BRATISLAVA – Un acuerdo entre 136 países destinado a obligar a las mayores corporaciones del mundo a pagar una llamada tasa justa de impuestos ha sido condenado por los críticos que anticipan que beneficiará a los Estados más ricos a expensas del Sur global.
El acuerdo alcanzado el 8 de octubre, que involucra a países que abarcan a alrededor de 90 % de la economía mundial, incluye planes para un tipo mínimo del impuesto de sociedades de un tipo mínimo de 15 %.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que comandó las negociaciones sobre el acuerdo, ha dicho que ayudará a poner fin a décadas en las que los países se rebajan mutuamente en materia de impuestos. La OCDE aglutina a 36 países, la mayoría europeos, además de Estados Unidos y Japón entre las grandes potencias.
Sin embargo, organizaciones independientes que hacen campaña a favor de una fiscalidad mundial más justa y de la transparencia financiera sostienen que privará a los países en desarrollo de los ingresos necesarios para recuperarse de la pandemia de covid-19, lo que en última instancia empujará a millones de personas a la pobreza.
Matti Kohonen, de la red mundial no gubernamental Coalición por la Transparencia Financiera (FTC, en inglés), dijo a IPS que “en principio, un impuesto de sociedades mínimo global es una buena idea, pero sólo si el tipo es correcto y se aplica adecuadamente. Con este acuerdo, los principales beneficiarios son la OCDE, que ha liderado las negociaciones, y sus principales miembros.
Las peticiones de un tipo mínimo mundial del impuesto de sociedades han aumentado en las últimas décadas en medio de un creciente escrutinio de las prácticas fiscales de las grandes transnacionales, en especial las dedicadas a la tecnología de la información.
El acuerdo de la OCDE, cuya aplicación debe comenzar en 2023, tiene por objeto establecer un límite mínimo para el impuesto de sociedades y evitar que las empresas trasladen sus beneficios a los países con los tipos impositivos más bajos que puedan encontrar.
Según la OCDE, con el tipo mínimo global los países recaudarían unos 150 000 millones de dólares de nuevos ingresos al año, y los derechos fiscales sobre más de 125 000 millones de dólares de beneficios se trasladarían a los países donde las grandes multinacionales obtienen sus ingresos.
Sin embargo, grupos independientes afirman que el acuerdo está muy lejos de lo que se necesita para un sistema mundial justo de impuesto de sociedades y que ha ignorado las necesidades y los deseos de las naciones en desarrollo, que dependen en mayor medida del impuesto de sociedades que los Estados más ricos.
Según una investigación de la OCDE, en 2018 los países africanos recaudaron 19 % de los ingresos globales del impuesto de sociedades, frente a 10 % de los miembros de la OCDE.
Los críticos señalan que el piso de 15 % acordado está muy por debajo de la tasa promedio del impuesto de sociedades en los países industrializados, de alrededor de 23 %, lo que potencialmente crea una carrera hacia la baja de esas tasas, a medida que los países recorten sus actuales tipos para las corporaciones.
Algunos países en desarrollo querían un tipo mínimo global más alto.
Los grupos de la sociedad civil que critican el acuerdo también se muestran preocupados por las numerosas exenciones del mismo: hay un periodo de gracia de 10 años para las empresas en algunos aspectos del acuerdo, y algunas industrias, como las extractivas y los servicios financieros, están exentas.
Mientras tanto, destacan, solo 100 de las mayores empresas del mundo se verían afectadas por una parte del acuerdo que pretende que las corporaciones transnacionales más rentables paguen más impuestos en los países donde obtienen beneficios.
Además, el impuesto mínimo global solo se aplicará a las empresas que facturen más de 750 millones de dólares, lo que excluiría a entre 85 y 90 % de las transnacionales del mundo.
El hecho de que los países tengan que renunciar a los derechos de imposición de los servicios digitales, que son importantes fuentes de ingresos para algunos Estados en desarrollo, también es problemático.
Además, se teme que en muchos casos los impuestos adicionales pagados por las empresas, a las que se eleva su factura fiscal a 15 %, vayan a parar a los países donde tienen su sede. En muchos casos, esto será en naciones ya ricas como Estados Unidos, Reino Unido y algunas de la Unión Europea.
Chenai Mukumba, de la Red por la Justicia en las Tasas de África, dijo a IPS que “tenemos la oportunidad de reformar el sistema fiscal mundial para que sea correcto para los países del Sur, pero nos estamos conformando con mucho menos”.
“Esta es una oportunidad perdida para equilibrar la balanza, para poner la equidad en el centro del sistema”, sostuvo para añadir que “el acuerdo podría tener un efecto negativo en los países africanos, en particular”.
Kenia y Nigeria se encuentran entre los países que no han firmado el acuerdo.
