KAMPALA – Las madres de personas LGBTIQ+ en Uganda se han pronunciado contra el draconiano proyecto de ley que aprobó el mes pasado el parlamento del país, donde se castiga con pena de muerte la homosexualidad agravada, con cadena perpetua el «delito de homosexualidad» y hasta 20 años de cárcel por promover la homosexualidad.
La inclemente norma fue aprobada el 21 de marzo por la legislativa Asamblea Nacional, recibiendo una inmediata oleada de condenas internacionales y de llamamientos a su no aplicación en el ámbito interno.
Pero el miércoles 19 de abril el presidente Yoweri Museveni la devolvió a la legislativa Asamblea Nacional “con propuestas para su mejora”.
Según lo trascendido y de lo que se infiere de un comunicado emitido el jueves 20, la intención es que se incluya el asunto de la rehabilitación y de “los arrepentidos”, pero no supone, se subraya, que Museveni tenga objeciones con los castigos a aplicarse, así que se teme que la ley termine refrendada este mismo año.
Hay preocupación porque si esta extrema norma llega a tener éxito en Uganda, pueda ser imitada en el resto de África, un continente donde según la organización internacional Human Rights Watch son 33 los países que siguen penalizando la homosexualidad.
Mawethu Nkosana Nkolomba, directora del Fondo de Respuesta a las Crisis y responsable de la defensa de la comunidad LGBTI en Civicus, el conglomerado internacional de organizaciones de la sociedad civil, dijo a IPS que la aprobación de la ley en Uganda no era un incidente aislado.
«En Kenia existe la amenaza de que los grupos de la sociedad civil LGBTI se conviertan pronto en objetivo de ataques, y debido a lo que acaba de ocurrir en Uganda, se teme que el proyecto de ley LGBTI vuelva con toda su fuerza. En Níger se ha presentado un proyecto de ley similar», argumentó.
«También en Tanzania los grupos LGBTI y feministas están en el punto de mira (incluyendo pruebas anales), Ghana tiene un proyecto de ley similar al de Uganda, Burundi (está experimentando) una nueva ola de detenciones de grupos LGBTI”, adujo.
Nkolomba añadió que “la situación de los grupos LGBTI en Túnez y Argelia está empeorando, en Egipto, la policía está utilizando aplicaciones queer para atacar a la comunidad LGBTI, así que definitivamente hay una tendencia».
El activista Eric Ndaula afirma que la cuestión es que la homofobia es una mentalidad omnipresente en la que políticos, líderes religiosos e incluso la familia se posicionan en contra de personas LGBTI. «Nos dicen que la homosexualidad está mal, que es una abominación», dijo.
Madres claman clemencia al presidente
Cuando el parlamento ugandés aprobó la ley ahora devuelta por el presidente, un grupo de mujeres se identificaron como madres de personas LGBTIQ+, sin pedir anonimato. Son ellas: Jane Nasimbwa, Sylvia Nassuna, Janet Ndagire, Patricia Naava, Jackie Nabbosa Mpungu, Florence Matovu Kansanze, Josephine Amonyatta y Shamim Nakamate
Su «Carta abierta al Presidente Museveni de madres de personas LGBTIQ+», republicada por el medio Monitor, sorprendió a muchos.
«Como madres de personas LGBTIQ+, no somos ‘promotoras’ de ningún programa; somos madres ugandesas que hemos tenido que superar muchos de nuestros propios prejuicios para comprender, aceptar y amar plenamente a nuestros hijos», reza la carta.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Las mujeres expresaron su temor de que sus hijos pudieran ser objeto de violencia colectiva, lo que señalaron como consecuencia directa de vivir en un país cuyos legisladores están legalizando «temerariamente» la homofobia y la transfobia con la ley contra la homosexualidad.
«Nosotras tampoco elegimos ser madres de niños LGBTIQ+, pero hemos elegido amar a nuestros hijos por lo que son. Como madres, todas deseamos y trabajamos para garantizar que nuestros hijos estén sanos, bien educados, tengan éxito y se sientan realizados tanto en su vida profesional como personal».
