académicas y políticas ha sido significativa en cuanto ha permitido caracterizar la forma en la que la comunidad ha reaccionado a los efectos indeseados de muchos de los mecanismos propuestos como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y los proyectos REDD+, los mercados de carbono, así como las alternativas propuestas en la transformación de las matrices energéticas globales.
La experiencia indica que los mecanismos de cooperación climática han instaurado viejas dinámicas de control político y financiero a través del flujo incesante de capitales desde el Norte destinados a proyectos de naturaleza extractiva y que se justifican como inversiones para el desarrollo.
El concepto de colonialismo climático además ha sido útil para legitimar las experiencias vividas en países del Sur Global.
En el Informe del IPCC de 2023 se mencionó por primera vez el término colonialismo al reconocer que los legados de dominación han sido impulsores históricos y continuos de la crisis climática.
Esto, aunado a la institucionalidad omnipresente y persistente del legado histórico del colonialismo, ha hecho que la mayoría de las alternativas climáticas profundicen las desigualdades sistémicas, al tiempo que dejan al margen las necesidades de comunidades locales y dificultan el abordaje de la crisis climática de manera justa y equitativa.
Un artículo publicado en la edición 616 de la revista Nature compiló los hallazgos de los últimos informes del IPCC y concluyó que las expectativas climáticas se han fijado de manera errónea, que las alternativas que abogan por la remoción de dióxido de carbono de la atmósfera han sido insuficientes y que estos proyectos en su mayoría se han catalogado como alternativas de adaptación errónea o wrongful adaptation.
El artículo propone un cambio de narrativa en la que se incorporen soluciones basadas en la naturaleza e intervenciones a pequeña escala, que además incluyan las perspectivas de bienestar y desarrollo de las comunidades locales.
También se propone impulsar soluciones cuya financiación no limite a las comunidades de los espacios de toma de decisiones y que estas alternativas permitan emprender acciones de índole adaptativa que no tiendan a incrementar la deuda externa de los países más vulnerables y que incorporen veedurías sobre la propiedad de la tierra y la protección de los derechos civiles.
Desde los gobiernos del Sur también ha habido un llamado por el cambio. La instauración progresiva de agendas progresistas de los últimos años en América Latina ha permitido la apertura de nuevos espacios de discusión acerca de las medidas climáticas que se habían dictado antes.
Sin embargo, la agenda internacional no se ha esforzado por reconocer y, cuando sea necesario, reformular las raíces que cimientan las políticas y proyectos de adaptación de cambio climático.
Es fundamental hacer un reconocimiento colectivo de los legados coloniales para poder imaginar un futuro que es diferente al de las estructuras e instituciones hegemónicas en las que ahora pareciese que nos encontráramos atrapados.
Fomentar la acción climática efectiva debe abarcar el cuestionamiento incesante de las dinámicas de poder actuales y abrir el espacio para la representación a delegaciones del Sur Global, quienes además deben pasar a desempeñar un papel activo en las negociaciones.
Este artículo se publicó originalmente en OpenGlobalRights.
RV: EG
