GINEBRA – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, elogió este jueves 13 la condena “histórica” de un tribunal alemán contra el militar sirio Anwar Raslan, sentenciado a cadena perpetua como culpable de muchos asesinatos y torturas a opositores en su país.
El juicio “arrojó una luz renovada y muy necesaria sobre los tipos de tortura repugnante, trato cruel y verdaderamente inhumano, incluida la violencia sexual abyecta, a los que fueron sometidos innumerables sirios en los centros de detención”, dijo la responsable de derechos humanos de la ONU.
“El veredicto debería servir para impulsar todos los esfuerzos para ampliar la red de rendición de cuentas de todos los perpetradores de los crímenes atroces que han caracterizado este brutal conflicto”, agregó Bachelet.
La también expresidenta de Chile en 2006-2010 y 2014-2018 instó a otros Estados a asumir la investigación y persecución de graves violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales, utilizando los principios de la jurisdicción universal y extraterritorial.
El Tribunal Superior de la ciudad de Coblenza se basó en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves en tribunales de terceros países, en su caso incluso sin necesidad de que haya ciudadanos alemanes entre las víctimas.
Según el tribunal, se probó que Raslan cometió 27 asesinatos –la fiscalía le acusaba de 58- y fue responsable de la tortura unas 4.000 personas en una prisión en Damasco en la que actuó como funcionario, con rango de coronel.
“Esta condena ha puesto sobre aviso a las autoridades del Estado: no importa dónde se encuentre o qué rango tenga, si comete torturas u otras violaciones graves de los derechos humanos, tarde o temprano tendrá que rendir cuentas, en su país o en el extranjero”: Michelle Bachelet.
Raslan, de 58 años, desertó de las filas sirias en 2014 y llegó a Alemania como refugiado en 2019, haciéndose pasar como una más de los millones de víctimas de la guerra civil, pero fue reconocido por otros refugiados, y su juicio se inició en 2020.
El tribunal de Coblenza condenó el año pasado a Eyad al-Gharib, de 44 años, un antiguo subordinado de Raslan, a cuatro años y medio de cárcel como cómplice de un crimen de lesa humanidad por haber ayudado a otros a privar de libertad y a torturar a 30 personas mientras estaban bajo su custodia.
Fue la primera vez que un tribunal de justicia calificó como crímenes de lesa humanidad esas violaciones de derechos humanos en Siria, escenario desde hace 10 años de una guerra civil en la que han participado múltiples actores nacionales y potencias regionales e internacionales.
“Este es un claro ejemplo de cómo tribunales nacionales pueden y deben colmar las lagunas en la rendición de cuentas por tales delitos dondequiera que se hayan cometido, con investigaciones y juicios justos e independientes, de conformidad con las leyes y normas internacionales de derechos humanos”, dijo Bachelet.
Para la alta comisionada “esto sirve como un poderoso elemento disuasorio y ayuda a prevenir futuras atrocidades”.
Su oficina en esta ciudad suiza recordó que se han realizado otros casos penales y civiles contra exfuncionarios y miembros de grupos armados no estatales acusados de delitos en Alemania y en otras jurisdicciones, entre ellas Austria, Francia, Hungría, Países Bajos, Suecia y Suiza.
En el caso de Siria, “la acción a nivel nacional es particularmente importante ya que Siria no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y el Consejo de Seguridad (de la ONU) ha fallado repetidamente en remitir la situación al Fiscal de la CPI”, se indicó.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 exige que los Estados Parte garanticen que todos los actos de tortura sean delitos en virtud de su legislación penal.
De acuerdo con esa convención, están obligados a establecer su jurisdicción sobre la tortura cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio.
Para Bachelet “esta condena ha puesto sobre aviso a las autoridades del Estado: no importa dónde se encuentre o qué rango tenga, si comete torturas u otras violaciones graves de los derechos humanos, tarde o temprano tendrá que rendir cuentas, en su país o en el extranjero”.
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