ROMA – Cinco organismos internacionales, financieros y de cooperación, demandaron acciones urgentes para rescatar los focos de hambre en el planeta, mejorar el comercio y los mercados de alimentos, y reformar los subsidios dañinos que entorpecen una fluida actividad del sector.
En todo el mundo “la pobreza y la inseguridad alimentaria están aumentando después de décadas de avances en materia de desarrollo”, y “349 millones de personas en 79 países padecen inseguridad alimentaria aguda”, destacaron las organizaciones.
El llamado urgente fue suscrito por los máximos responsables del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Asimismo, por los conductores del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sostienen que para evitar que empeore la crisis de seguridad alimentaria y nutricional, se requieren más acciones urgentes para rescatar los focos de hambre, facilitar el comercio, mejorar el funcionamiento de los mercados, fortalecer el papel del sector privado, y reorientar los subsidios dañinos con una focalización cuidadosa.
Destacaron que la inflación sobre los alimentos sigue alta –de dos dígitos en decenas de países- a raíz de los impactos de la pandemia covid-19, la emergencia climática, la guerra de Rusia en Ucrania, las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de las tasas de interés que ha encarecido el precio del dinero.
La necesidad es especialmente grave en 24 países que la FAO y el PMA han identificado como focos de hambre, de los cuales 16 se encuentran en África, y la situación es particularmente grave en regiones de Etiopía, Nigeria, Somalia y Sudán del Sur, según el PMA.
En Asia los más afectados son Afganistán, Pakistán, Siria, Sri Lanka y Yemen, y en el Caribe y América Central el PMA mencionó a Haití, Guatemala y Honduras.
El PMA reivindica que con sus socios en 2022 llegó con asistencia alimentaria y nutricional a un número récord de personas (más de 140 millones), mediante contribuciones también récord, de 14 000 millones de dólares, de los cuales 7300 millones provinieron del gobierno de Estados Unidos.
Más de 3000 millones de dólares se enviaron en transferencias de efectivo a personas en 72 países, y el PMA apoyó programas de alimentación escolar en 80 países.
La FAO invirtió 1000 millones de dólares para apoyar a más de 40 millones de personas en áreas rurales de 53 países con intervenciones agrícolas urgentes.
El Banco Mundial indicó que proporciona un paquete de seguridad alimentaria y nutricional de 30 000 millones que cubre los 15 meses desde abril de 2022 hasta junio de 2023, incluidos 12 000 millones en nuevos proyectos, que se han comprometido antes de lo previsto.
Ante la necesidad de muchos más recursos “hacemos un llamado a los gobiernos y donantes para que apoyen los esfuerzos a nivel nacional para abordar las necesidades en los puntos críticos”, indicó la declaración de los cinco organismos.
El documento también indica que la asequibilidad de los fertilizantes es la más baja desde la crisis alimentaria de 2007-2008, lo que provoca una menor producción de alimentos y afecta más a los pequeños agricultores.
En respuesta a la inflación de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes, los países han gastado más de 710 000 millones de en medidas de protección social que cubren a 1000 millones de personas, incluidos aproximadamente 380 000 millones de dólares en subsidios.
Sin embargo, solo se han gastado 43 000 millones de dólares en países de ingresos bajos para medidas de protección social, en comparación con 507 600 millones en países de ingresos altos.
Los organismos coinciden en que junto con atender los focos de hambre se requiere facilitar más el comercio, mejorar el funcionamiento de los mercados y fortalecer el papel del sector privado, así como “reformar y reorientar los subsidios dañinos con una focalización cuidadosa y con eficiencia”.
En particular “se deben evitar políticas como las restricciones a la exportación, que pueden impedir el acceso a los alimentos a los consumidores pobres en los países importadores de alimentos de bajos ingresos”.
Por otra parte, “los países deben reexaminar y reformar su apoyo a la agricultura, que ascendió a alrededor de 639 000 millones de dólares por año entre 2016 y 2018”, y desde entonces ha ido en aumento.
“De cada dólar gastado, solo 35 centavos van a parar a los agricultores. Gran parte de este apoyo incentiva el uso ineficiente de los recursos, distorsiona los mercados globales o socava la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la productividad agrícola”, plantearon las entidades en su documento.
Ese financiamiento “debe reformarse y reorientarse de manera que fortalezca la resiliencia y la sostenibilidad del sistema agroalimentario, como la adopción de buenas prácticas agrícolas y la investigación e innovación, incluida la eficiencia en la aplicación de fertilizantes y alternativas a los fertilizantes sintéticos”.
Otros cambios deberían alcanzar a los servicios de extensión y asesoría, infraestructura y logística mejoradas, y tecnologías digitales que mejoran la productividad de manera sostenible, agregó la declaración.
Las cinco entidades, finalmente, dijeron que están “monitoreando de cerca” la situación en Turquía y Siria, víctimas de devastadores terremotos, y que se aprestan a movilizar el apoyo necesario según los mandatos de cada organización.
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