La carta fue compartida en Twitter por Catherine Kyobutungi, feminista y directora ejecutiva del Centro Africano de Investigación sobre Población y Salud, suscitando un debate en línea.
Pedían Museveni que no aprobara el proyecto de ley contra la homosexualidad, afirmando que no podían permanecer al margen y ver cómo sus hijos seguían siendo golpeados y amenazados de una forma tan peligrosa y deliberada.
¿Escuchará el presidente Museveni?
El presidente, de 75 años y en el poder desde 1996, firmó y promulgó otra ley contra la homosexualidad, en 2014, que luego fue anulada por las críticas de la comunidad internacional, y se ha declarado en varias ocasiones contra los homosexuales y las presiones de los países a favor de los derechos de los homosexuales, asegurando cosas como que «Europa está perdida. Así que también quieren que nos perdamos».
Por ello existen más que dudas de que el gobernante acoja la solicitud de las madres del colectivo LGBTIQ+.
En un comunicado difundido el jueves 20, el presidente fue citado exhortando a legisladores de su partido, en un encuentro la noche anterior: “Estad dispuestos a sacrificaros para luchar contra los homosexuales”. Y les añadió: “Es bueno que hayáis rechazado la presión de los imperialistas. Esos imperialistas han estado desordenando el mundo durante 600 años, causando tanto daño”.
La devolución del proyecto de ley no se debe a un cambio de opinión, sino a que el fiscal general, Kiryowa Kiwanuka, afirmó que el proyecto, en su forma actual, criminaliza incluso a quienes declaran voluntariamente haber «practicado la homosexualidad» y necesitan ayuda.
Propuso, por ello, una disposición de amnistía para este grupo.
En una reunión con parlamentarios de 22 países africanos, Museveni volvió a repetir que la homosexualidad “es una desviación” más peligrosa que las drogas.
Cuando se debatía la ley de 2014 también designó un comité de científicos para que determinasen si existía una base genética o científica para la homosexualidad y si se podía “aprender y desaprender”. El comité pidió tiempo para un estudio más profundo, aunque sí le dijo que era una condición que existía a lo largo de la historia.
Violación flagrante de los derechos
Zahara Nampewo, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Makerere y directora del Centro de Derechos Humanos y Paz (HURIPEC), que intervino en un debate un día después de la aprobación en marzo del proyecto de ley, afirmó que la ley tenía implicaciones de gran alcance.
«Hemos alzado nuestras voces de preocupación por cuestiones como la flagrante violación de derechos como la presunción de inocencia, el derecho inderogable a un juicio justo», afirmó Nampewo.
«Llevamos pidiendo leyes que protejan a los niños de los abusos infantiles; llevamos pidiendo la ley del matrimonio. ¿Por qué ahora, en el plazo de un mes, se ha aprobado (esta) ley?».
El impulsor del proyecto de ley ahora devuelto a la Asamblea Nacional, Asuman Basalirwa, dijo a IPS que habían planeado presentarlo desde agosto de 2022, pero solo a fines de febrero la presidenta de la unicámara le concedió un espacio en el orden del día.
«El tema del reclutamiento, la promoción y la financiación de la homosexualidad. No se provoca así a una comunidad. Si esas personas hicieran sus cosas tranquilamente, nadie se molestaría, pero ya ven, están entrando en nuestras escuelas, están atacando a nuestros hijos. ¿Y quieren que (solo) miremos?», argumentó.
Basalirwa dijo a IPS que la criminalización de la homosexualidad no es un fenómeno nuevo. «Fueron los colonialistas los primeros en traer aquí una ley sobre homosexualidad, la sección 145 del código penal. Se pretende que sea una ley penal. Entonces, ¿quieren una ley penal que no la criminalice?», preguntó.
Momento de la aprobación del proyecto de ley
Algunos críticos han argumentado que la presidenta de la Asamblea, Anita Among, y su adjunto, Thomas Tayebwa, apresuraron la aprobación del proyecto de ley porque sus impulsores querían que se aprobara antes de una Conferencia Interparlamentaria sobre valores familiares bajo el lema «Proteger la cultura africana y los valores familiares».
