GINEBRA – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este jueves 18 el asesinato por las fuerzas de seguridad de Sudán de al menos 39 personas desde el golpe militar del 25 de octubre, de ellos 15 abaleados en un solo día de protestas.
“Tras nuestros repetidos llamamientos a las autoridades militares y de seguridad para que se abstengan del uso de fuerza innecesaria y desproporcionada contra los manifestantes, es absolutamente vergonzoso que ayer se volviera a utilizar munición real contra ellos”, dijo Bachelet.
Al menos 15 personas perecieron el miércoles 17, abaleadas durante las protestas en la capital, Jartum, y sus suburbios Jartum-Bahri y Omdurman, donde se registraron más de 100 heridos, de los cuales 80 recibieron balazos en la parte superior del cuerpo y la cabeza, según indicaron fuentes médicas,
“Disparar contra grandes multitudes de manifestantes desarmados, dejando decenas de muertos y muchos más heridos, es deplorable, está claramente dirigido a sofocar la expresión de la disidencia pública y equivale a graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”, expresó la alta comisionada.
Hubo un uso intensivo de gases lacrimógenos y la policía emitió un comunicado indicando que 89 agentes también resultaron heridos. Las autoridades practicaron detenciones antes, durante y después de las manifestaciones.
El 25 de octubre, fuerzas militares en Sudán derrocaron al gobierno de transición cívico-militar, arrestaron al primer ministro Abdalla Hamdok, a varios de sus colaboradores y a líderes partidos progubernamentales, y el general Abdel Fatah al Burhan, jefe del Ejército, decretó el estado de emergencia.
“Disparar contra grandes multitudes de manifestantes desarmados, dejando decenas de muertos y muchos más heridos, es deplorable, está claramente dirigido a sofocar la expresión de la disidencia pública y equivale a graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”: Michelle Bachelet.
Hace una semana el general al Burhan estableció un Consejo Soberano de 14 miembros para dirigir el país, encabezado por él, ante lo cual se reanimaron las protestas civiles que siguieron al golpe de estado de octubre.
Al iniciarse las manifestaciones y su represión el día 17, la autoridad militar impuso un cierre total de las comunicaciones telefónicas y móviles en todo el país, además del cierre continuo de los servicios de internet, aislando a Sudán del mundo.
Eso significa que “las personas no pueden llamar a las ambulancias para tratar a los manifestantes heridos, las familias no pueden verificar la seguridad de sus seres queridos y los hospitales no pueden comunicarse con los médicos mientras las salas de emergencia se llenan”, observó Bachelet, médico de profesión.
“Los cierres generales de internet y telecomunicaciones violan los principios básicos de necesidad y proporcionalidad y contravienen el derecho internacional”, agregó Bachelet, quien fue dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018).
Desde el golpe militar, los periodistas, en particular los que se considera críticos con las autoridades, han sido blanco de ataques: arrestados arbitrariamente, atacados mientras informaban, las fuerzas de seguridad allanaron sus casas y oficinas, y hubo un intento de secuestro de periodistas por asaltantes armados vestidos de civil.
“Con los cierres de internet, el papel de los periodistas en la difusión de información esencial sobre la situación actual es particularmente crucial, pero temo que el entorno cada vez más hostil contra ellos pueda conducir a la autocensura y amenazar aún más el pluralismo y la independencia de los medios”, dijo Bachelet.
“Insto a las autoridades a que pongan en libertad de inmediato a todos los detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, así como a todos los actores políticos detenidos, como se han comprometido públicamente a hacer”, dijo la responsable de derechos humanos de la ONU.
También destacó la necesidad de garantizar que los trabajadores de la salud no sean objetivo de la acción de las fuerzas de seguridad cuando brinden atención médica a manifestantes heridos, y que su trabajo esencial no se vea obstaculizado.
Finalmente recordó que los miembros de las fuerzas de seguridad, así como los líderes políticos y militares responsables del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, deben rendir cuentas de acuerdo con las normas y el derecho internacional de los derechos humanos.
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