NACIONES UNIDAS – Cuando en otros tiempos Estados Unidos planeaba vender aviones de combate a un régimen represivo del sudeste asiático, el portavoz de una organización de derechos humanos explicó a un periodista que no había planes para oponerse a esa venta porque «es muy difícil vincular los aviones de combate F16 con abusos de los derechos humanos».
Si los aviones de combate son lícitos y no pueden utilizarse para violar los derechos humanos, no puede decirse lo mismo de las «armas de control de masas» calificadas de no letales, como cañones de agua, granadas de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma, que se utilizan sobre todo contra manifestantes civiles.
Pero estas armas, contrariamente a la creencia popular, no son monopolio exclusivo de regímenes autoritarios de Asia, Medio Oriente y América Latina, sino que también las utilizan democracias occidentales como Estados Unidos, España o Francia, junto con Chile, Colombia, Ecuador, Gaza, Guinea, Hong Kong, Irán, Iraq, Perú, Sudán, Túnez y Venezuela.
Un informe de la agencia internacional Reuters publicado en octubre de 2019 sobre la resistencia masiva en Hong Kong dijo que las protestas estallaron por una nueva legislación que permitiría extradiciones desde ese territorio insular a China continental.
Según los informes, la policía disparó más de 6000 rondas de explosiones de gas lacrimógeno, alrededor de 2400 balas de goma, unas 700 granadas de esponja y más de 500 rondas de bolsas de frijoles.
Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), publicado este martes 14 de marzo, afirma que las fuerzas de seguridad de todo el mundo hacen un uso indebido habitual de las balas de goma y plástico y otras armas de las fuerzas policiales y militares «para reprimir violentamente protestas pacíficas y causar lesiones y muertes horribles», y pide controles estrictos sobre su uso y un tratado mundial que regule su comercio.
El informe My Eye Exploded (Mi ojo explotó), publicado conjuntamente con la Fundación de Investigación Omega (ORF, en inglés), se basa en investigaciones realizadas en más de 30 países durante los últimos cinco años.
En él se documenta «cómo miles de manifestantes y transeúntes han resultado mutilados y decenas han perdido la vida por el uso a menudo imprudente y desproporcionado de armamento menos letal de las fuerzas del orden, incluidos los proyectiles de impacto cinético (KIP, en inglés), como las balas de goma, así como el disparo de perdigones recubiertos de goma y granadas de gas lacrimógeno dirigidas y disparadas directamente contra los manifestantes».
“Creemos que se necesitan urgentemente controles globales jurídicamente vinculantes sobre la fabricación y el comercio de armas menos letales, incluidos los proyectiles de goma, junto con directrices efectivas sobre el uso de la fuerza, para combatir un ciclo de abusos que va en aumento», dijo Patrick Wilcken, investigador de AI sobre cuestiones militares, de seguridad y policiales.
Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega se encuentran entre las 30 organizaciones que piden un Tratado sobre el Comercio Libre de Tortura respaldado por la ONU para prohibir la fabricación y el comercio de KIP y otras armas de uso policial intrínsecamente nocivas.
También pretende introducir controles comerciales basados en los derechos humanos sobre el suministro de materiales de uso policial, incluidas las balas de goma y de plástico.
Michael Crowley, investigador asociado de la ORF, declaró que un Tratado sobre el Comercio Libre de Tortura prohibiría toda la producción y el comercio de armas y material policial intrínsecamente peligrosos.
Entre ellas se encuentran las armas de un solo proyectil, intrínsecamente peligrosas o inexactas, las balas de metal recubiertas de caucho, los perdigones recubiertos de caucho y la munición con proyectiles múltiples que han provocado ceguera, otras lesiones graves y muertes en todo el mundo.
Según el informe de AI y ORF, estas armas han provocado discapacidad permanente en cientos de casos y muchas muertes.
Se ha producido un alarmante aumento de las lesiones oculares, incluidas la rotura del globo ocular, desprendimientos de retina y la pérdida total de la vista, así como fracturas óseas y craneales, lesiones cerebrales, rotura de órganos internos y hemorragias, perforación del corazón y los pulmones por rotura de costillas, daños en los genitales y traumas psicológicos.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Según un reciente informe del Sri Lanka Sunday Times, la disidencia en Sri Lanka suele ser respondida con gases lacrimógenos y cañones de agua disparados por la policía del país. Las manifestaciones masivas originadas por una crisis económica y política el año pasado, fueron a menudo reprimidas con gases lacrimógenos y cañonazos de agua de la policía.
Algunos manifestantes han muerto, mientras que otras muertes se atribuyeron a complicaciones derivadas de los ataques con gases lacrimógenos. Ahora se acusa a la policía de Sri Lanka de abusar del uso del agente antidisturbios. Los abogados también han presentado denuncias ante las autoridades de derechos humanos, la policía y los tribunales.
Los ciudadanos de Sri Lanka que han estado expuestos al gas lacrimógeno alegan que han sufrido tos, flemas, irritación de garganta y, en algunos casos, asma a largo plazo. Entre marzo y julio de 2022, la policía había disparado más de 6700 botes de gas lacrimógeno.
Mientras tanto, según una evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, las acciones policiales durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019 provocaron más de 440 lesiones oculares, con más de 30 casos de pérdida ocular o ruptura ocular.
Al menos 53 personas murieron por proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad, según un estudio revisado por pares basado en la literatura médica entre 1990 y junio de 2017. También concluyó que 300 de las 1984 personas heridas sufrieron discapacidad permanente. Es probable que las cifras reales sean muy superiores, según el informe.
Desde entonces, la disponibilidad, variedad y despliegue de los KIP se ha intensificado en todo el mundo, lo que ha fomentado la militarización de las actividades policiales de protesta.
El informe de AI y ORF concluye que las directrices nacionales sobre el uso de los KIP rara vez cumplen las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, que establecen que su despliegue debe limitarse a situaciones de último recurso cuando los individuos violentos supongan una amenaza inminente de daños a las personas. Las fuerzas policiales incumplen sistemáticamente las normas con impunidad.
En Estados Unidos, según el informe, el uso de balas de goma para reprimir protestas pacíficas es cada vez más habitual.
Un manifestante herido en la cara en la ciudad de Minneapolis el 31 de mayo de 2020 dijo a Amnistía Internacional: «Mi ojo explotó por el impacto de la bala de goma y mi nariz se desplazó desde donde debería estar hasta debajo del otro ojo”.
“La primera noche que estuve en el hospital me recogieron los trozos del ojo y me los cosieron. Luego me volvieron a colocar la nariz donde debía estar y le dieron otra forma. Me pusieron una prótesis ocular, así que ahora solo veo por el ojo derecho”, detalló.
En España, el uso de KIP de goma, grandes e imprecisos, del tamaño de una pelota de tenis, ha provocado al menos una muerte por traumatismo craneoencefálico y 24 lesiones graves, incluidos 11 casos de lesiones oculares graves, según Stop Balas de Goma, un grupo de campaña.
En Francia, una revisión médica de 21 pacientes con lesiones faciales y oculares causadas por balas de goma constató lesiones graves que incluían fragmentación ósea, fracturas y roturas con resultado de ceguera.
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