JOHANNESBURGO – La codicia, la pobreza, la irresponsabilidad de gigantes mineros que explotan y luego abandonan las minas sin cumplir las normas para hacerlo, han creado un terreno fértil para un próspero sector de la minería ilegal en Sudáfrica.
Las grandes compañías mineras están obligadas a rehabilitar las minas antes de cerrarlas, pero no lo hacen y el gobierno es incapaz de hacer que se cumplan las regulaciones, así que los mineros artesanales e informales, llamados localmente zama zama y en muchas ocasiones dirigidos por organizaciones criminales, tienen base para prosperar.
La principal economía de África se ha basado en gran medida en la minería y, bajo el régimen de apartheid (segregación racial), las empresas mineras de propiedad blanca que explotaban los lucrativos yacimientos de oro, diamantes, carbón y cromo se enriquecieron utilizando mano de obra barata local y emigrante de los países vecinos, siempre negra.
Tras el apartheid, los sucesivos gobiernos del Congreso Nacional Africano ( CNA) han intentado que la propiedad negra y los pequeños mineros se incorporen al sector y, más recientemente, ha buscado despenalizar a los mineros artesanales que utilizan herramientas rudimentarias y se dedican en gran medida a la minería de superficie.
Según el Centro de Recursos Legales (LRC, en inglés) y el Grupo Internacional de Investigación e Información Laboral (ILRIG, en inglés), las deficiencias de las políticas, su falta de aplicación, la mala gestión, los trámites burocráticos han garantizado que» el statu quo del apartheid permanezca prácticamente intacto».
El ILRIG sostiene que los recortes debidos a la mecanización o al cierre de minas no rentables han incrementado la minería ilegal. La falta de aplicación de las leyes relativas a la rehabilitación de las minas cerradas ha creado espacio para que los criminales zama zama y los mineros artesanales, forzosamente ilegales, operen en minas en desuso o abandonadas.
Con la publicación de la nueva Política sobre Minería Artesanal y a Pequeña Escala, establecida en marzo de 2022, los mineros artesanales de todo el país están formando cooperativas en un intento de ser legalizados. Pero conseguir los permisos es una ardua batalla que dificulta su abandono de la informalidad.
El LRC también advierte de nuevos conflictos y xenofobia porque la nueva norma impide a los zama zama extranjeros obtener permisos.
El ministro de Recursos Minerales y Energía, Gwede Mantashe, fue tajante al explicar que “debe quedar claro que una vez que un individuo entra ilegalmente en nuestro país y se dedica a una actividad económica ilegal, no se le puede sanear mediante la concesión de una licencia de minería a pequeña escala».
Robert Krause, investigador medioambiental, afirma que las raíces del problema se encuentran en que «las empresas mineras eluden sus responsabilidades de rehabilitación medioambiental, además de no invertir en una economía posminera para los trabajadores y la comunidad circundante».
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Hay casi 6000 minas sin dueño y abandonadas, muchas de ellas. Están «abandonadas por el capital minero antes de la actual normativa reguladora en virtud de la Ley Nacional de Gestión Medioambiental y la normativa de Provisión Financiera», dijo el especialista.
Krause afirmó que existe «un patrón persistente de grandes empresas mineras que venden sus minas hacia el cierre a empresas que saben perfectamente que no estarán en condiciones de llevar a cabo sus tareas de rehabilitación».
Lagunas legales y laxa regulación abren la puerta
«Las empresas que acaban con pasivos suelen declararse insolventes, y la provisión financiera para el cierre suele tratarse como una reclamación más», argumentó el especialista, lo que las libera de las obligaciones al cerrar la actividad extractiva.
Y añadió: «El abandono de las minas alimenta las operaciones ilegales o artesanales, ya que se deja mineral de baja calidad, las entradas convenientes permanecen abiertas y se expulsa de la economía a las personas que necesitan trabajo.»
Cuando se agotan las reservas rentables, se produce una crisis de empleo. Entonces, la opción para sobrevivir, sobre todo donde el cierre no se hace correctamente, es convertirse en un zama zama.
Krause considera que los mineros artesanales necesitan apoyo material y capacitación por parte de las empresas mineras y el Estado, «en cambio, a menudo siguen siendo tratados como delincuentes mientras florecen los sindicatos criminales violentos», aseguró.
Según una investigación de Oxpeckers, un medio ambiental, «se ha destinado una fortuna a la rehabilitación de minas en Sudáfrica. Pero las grandes minas no se cierran como es debido, y el dinero (para la rehabilitación) no se toca».
Sin embargó, denunció el medio investigativo, el Departamento de Recursos Minerales y Energía (DMRE, en inglés) aún no ha facilitado ningún caso en el que se haya utilizado adecuadamente el dinero provisto para la rehabilitación.
En cambio, la mayoría de las minas no se consideran legalmente cerradas, y por tanto el dinero para la rehabilitación se mantiene bloqueado.
El ministro Mantashe afirmó: «Se calcula que rehabilitar estas minas (por parte del Estado) costaría más de 49 000 millones de rands (2900 millones de dólares».
El DMRE recibe anualmente solo el equivalente a 7,7 millones de dólares para la rehabilitación de minas, explicó. “Con esta asignación, solo podemos rehabilitar unas tres minas y sellar 40 pozos al año», dijo.
El ministro reveló en septiembre de 2022 que en tres años se habían sellado 135 pozos en las cuencas oriental, central y occidental de la provincia minera de Gauteng. El DMRE pretendía sellar otros 20 en el presente ejercicio, dando prioridad a la zona de Krugersdorp, donde unos zama zama violaron en grupo a un equipo de rodaje en julio del año pasado.
Mantashe afirmó que la rehabilitación de las minas es un proyecto a largo plazo: «Debemos comprender que llevaría mucho tiempo rehabilitar completamente todas estas minas a este ritmo, debido a las limitaciones presupuestarias y a las amenazas a la seguridad de los funcionarios que ejecutan este programa», aseguró.
Los defensores de la legalización de los mineros artesanales afirman que el gobierno debe proporcionar recursos para financiar las evaluaciones medioambientales y facilitar un mercado de compradores locales a través de una entidad nacional de compra para vender sus productos extraídos.
«La población sudafricana necesita ver por fin los beneficios de los recursos minerales de Sudáfrica, ya que en el pasado las prácticas coloniales y del Apartheid, unidas a la minería a gran escala, han privado a la mayoría de este beneficio», afirmó el grupo LRC.
Es evidente que se trata de una quimera, dijo, como ha puesto de manifiesto la lucha de los mineros artesanales por obtener permisos para legalizarse.
Lo irónico es que su legalización no solo les permitirá ganarse la vida, sino también pagar impuestos y poner fin a su constante acoso por parte de elementos criminales y de la propia policía.
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