GINEBRA – Los recursos financieros para la adaptación climática en los países en desarrollo, hasta ahora comprometidos en 100 000 millones de dólares anuales, deben triplicarse para 2030, indicó un estudio presentado este jueves por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).
Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad, dijo que “cumplir con la promesa de 100 000 millones al año para el Fondo Verde para el Clima es una necesidad en Glasgow. Pero alinear la ambición y la acción requerirá un esfuerzo de reforma aun mayor y concertado a nivel multilateral”.
Glasgow, en Reino Unido, albergará desde el 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre la 26 Conferencia de las Partes (COP26) sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que examinará programas de adaptación y mitigación, y podrá aumentar compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento del planeta.
El informe de la Unctad, publicado con miras a la COP26, propone un enfoque transformador para la adaptación climática: que las economías avanzadas garanticen que las instituciones multilaterales ayuden a los países en desarrollo a gestionar las presiones de un clima cambiante, sin comprometer sus objetivos de desarrollo.
Sus estimaciones indican que los costos anuales de adaptación climática en los países en desarrollo podrían llegar a los 300 000 millones en 2030. Aún más, de no alcanzarse los objetivos de mitigación, el costo anual sumaría hasta 500 000 millones para 2050.
Sin embargo, la financiación actual es menos de una cuarta parte de la cifra referenciada para 2030, y el informe advierte que depender de financiación privada no alcanzará tal escala, ni tampoco llegará a los países más necesitados.
Grynspan sostuvo que “es imprescindible garantizar la financiación adecuada para que los países en desarrollo se adapten a los efectos cada vez más graves del incesante cambio climático, que no tiene fronteras, por lo que nuestra estrategia para adaptarnos a él debe estar coordinada a nivel mundial”.
La Unctad propone que la comunidad internacional se centre en un grupo de reformas, comenzando porque los países más industrializados cumplan con los compromisos de asistencia oficial al desarrollo (AOD), y sumar financiamiento adicional para adaptación al cambio climático y generar resiliencia.
Si los países de Grupo de los Siete (G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) hubieran cumplido en 2020 la meta de entregar como AOD 0,7 por ciento de su producto bruto, habría una disponibilidad de 155 000 millones de dólares adicionales para cumplir objetivos de desarrollo.
Seguidamente, la Unctad plantea que el alivio y la restructuración de la deuda de los países en desarrollo deben figurar firmemente en la agenda climática, y “un lugar obvio para comenzar” sería la deuda de los V20, grupo de 20 países vulnerables al cambio climático en África, Asia, el Pacífico, América Central y el Caribe.
Se considera sin embargo que el vínculo existente entre las crisis climática y de la deuda “pone de relieve la necesidad de reformas más sistémicas en la arquitectura internacional de la deuda”.
Sostiene el informe que los bancos multilaterales de desarrollo necesitan capital adicional para financiar la adaptación climática a través de subvenciones y préstamos en condiciones extremamente favorables.
Estos podrían financiarse con bonos verdes (activos líquidos de ingreso fijo dirigidos a proyectos sustentables) e impuestos del tipo de la tasa Tobin (sobre las transacciones financieras), o mediante la reorientación de subsidios a combustibles fósiles.
La Unctad considera que los mercados de bonos verdes son un mecanismo posible de financiación a largo plazo, aunque los estándares regulatorios van a la zaga del avance de estos mercados y es generalizado el “lavado verde” (mercadeo engañoso para promover productos o políticas supuestamente respetuosos con el ambiente).
También se registra que “muchas de las iniciativas de reforma del sistema de comercio internacional que ganan tracción restan importancia a las profundas divisiones y asimetrías que actualmente estructuran la economía mundial”.
Sugiere que las políticas comerciales nacionales pueden desempeñar un papel complementario en el logro de los objetivos climáticos, mientras que las reglas internacionales mal diseñadas obstaculizarán una transformación verde.
El impulso para liberalizar el comercio de bienes y servicios ambientales beneficiará principalmente a los exportadores de los países desarrollados y limitará el espacio fiscal de los países en desarrollo.
El informe estima que los países en desarrollo y los países menos adelantados perderán 15 000 millones de dólares anuales en ingresos arancelarios si se aplicase dicho enfoque liberalizador.
Finalmente, la Unctad considera que las tecnologías ecológicas críticas deben clasificarse como bienes públicos y su acceso debe ser asequible para todos.
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