GINEBRA – Expertos del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron este 31 de mayo al gobierno de Arabia Saudita que libere de inmediato al joven Abdullah al-Howaiti, de 19 años, y que anule la pena de muerte en su contra por delitos que presuntamente cometió cuando era niño.
De su lado, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) pidió que el rey saudita Salman bin Abdul Aziz detenga la ejecución inminente de Jaafar Sultan y Sadeq Thamer, dos hombres bahreiníes de 33 y 30 años “condenados por terrorismo y cargos relacionados con unas protestas en un juicio manifiestamente injusto”.
Al-Howaiti fue arrestado en mayo de 2017, cuando solo tenía 14 años, acusado de robo y asesinato, y condenado, a pesar de tener una coartada, sobre la base de una confesión de culpabilidad obtenida bajo tortura y otros malos tratos, según el grupo de relatores de derechos humanos de la ONU que se pronunció en esta ciudad suiza.
La Corte Suprema de Arabia Saudita anuló la sentencia en 2021, pero en un nuevo juicio se le condenó a muerte por segunda vez, el pasado 2 de marzo.
Los expertos dijeron que “estamos alarmados por la confirmación de la sentencia de muerte contra al-Howaiti, sin iniciar ninguna investigación sobre las denuncias de tortura ni determinar la veracidad de la confesión de culpabilidad bajo coacción”.
“Nos gustaría recordar a las autoridades saudíes su obligación de realizar una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido tortura, y de excluir de los procedimientos judiciales cualquier prueba obtenida mediante tortura y coacción”, puntualizaron.
También recordaron que la imposición de la pena de muerte a niños está absolutamente prohibida por el derecho internacional, y ninguna excepción o derogación de esta prohibición es posible bajo ninguna circunstancia.
Los expertos que abogan por detener la sentencia de muerte sobre al-Howaiti son el argentino-chileno Morris Tidball-Binz, experto forense y relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que preside la jurista ecuatoriana Miriam Estrada-Castillo.
“Instamos al gobierno saudí a que adopte sin demora las medidas legislativas necesarias para abolir la imposición de la pena de muerte para los niños por todos los delitos, incluso los castigados con qisas y hudud”, dijeron los expertos.
Qisas es una categoría de justicia retributiva por asesinato en Arabia Saudita, que permite a las familias de las víctimas exigir la pena de muerte, compensación u ofrecer un indulto, mientras que Hudud se refiere a la ley penal islámica o castigos coránicos por delitos que incluyen robo, bandolerismo, adulterio y apostasía.
En Arabia Saudita hubo 27 ejecuciones en 2020, 65 en 2021 y la tendencia está en aumento, pues en un solo día del pasado marzo fueron ejecutados 81 individuos.
Por ello AI consideró que Thamer y Sultán, oriundos del Bahréin, pequeño país vecino, corren riesgo inminente de ejecución, pues sus condenas solo están pendientes de ratificación por parte del monarca saudita.
El rey Salman “debe detener inmediatamente la ejecución de Sultan y Thamer, anular sus condenas a muerte y garantizar que se los juzgue de nuevo con arreglo al derecho internacional”, manifestó Lynn Maalouf, directora adjunta de AI para Oriente Medio y Norte de África.
“Al confirmar estas condenas a muerte, el sistema judicial saudí ha mostrado, una vez más, un escalofriante desprecio de los derechos humanos. Si el rey ratifica sus condenas, su ejecución constituirá una privación arbitraria del derecho a la vida”, consideró Maalouf.
Thamer y Sultan fueron detenidos el 8 de mayo de 2015, sindicados de terrorismo en relación con la introducción ilegal en Arabia Saudita de materiales explosivos, y por su participación en protestas contra el gobierno de Bahréin.
Según AI estuvieron durante tres meses y medio incomunicados y presumiblemente sometidos a torturas, y no se les permitió revelar las condiciones de su detención. No tuvieron acceso a representación letrada durante su detención preventiva ni en los interrogatorios, y dijeron al tribunal que fueron torturados.
La organización humanitaria reclamó que se anule la sentencia de muerte sobre ambos bahreiníes, que se investiguen las condiciones de su reclusión y proceso, y que se realice un nuevo juicio.
AI “se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el sistema de ejecución utilizado por el Estado”.
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