NACIONES UNIDAS – El aumento de las ejecuciones autorizadas por el Estado en todo el mundo, como en Irán, Singapur, Arabia Saudí y, más recientemente, Myanmar, ha provocado fuertes condenas por parte de Naciones Unidas y de varias organizaciones de derechos civiles y humanos.
Según Amnistía Internacional (AI), el año pasado los jueces dictaron al menos 2052 sentencias de muerte en 56 países, lo que supone un aumento de casi 40 % con respecto a 2020, con grandes picos en varios países como Bangladesh (al menos 181, desde al menos 113), India (144, desde al menos 77) y Pakistán (al menos 129, desde al menos 49).
Otros países que aplican la pena de muerte, según AI, son Egipto, Irak, Somalia, Sudán del Sur, Bielorrusia, Japón, Emiratos Árabes Unidos, República Democrática del Congo (RDC), China, Corea del Norte, Vietnam y Yemen.
En los regímenes militares, como el de Myanmar, las fuerzas armadas desempeñan un triple papel: juez, jurado y verdugo.
Simon Adams, presidente del Centro para las Víctimas de la Tortura, la mayor organización del mundo que trabaja con los supervivientes de la tortura y aboga por su abolición en todo el mundo, dijo a IPS que la ejecución en julio de cuatro activistas prodemocráticos por parte de la junta militar de Myanmar representa un retorno enfermizo a la política de “la soga del ahorcado”.
La detención arbitraria y la tortura también se han cometido a escala industrial en ese país del sudeste de Asia, dijo.
El régimen militar ha detenido a más de 14 000 personas y condenado a muerte a más de 100 desde el golpe de Estado de febrero de 2021. Aunque muchos gobiernos de todo el mundo han condenado los recientes ahorcamientos, señaló que va a hacer falta algo más que palabras para acabar con las atrocidades en Myanmar, la antigua Birmania.
“La gente pide a gritos que se impongan sanciones selectivas a los generales, que se imponga un embargo de armas y que los torturadores y verdugos de Myanmar rindan cuentas en virtud del derecho internacional», dijo Adams, que también ayudó a abrir el caso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde Gambia impulsó un proceso para que los militares de Myanmar respondan por el genocidio contra la minoría rohinyá.
Amnistía Internacional, con sede en Londres, denunció en mayo que en 2021 «se produjo un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, ya que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieron a las andadas y los tribunales se liberaron de las restricciones impuestas por la covid-19».
La mayor parte de este aumento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017.
Esto se debió en parte a un marcado aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, una violación flagrante del derecho internacional que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos que no sean los que implican un asesinato intencional, dijo AI.
Antony J. Blinken, secretario de Estado estadounidense, declaró la última semana de julio que Estados Unidos condena en los términos más enérgicos las ejecuciones por parte del régimen militar birmano de los activistas prodemocráticos y líderes electos Ko Jimmy, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw por el ejercicio de sus libertades fundamentales.
“Estos reprobables actos de violencia son un ejemplo más del total desprecio del régimen por los derechos humanos y el Estado de derecho”, afirmó.
Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, señaló, el régimen ha perpetuado la violencia contra su propio pueblo, matando a más de 2100 personas, desplazando a más de 700 000 y deteniendo a miles de personas inocentes, entre ellas miembros de la sociedad civil y periodistas.
“Los juicios falsos del régimen y estas ejecuciones son intentos flagrantes de extinguir la democracia; estas acciones nunca suprimirán el espíritu del valiente pueblo de Birmania”, añadió.
Blinken aseguró que Estados Unidos se une al pueblo de Birmania en su búsqueda de la libertad y la democracia “y pide al régimen que respete las aspiraciones democráticas del pueblo, que ha demostrado que no quiere vivir ni un día más bajo la tiranía del régimen militar”.
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Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue frontal en su condena a la ejecución de los activistas en Myanmar.
“Estoy consternada porque, a pesar de los llamamientos de todo el mundo, los militares han llevado a cabo estas ejecuciones sin tener en cuenta los derechos humanos. Esta medida cruel y regresiva es una extensión de la actual campaña represiva del ejército contra su propio pueblo”, afirmó.
