LONDRES – La aplicación de la pena de muerte aumentó en 2021, con 579 ejecuciones en 18 países, un incremento de 20 % respecto del año anterior, registró un informe divulgado este martes 24 por la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), que aboga por la abolición de ese castigo.
Agnès Callamard, secretaria general de AI, lamentó que “en lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia”.
El informe sostiene que las ejecuciones aumentaron “a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas, y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la covid-19”.
A medida que las restricciones debidas a la pandemia -que con anterioridad habían retrasado los procesos judiciales- se fueron levantando en muchas partes del mundo, los jueces dictaron al menos 2052 sentencias a muerte en 56 países, un aumento de casi 40 % respecto a 2020.
Hubo grandes repuntes en países como Bangladesh (al menos 181, frente a 113 en 2020), India (144 frente a 77) y Pakistán (129 frente a 49 sentencias en 2020).
“En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia”: Agnès Callamard.
Para Callamard esas sentencias y ejecuciones muestran “un cruel desprecio por el derecho a la vida, a pesar de las urgentes crisis mundiales de derechos humanos”.
En ejecuciones gran parte del incremento correspondió a Irán, que aplicó ese castigo al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), al aumentar la aplicación de la pena capital en casos relacionados con drogas.
Ello supuso “una flagrante violación del derecho internacional”, según AI, recordando en su informe normas que prohíben el uso de la pena de muerte para delitos distintos a los que impliquen homicidio intencional.
También Arabia Saudí “duplicó con creces el número de ejecuciones, una sombría tendencia que continuó en 2022 con la ejecución de 81 personas en un mismo día en el mes de marzo”, asentó el informe.
Pese a estos retrocesos, el número total de ejecuciones registradas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que AI ha registrado desde al menos 2010.
Como en años anteriores, los totales globales de condenas a muerte y ejecuciones registradas no incluyen los miles de personas que AI cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam.
“El secretismo y el acceso restringido a la información en esos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones, mientras que en otros casos los totales registrados deben considerarse cifras mínimas”, indicó el reporte.
Destacan por su número las ejecuciones registradas en Egipto (81), Siria (24), Somalia (21), Iraq (17), Yemen (14) y Sudán del Sur (9).
En América solo se registraron el año pasado las 11 ejecuciones aplicadas en Estados Unidos, el número más bajo desde 1988, y AI observó que el gobierno federal de ese país estableció una moratoria temporal sobre la aplicación de esa pena.
El informe indica que la pena de muerte se utilizó en 2021 como instrumento de represión del Estado contra minorías y manifestantes. Por ejemplo, en Myanmar, donde tribunales militares en procedimientos sumarios sentenciaron a unas 90 personas, algunas en ausencia, entre ellas manifestantes y periodistas.
En Irán, según AI, se utilizaron esas condenas de forma desproporcionada contra personas pertenecientes a minorías étnicas por cargos poco precisos como “enemistad con Dios”.
De las ejecuciones registradas (61), 19 % correspondieron a miembros de la minoría étnica baluchi, que constituye apenas cinco por ciento de la población de Irán.
El informe indicó que “a pesar de estos datos alarmantes, a lo largo de 2021 se mantuvieron las señales positivas de una tendencia mundial hacia la abolición. Por segundo año consecutivo, el número de países de los que hay constancia de ejecuciones fue el más bajo desde que AI comenzó a elaborar sus registros”.
En Sierra Leona, el parlamento aprobó en julio, por unanimidad, una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, aunque todavía no ha entrado en vigor.
En diciembre, Kazajistán aprobó una ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos, que entró en vigor en enero de 2022.
El gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de entrar en vigor, y el de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022.
En República Centroafricana y Ghana, los legisladores iniciaron procesos para abolir la pena capital, que siguen en marcha. Rusia, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones.
En Estados Unidos, Virginia se convirtió en el vigésimo tercer estado abolicionista y el primero del sur en abolir la pena de muerte, mientras que, por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas.
En todo el mundo, 108 países habían abolido completamente la pena de muerte al finalizar el año 2021.
A-E/HM