La conferencia, de dos días de duración, se celebró a orillas del lago Victoria el 31 de marzo y el 1 de abril.
A ella asistieron responsables de Family Watch International (FWI). FWI es una organización cristiana estadounidense descrita por activistas de los derechos civiles como un «grupo de odio, que se opone a la educación sexual integral.»
Entre los delegados de FWI se encontraba Sharon Slater, que declaró en la conferencia que: «Estamos en llamas, y debemos detener esta cultura del imperialismo que está destruyendo a nuestros hijos». Slater y su equipo, del que formaban parte Henk Jan van Schothorst, director ejecutivo de Christian Council International, y Gregg Scot, abogado estadounidense, se reunieron con Museveni y su esposa, Janet Museveni, en su residencia de Entebbe.
Delito sin víctimas
Sin embargo, Adrian Jjuuko, director ejecutivo del Human Rights Awareness and Promotion Forum Uganda (HRAPF), discrepa con Basalirwa sobre el momento elegido para promulgar el proyecto de ley.
«Se trata de una campaña que lleva años en marcha. Y no es solo una campaña ugandesa. Es una campaña internacional», afirmó Jjuuko, cuya organización ofrece asistencia jurídica a personas LGBTIQ+.
Jjuuko, cuya organización supuestamente ha sido incluida por la Oficina de ONG de Uganda entre los grupos de la sociedad civil susceptibles de ser cerrados, dijo a IPS que los delitos sugeridos en las leyes no tienen víctimas porque las relaciones fueron consentidas.
«Si tienes un delito sin víctimas, ¿por qué tienes que criminalizar un delito sin víctimas? Nadie se queja; no hay daño. ¿Perjuicio para quién? ¿Al honorable Basalirwa?”, afirmó.
El texto del proyecto de ley sin promulgar limita el delito de homosexualidad a los actos sexuales entre personas del mismo sexo. El delito se castiga con altas penas que van hasta cadena perpetua e incluso la pena de muerte en caso de la reincidencia en la llamada homosexualidad agravada.
«Si nos fijamos en la disposición sobre la promoción de la homosexualidad. Esencialmente prohíbe lo que hacemos como abogados. Así que, como abogado, no puedes representar a una persona LGBTIQ+ porque eso se considerará promoción de la homosexualidad», afirmó Jjuuko.
«Reincidente significa que si te condenan dos veces por ser gay, mueres por ello. Mantener relaciones sexuales consentidas siendo seropositivo, mueres por ello; si mantienes relaciones sexuales con una persona de edad avanzada, 75 años, mueres por ello independientemente de que sea consentido», continuó Jjuuko.
Jjuuko observó: «Si quisieras luchar contra la pedofilia, no te centrarías en la orientación sexual. Lo que buscas es el delito que te interesa combatir».
Las ONG sospechosas de promover la homosexualidad se arriesgan a una multa del equivalente a más de 264000 dólares o a veinte años de cárcel.
Las restricciones, las amenazas y el vilipendio de las minorías sexuales en Uganda precedieron a la aprobación del proyecto de ley contra la homosexualidad.
En agosto de 2022, la organización de la sociedad civil Sexual Minorities Uganda (SMUG) fue prohibida por la Oficina Nacional de Uganda (la Oficina de ONG para Organizaciones No Gubernamentales) porque no estaba registrada. En 2012, la Oficina de ONG rechazó una solicitud de SMUG para que fuera registrada porque la organización era «indeseable y no registrable».
Basalirwa, el impulsor del proyecto de ley, y otros parlamentarios argumentaron que el país necesita la ley para proteger a los niños de los promotores de la homosexualidad. Pero Jjuuko, en entrevista con IPS, dijo que era un sentimiento fuera de lugar.
«Si se habla de niños, la mayor amenaza para ellos no es la homosexualidad. La mayor amenaza para los niños es la heterosexualidad. Porque si nos fijamos en el informe anual de delitos de la policía, hay más de diez mil casos de desfloración de niñas por parte de hombres. Y solo hubo 83 casos de conocimiento carnal contra natura (como se describe el delito en el proyecto de ley) contra el orden de la naturaleza», remarcó
T: MF / ED: EG