“Estas ejecuciones -las primeras en Myanmar en décadas- son crueles violaciones del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, y de las garantías de un juicio justo. Que los militares amplíen sus matanzas no hará sino ahondar la crisis que ellos mismos han creado”, remarcó.
La alta comisionada también pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos y otras personas detenidas arbitrariamente, e instó al país a restablecer su moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte, como paso hacia su eventual abolición.
Mientras tanto, en una declaración publicada el 2 de agosto, Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, enfatizó que “deploramos el ahorcamiento hoy de dos hombres en Singapur y estamos profundamente preocupados por la ejecución prevista de otros dos el 5 de agosto”.
Esos dos ejecutados el martes 2 son un malasio y un singapurense, que fueron ahorcados en la prisión de Changi, tras ser condenados a muerte en mayo de 2015 por tráfico de drogas y luego que sus varios recursos fueran rechazados.
Actualmente se espera que otros dos hombres, Abdul Rahim bin Shapiee y su coacusado Ong Seow Ping, sean ejecutados este viernes 5 después de que la familia de Bin Shapiee recibiera la notificación de su destino el 29 de julio.
Ambos fueron condenados en 2018 por posesión de drogas con fines de tráfico y sus sentencias fueron confirmadas en instancias de apelación. En el pasado, los coacusados casi siempre han sido ejecutados el mismo día.
“Instamos a las autoridades de Singapur a detener todas las ejecuciones programadas, incluidas las de Abdul Rahim bin Shapiee y Ong Seow Ping”, señala la declaración.
Y añade: “También pedimos al gobierno de Singapur que ponga fin a las condenas a muerte obligatorias por delitos relacionados con las drogas, que conmute todas las condenas a muerte por penas de prisión y que establezca inmediatamente una moratoria de todas las ejecuciones, con vistas a abolir la pena de muerte».
“La pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y cada vez hay más consenso en favor de su abolición universal. Hasta ahora, más de 170 Estados han abolido o introducido una moratoria sobre la pena de muerte, ya sea en la ley o en la práctica”, señaló Throssell.
Agnès Callamard, secretaria general de AI, dijo que China, Corea del Norte y Vietnam siguen ocultando su uso de la pena de muerte tras capas de secreto, “pero, como siempre, lo poco que vemos es motivo de gran alarma”.
En el caso de la ejecución de mujeres, los casos conocidos también subieron de nueve a 14, mientras que las autoridades iraníes continuaron con su abominable ataque a los derechos de los niños al ejecutar a tres personas que tenían menos de 18 años en el momento del delito, en contra de sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
Mientras tanto, Arabia Saudí duplicó con creces el número de ejecuciones, una tendencia nefasta que continuó en 2022 con la ejecución de 81 personas en un solo día de marzo, según AI.
Además del aumento de las ejecuciones observado en Arabia Saudí (65, frente a las 27 de 2020), se registraron incrementos significativos respecto a 2020 en Somalia (al menos 21, frente a al menos 11) Sudán del Sur (al menos 9, frente a al menos 2) y Yemen (al menos 14, frente a al menos 5). Bielorrusia (al menos 1), Japón (3) y Emiratos Árabes Unidos (al menos 1) también llevaron a cabo ejecuciones, sin haberlo hecho en 2020.
Se registraron aumentos significativos de las condenas a muerte en comparación con 2020 en la República Democrática del Congo (al menos 81, frente a al menos 20), Egipto (al menos 356, frente a al menos 264), Irak (al menos 91, frente a al menos 27), Myanmar (al menos 86, frente a al menos 1), Vietnam (al menos 119, frente a al menos 54) y Yemen (al menos 298, frente a al menos 269), señaló AI.
En varios países en 2021, según AI, la pena de muerte se utilizó como instrumento de represión estatal contra las minorías y los manifestantes, y los gobiernos mostraron un absoluto desprecio por las salvaguardias y restricciones a la pena de muerte establecidas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
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