“Muchos países africanos tienen actualmente tipos impositivos para las empresas del 25-30 %. Si el tipo mínimo es de 15 %, existe un gran incentivo para que las empresas trasladen sus beneficios a otro lugar”, analizó Mukumba.
En ese sentido, la especialista y activista explicó que “Kenia no se ha adherido al acuerdo porque está tratando de obtener ingresos de sus derechos fiscales sobre los servicios digitales. Es posible que acabe cediendo a la presión” para adherirse al acuerdo.
Los estudios de evaluación del impacto del acuerdo, publicados por la OCDE en 2020, mostraron que los países en desarrollo obtendrían solo hasta 4 % más de ingresos por el impuesto de sociedades.
Portavoces de la dijeron a IPS este mismo mes de octubre que ahora espera que esos ingresos adicionales sean aún mayores debido a los cambios introducidos en el texto final del acuerdo que terminó aprobado.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Sin embargo, los estudios realizados por la organización internacional de ayuda Oxfam estiman que 52 países en desarrollo recibirían solo alrededor de 0,025 % de su producto interno bruto (PIB) colectivo en ingresos fiscales anuales adicionales, bajo la redistribución de los derechos fiscales establecida en el acuerdo promovido por la OCDE.
El grupo también afirma que un tipo mínimo de 25 % en el impuesto de sociedades recaudaría casi 17 000 millones de dólares más para los 38 países más pobres del mundo, que albergan a casi 39% de la población mundial, en comparación con un tipo de 15 %.
Inmediatamente después de que se alcanzara el acuerdo entre los 136 países, Oxfam afirmó en un comunicado que el acuerdo era una burla a la equidad que priva a los países en desarrollo devastados por la pandemia de covid de unos ingresos indispensables para hospitales, profesores y para mejorar el empleo, entre otras necesidades.
Y añadió: «El mundo está experimentando el mayor aumento de la pobreza en décadas y una explosión masiva de la desigualdad, pero este acuerdo no hará nada o muy poco para frenar ninguna de las dos cosas».
A pesar de las críticas, los responsables de la OCDE repiten en que el acuerdo beneficiará a los países en desarrollo.
Señalan que no afecta a los tipos nacionales del impuesto de sociedades de ningún Estado, y que el periodo de gracia de 10 años solo se aplica a una cantidad muy pequeña de ingresos: el 5 % del valor contable de los activos tangibles de una empresa y de las nóminas en una jurisdicción.
Así lo explicó Grace Pérez Navarro, subdirectora del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. “El impuesto mínimo global tiene como objetivo frenar la competencia fiscal que está provocando una carrera a la baja en las tasas impositivas de las empresas”, aseguró.
“No exige a los países que tienen tipos superiores a 15% que bajen sus tasas de su impuesto de sociedades, solo garantiza que esos países podrán recaudar al menos 15 %, independientemente del tipo de planificación fiscal creativa que se le ocurra a una multinacional”, defendió.
La especialista de la OCDE también aseguró que la tasa global mínima “reducirá el incentivo de las multinacionales para trasladar artificialmente sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación, porque seguirán teniendo que pagar un mínimo de 15 %”.
A su juicio, “también aliviará la presión sobre los países en desarrollo para que ofrezcan incentivos fiscales excesivos y a menudo inútiles, a la vez que proporcionará una exención para las actividades de baja tributación que tengan un contenido real”.
“Esto significa que los países en desarrollo pueden seguir ofreciendo incentivos eficaces que atraigan inversiones extranjeras directas genuinas y sustanciales”, consideró Pérez Navarro.
Pero Mukumba dijo que el problema no es que el acuerdo no aporte ingresos adicionales a las naciones en desarrollo, sino que las naciones más ricas sacarán mucho más provecho de él, lo que le hace muy inequitativo y promoverá un incremento de las brechas entre el Norte industrial y el Sur en desarrollo, y en especial en los países menos adelantados de este grupo.
“Los países en vías de desarrollo quieren un impuesto de sociedades mínimo a nivel mundial, ya lo han pedido en el pasado. Obtendrán ingresos con este acuerdo, sí, pero ni de lejos los que obtendrán las naciones más ricas”, sentenció.
Esto, a su juicio, es especialmente problemático en un momento en que muchos países en desarrollo están luchando contra los efectos de la pandemia de covid y necesitan con urgencia aumentar sus ingresos para afrontarla y para iniciar la recuperación pospandemia.
“Este (acuerdo) apoyará principalmente los esfuerzos de recuperación de los países del Grupo de los Siete (G7, de las potencias más ricas) en lugar de los países en desarrollo, que han sido los más afectados por la pandemia de covid-19 y están más endeudados”, acotó Kohonen, de la Coalición por la Transparencia Financiera.
Ello, concluyó, “les impedirá generar suficientes ingresos para recuperarse de la crisis y, en última instancia, arrojará a millones de personas más a la pobreza extrema”.
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