GINEBRA – Milicias amparadas por el gobierno y grupos rebeldes practican masacres y violaciones masivas en las luchas que les oponen en la República Centroafricana, denunció en sendos informes la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Condeno enérgicamente estos horribles actos. El gobierno debe poner fin a todas las violaciones, ya sea por parte de sus propias fuerzas, milicias progubernamentales afiliadas o empresas militares privadas extranjeras, y llevar ante la justicia a todos los involucrados directa o indirectamente”, expresó Bachelet.
Con respecto a los grupos antigubernamentales, Bachelet dijo que “las historias crueles contadas por víctimas de esclavitud sexual y violencia sexual describen crímenes que nunca debieron haber ocurrido. Sin embargo, es alarmante constatar que no sólo se han cometido estos actos, sino que se siguen cometiendo”.
En la República Centroafricana combaten por el control de territorios ricos en recursos naturales tanto efectivos gubernamentales como milicias aliadas y de la firma rusa Wagner, contra fuerzas rebeldes enraizadas en grupos étnicos y religiosos.
El país, de 623 000 kilómetros cuadrados y cinco millones de habitantes, es uno de los más pobres del mundo y ha vivido ciclos de violencia política prácticamente desde que se independizó de Francia en 1960. En el terreno hay una Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minusca).
Un primer informe de la oficina de Bachelet (Acnudh) analiza cómo grupos que antes integraron una milicia conocida como Anti-Balaka (antimusulmanes) atacaron al pueblo de Boyo en la central prefectura (provincia) de Ouaka, del 6 al 13 de diciembre de 2021.
Al menos 20 civiles fueron asesinados, cinco mujeres y niñas violadas, 547 casas quemadas y saqueadas, y más de 1000 aldeanos obligados a huir.
Los milicianos utilizaron machetes en su ataque contra civiles desarmados. También retuvieron a varios cientos de civiles durante tres días en la mezquita del pueblo y amenazaron con matarlos.
Al parecer, el ataque se hizo para castigar a la comunidad musulmana de Boyo, percibida como partidaria de Unidos por la Paz en la República Centroafricana (UPC), un grupo armado comprometido en la lucha contra el gobierno.
Mostró que el gobierno, junto con miembros de compañías militares privadas, supuestamente entrenó y armó a jóvenes reclutados localmente y creó milicias para ingresar a las aldeas bajo el control de otros grupos armados.
Esos hechos podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad, y confirman reportes de Minusca en el sentido de que empresas militares extranjeras utilizan a milicianos locales para atacar a la población civil.
El segundo informe de Acnudh se basa en cuatro misiones de investigación a las prefecturas de Mbomou y Haute-Kotto, oriente del país, y de la Minusca.
Detalla casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, cometidos entre diciembre de 2020 y principios de marzo de 2022, por miembros de la Coalición de Patriotas para el Cambio (CPC), una alianza del Frente Popular para el Renacimiento de Centroáfrica (FPRC), la UPC y otros cuatro grupos armados.
La CPC firmó en febrero de 2019 un acuerdo de paz con el gobierno, pero luego lo denunció, decidió boicotear las elecciones de diciembre de 2020, e intenta desalojar por la fuerza al presidente Faustin-Archange Touadéra,
En las zonas controladas por la CPC –ricas en uranio, oro y diamantes- el FPRC y la UPC han sido acusados de graves abusos a los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, en particular la violencia sexual.
“Los casos de violencia sexual, documentados por Minusca en las prefecturas de Mbomou y Haute-Kotto, confirman que se perpetró violencia sexual relacionada con el conflicto de manera sistemática y generalizada”, dice el informe.
Minusca continúa documentando casos similares en áreas bajo el control de estos grupos armados, lo que indica que este tipo de violencia continúa. “Estas atrocidades son inaceptables y deben detenerse de inmediato”, dijo Bachelet.
Los informes contienen una serie de recomendaciones, en particular la de instar a los grupos armados a cesar todos los ataques y represalias contra la población civil, incluidos los actos de violencia sexual, y a deponer las armas y reincorporarse al proceso de paz.
En particular, se llama al gobierno de la República Centroafricana para que implemente medidas concretas y efectivas para proteger a los civiles, y prevenir futuras violaciones y abusos de los derechos humanos en áreas afectadas por la violencia y el conflicto armado.
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