Mineros artesanales reclaman no ser tratados como los ilegales en Sudáfrica

Mineros artesanales sudafricanos trabajan en una mina abandonada a cielo abierto. Foto: Cortesía de Naam

JOHANNESBURGO –  Los centros mineros de Sudáfrica se han convertido en rehenes de una floreciente pero cruenta economía minera ilegal, en medio de la cual los perdedores son los mineros artesanales tradicionales del país.

Acaudalados capos, principalmente de Lesoto, el país enclavado dentro del territorio sudafricano, dirigen sindicatos criminales y reclutan a trabajadores pobres para que se adentren en pozos subterráneos en desuso en busca de la riqueza mineral sudafricana.

Apodados localmente como «zama zamas», muchos de estos mineros ilegales son antiguos trabajadores mineros despedidos por las grandes empresas extractivistas legales y que conocen los entresijos de las peligrosas pero lucrativas operaciones mineras.

Paps Lethoko, presidente de la Asociación Nacional de Mineros Artesanales (Naam, en inglés), afirma que estos zama zamas pasan meses en los pozos subterráneos. Sus jefes criminales regentan tiendas de comestibles en las oscuras entrañas de la tierra.

«Venden pan por 200 rands (su precio normal es de unos 20 rands) y conservas de pescado por 300 rands (su valor de mercado es unos 25 rands). Tras meses de vivir en las claustrofóbicas catacumbas en condiciones peligrosas, los mineros acaban con unos 30 000 rands (unos 1800 dólares) y pagando más del doble de lo normal por comida y otros artículos de primera necesidad a los mismos jefes que los emplean», dijo a IPS.

Lethoko asegura que la mayoría de los pozos subterráneos en desuso de Klerksdorp, una ciudad minera de la provincia del Noroeste, están gestionados por un acaudalado político de Lesoto.

«Los mineros basutos (un pueblo ancestral del sur de África) se ven obligados a pagar a los guardias de seguridad hasta 20 000 rands (unos 1700 dólares) para entrar en las minas en las que trabajan. Los tratan peor que a esclavos, igual que hacían las empresas mineras bajo el apartheid (sistema de segregación racial)», aseguró el dirigente gremial.

La violencia es inevitable. Las comunidades locales y los mineros artesanales, que hasta hace poco no podían legalizarse, se ven a menudo atrapados en el fuego cruzado de las batallas territoriales entre bandas rivales de zama zamas.

En julio de 2022, se desató el infierno tras la horrible violación en grupo en un vertedero minero cercano a West Village, en la ciudad de Krugersdorp, en West Rand, parte de Gauteng, la provincia donde se asienta Johannesburgo. La policía detuvo a 80 zama zamas, 14 de los cuales estaban presuntamente relacionados en forma directa con el incidente de la violación, pero posteriormente fueron absueltos.

Los mineros artesanales, que ya están luchando contra la burocracia y la falta de un régimen jurídico adecuado para obtener licencias que les permitan operar legalmente, afirman que el incidente de la violación ha dañado aún más su causa.

Lethoko aseguró: «Hemos estado intentando formar cooperativas y conseguir permisos para operar legalmente, pero las empresas mineras, los medios de comunicación e incluso la policía nos meten en el mismo saco que al criminal zama zamas».

Mineros ilegales, llamados localmente zama zamas, instalados en un asentamiento informal en la periferia de la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Foto: Fawzia Moodley/IPS

Un abogado que les ayudaba dentro de no gubernamental Centro de Recursos Jurídicos (LRC) está de acuerdo.

«La gente e incluso la policía no entienden que los mineros artesanales, esencialmente gente local que durante siglos ha practicado la minería en modo de supervivencia, quieren ser ciudadanos respetuosos con la ley, pero se ven obstaculizados por un sistema inoperante en cada paso del camino», dijo a IPS.

El LRC publicó un informe en 2016 sobre las condiciones en las que operan los mineros artesanales, y poco ha cambiado desde entonces.

En la provincia del Noroeste, la Naam intentó negociar con el gigante minero Harmony Gold para que permitiera a los mineros artesanales seguir extrayendo en el perímetro de la mina.

«La población local sabe dónde encontrar el oro en las escombreras abandonadas. Se trata de conocimientos indígenas, porque llevan mucho tiempo haciéndolo, pero queremos que sea legal, así que formamos una cooperativa y tuvimos una reunión con la empresa”, explicó Lethoko.

Como respuesta, “la seguridad de Harmony les impidió explotar la tierra aunque hacía tiempo que estaba abandonada, y la empresa solicitó un interdicto contra mí y los mineros por allanamiento», añadió como ejemplo de la situación que sufren los mineros artesanales.

Y aún fue peor, recordó, porque se desató una fiebre del oro al difundirse la noticia de la abundancia de oro en la zona.

«Los basutos zama zamas llegaron en masa; tienen mucho dinero, así que sobornaron a la seguridad de la mina y se apoderaron de la zona de la que la empresa había vetado a los mineros artesanales locales», dijo.

Algo ha cambiado desde entonces. El Departamento de Recursos Minerales y Energía (DMRE, en inglés) reconoce ahora la minería artesanal, pero conseguir permisos es caro y oneroso.

«Los mineros artesanales vivimos al día; la mayoría no tenemos datos ni dinero para los permisos, y los funcionarios del DMRE a nivel local no parecen saber que las cooperativas mineras artesanales pueden ser reconocidas legalmente», sin necesidad de esos requisitos, adujo el dirigente de los mineros artesanales.

Lethoko puntualizó que el otro problema es la falta de un marco regulador.

«El DMRE regional y la mayoría de los funcionarios de la administración local desconocen que tenemos derecho a ser reconocidos, por lo que ellos y la policía siguen tratándonos como delincuentes en lugar de ayudarnos a obtener permisos», detalló.

Conseguir permisos es literalmente un «campo minado». Hasta ahora, solo una cooperativa de Kimberley, en la provincia de Cabo Norte, ha recibido reconocimiento legal desde que la reforma de la ley en 2017.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

El abogado Toto Nzamo, miembro de la no gubernamental  Organización Comunitaria Tujaliano, asegura a IPS que la tensión xenófoba estalla regularmente cuando la violencia de los zama zamas se extiende a las comunidades locales.

No ayuda que la Política de Minería Artesanal y en Pequeña Escala, que reconoce el potencial de la minería artesanal como estrategia de subsistencia, reserve el sistema de permisos a los sudafricanos.

Nzamo trabaja con mineros artesanales y zama zamas en el asentamiento informal de Makause, en Germiston, cerca de Johannesburgo, que se dedican a la extracción de oro a cielo abierto en una mina abandonada, mientras luchan por conseguir licencias.

«Tienen que formar cooperativas, identificar el terreno en el que quieren explotar la mina y realizar evaluaciones medioambientales. Estas personas no tienen ni los conocimientos ni el acceso al dinero necesario. El informe de un geólogo cuesta al menos 82 000 rands; ¿de dónde van a sacar estos pobres tanto dinero?», se preguntó Nzamo.

A su juicio, la única forma de acabar con la violencia y la delincuencia de los zama zamas es que el Ministerio del Interior y el DMRE colaboren para garantizar que los extranjeros que cumplan los requisitos obtengan rápidamente sus papeles.

«La tragedia es que, entre los sindicatos criminales, las grandes empresas mineras que están volviendo a las minas que abandonaron porque ahora disponen de tecnología para volver a explotarlas de forma rentable, y el inepto DMRE, se está impidiendo que personas decentes y respetuosas de la ley se ganen la vida legalmente», afirmó el abogado.

T: MF / ED: EG

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