Nueva York – Esta semana los líderes mundiales se reúnen en Davos para discutir una cooperación que permita abordar las múltiples crisis, desde la covid-19 y la creciente inflación hasta la desaceleración del crecimiento económico, la deuda externa y la crisis climática.
Hace solo tres meses, los ministros de Finanzas de todo el mundo se reunieron en Washington por el mismo motivo. El estado de ánimo era sombrío. La necesidad de tomar decisiones ambiciosas no podría ser mayor; sin embargo, no hubo acuerdos, evidenciando la fragilidad del multilateralismo y de la cooperación internacional.
Aún así, los ministros de Finanzas -asesorados por el Fondo Monetario Internacional- siguen recurriendo a políticas antiguas, fallidas y regresivas, como la austeridad (ahora denominada “restricción fiscal” o “consolidación fiscal”), en lugar de las muy necesarias iniciativas sobre impuestos a la riqueza a las corporaciones y la reducción de la deuda, para garantizar una recuperación equitativa para todos.
Un informe global reciente alerta sobre los peligros de una ola de austeridad tras la pandemia, mucho más prematura y severa que la que siguió a la crisis financiera mundial de hace una década. Si bien los gobiernos comenzaron a recortar el gastos público en 2021, se espera un tsunami de recortes presupuestarios en 143 países en 2023, que afectará a más de 6 700 millones de personas, 85 % de la población mundial.
El análisis de las medidas de austeridad consideradas o ya implementadas por los gobiernos del mundo muestra que tienen importantes impactos sociales negativos, perjudicando en particular a las mujeres. Estas medidas son: focalizar la protección social, excluyendo a poblaciones vulnerables que necesitan apoyo, recortando programas para familias, personas mayores y personas con discapacidad (en 120 países); recortar o limitar el gasto salarial del sector público, es decir, reducir el número de funcionarios públicos y sus salarios, incluidos los maestros y los trabajadores de la salud (en 91 países); eliminar subsidios (en 80 países); privatizar servicios públicos o reformar empresas estatales (SOE) en áreas como transporte público, energía y agua; reformar las pensiones ajustando los beneficios y parámetros, resultando en pensiones más bajas para los jubilados (en 74 países); reformar lo relativo a flexibilización laboral (en 60 países); reducir las contribuciones a la seguridad social de los empleadores, lo que hace insostenible la seguridad social (en 47 países); e incluso recortar el gasto en salud a pesar de que la pandemia de la covid-19 no ha terminado.
La austeridad (y todo el sufrimiento humano que provoca) es evitable, hay alternativas. Hay al menos nueve opciones de financiación, disponibles incluso en los países más pobres, que cuentan con el pleno respaldo de la ONU y de las instituciones financieras internacionales, desde el aumento de los impuestos progresivos hasta la reducción de la deuda. Los ministerios de Finanzas deben adoptarlas de forma urgente.
En los últimos años, ciudadanos de todo el mundo han protestado contra las medidas de austeridad. Un estudio reciente sobre protestas mundiales muestra que cerca de 1 500 de las registradas entre 2006-2020 fueron contra la austeridad. La gente pide mejores servicios públicos, protección social, empleos con salarios dignos, justicia tributaria y fiscal, distribución equitativa de la tierra y mejores condiciones de vida, entre otros. Las protestas contra las reformas de las pensiones, los altos precios de los alimentos y del combustible/energía, también han sido muy frecuentes.
En los últimos tiempos, la crisis del empleo y del costo de vida se han acentuado por la pandemia de covid-19, lo que ha generado más protestas, incluso durante los confinamientos.
La mayoría de las protestas globales contra la austeridad y en defensa de la justicia económica muestran indignación por las grandes desigualdades. La idea del “1% contra el 99%”, surgida hace una década durante las protestas por la crisis financiera de 2008, se extendió por todo el planeta, alimentando los agravios contra las élites y corporaciones que manipulan las políticas públicas a su favor, mientras que la mayoría de los ciudadanos siguen soportando bajos niveles de vida, agravados por los recortes por austeridad. Recordemos que se utilizaron miles de billones de dólares para apoyar a las corporaciones durante la pandemia y para financiar el gasto militar. Y ahora se le pide a la gente que se sacrifique con recortes por medidas de austeridad, en un momento en que están sufriendo por el alto costo de vida. Las reuniones de 2023 en Davos se enfrentan a nuevas protestas y exigencias de gravar impuestos a los ricos.
A menos que los políticos cambien de rumbo, no debería sorprendernos ver un aumento de las protestas en todo el mundo. Es muy probable que los enfrentamientos en las calles se intensifiquen si los gobiernos continúan sin responder a las demandas de la gente y persisten en implementar políticas de austeridad perjudiciales. Los gobiernos deben escuchar las demandas de los ciudadanos que protestan legítimamente porque se les niegan sus derechos sociales, económicos y civiles. Desde empleos, servicios públicos y seguridad social hasta justicia fiscal y climática, la mayoría de las demandas de los manifestantes están en total conformidad con las propuestas de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los líderes mundiales solo generarán más malestar si no cumplen con estas demandas legítimas.
Isabel Ortiz es directora del Programa de Justicia Social Global en la Iniciativa para el Diálogo de Joseph Stiglitz, exdirectora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Sara Burke es Analista Sénior en la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
