BEIRUT – Un año después de las devastadoras explosiones en el puerto de esta capital de Líbano, el 4 de agosto de 2020, miles de familias continúan en una situación precaria y urgidas de ayuda con agua, alimentos, educación y vivienda, según informes de varias agencias de las Naciones Unidas.
Son “familias han estado luchando por recuperarse de las secuelas de las explosiones en el peor momento posible, en medio de una devastadora crisis económica y una gran pandemia”, dijo Ted Chaiban, director para Oriente Medio y Norte de África en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Las explosiones destruyeron instalaciones portuarias, comerciales y residenciales. Murieron 218 personas, hubo 7000 heridos, 300 000 beirutíes fueron desplazados de sus hogares y los daños materiales alcanzaron a 6000 millones de dólares.
Desde que se produjeron las explosiones, el país, Líbano, ha estado en caída libre luchando contra una triple crisis, económica, política, y asistencial y sanitaria, esta última por el impacto de la pandemia covid-19, con más de medio millón de infectados y 7900 fallecidos.
Un informe de Unicef señaló que, a raíz de la explosión, miles de familias, al menos siete de cada 10 afectadas, solicitaron ayuda básica, como dinero en efectivo y alimentos para atender a los niños, y esa tendencia sigue vigente.
Los daños al puerto, negocios y otras instalaciones dejaron a miles de personas sin empleo y con problemas para conseguir alimentos y atención médica para sus familias, de acuerdo con la encuesta de Unicef a 1187 hogares.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que muchas familias en el Líbano tienen más dificultades que nunca para hacer frente a la catástrofe.
“En el año transcurrido desde las explosiones, la moneda se ha desplomado a una decimoquinta parte de su valor anterior y la inflación puso los alimentos fuera del alcance de gran parte de la población”, dijo el portavoz del PMA, Tomson Phiri.
El PMA informó que el pasado junio ayudó a conseguir alimentos a casi 400.000 libaneses vulnerables, más un millón de refugiados sirios y de otras nacionalidades que viven en este país de 10 400 kilómetros cuadrados y seis millones de habitantes.
En la encuesta de Unicef un tercio de las familias con menores de 18 años afirmó que al menos un niño seguía mostrando signos de angustia psicológica en su hogar, y esa condición también fue señalada por la mitad delos adultos.
Casi todos los hogares encuestados necesitaron reparaciones después de las explosiones, lo que sigue siendo el caso de la mitad de ellos un año después, y cuatro de cada 10 quedaron con su sistema de suministro de agua afectado.
Unicef sostuvo en su reporte que “mantener la prestación de servicios públicos a corto y largo plazo es clave para la supervivencia y el desarrollo infantil. Esto incluye la provisión de agua, de educación y de atención médica para todos”.
La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) envió esta semana a Beirut a su subdirectora de Educación, Stefania Giannini, para impulsar la rehabilitación de 115 escuelas básicas, 20 centros de formación técnica y profesional, y tres institutos de educación superior.
Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió rendición de cuentas por la profundización de la crisis en el Líbano desde las explosiones.
Bachelet subrayó “la urgente necesidad de que el gobierno garantice una investigación transparente, eficaz, exhaustiva e imparcial sobre el incidente”, según indicó su portavoz, Marta Hurtado, en la ciudad suiza de Ginebra.
El gobierno “inició procedimientos judiciales, pero 12 meses después las víctimas y sus seres queridos siguen luchando por la justicia y la verdad. Las investigaciones parecen haberse estancado, en medio de una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas”, expresó Hurtado.
El siniestro se produjo al explotar una gran cantidad de nitrato de amonio almacenado en condiciones inseguras en el puerto, recordó un reporte de la organización Human Rights Watch que culpó a “altos cargos libaneses que no informaron del peligro que suponía y no supieron proteger a los ciudadanos”.
La vida política en Líbano se ha sustentado durante décadas en partidos confesionales que durante el último año, desde las explosiones, provocaron cuatro cambios de primeros ministros sin alcanzar la formación de un gobierno estable.
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