PARÍS – El proyecto del Grand Inga, una megaplanta hidroeléctrica en la República Democrática del Congo (RDC) que alimentaría a gran parte de África, ha entusiasmado a los expertos en energía, a los inversores y a los gobiernos desde hace décadas.
El anuncio este mes por parte del grupo minero australiano Fortescue Metals Group y de su presidente, el multimillonario Andrew Forrest, de sus planes para desarrollar Inga para la generación y exportación de hidrógeno verde vuelve a acercar un poco más ese sueño a la realidad.
Sin embargo, para que el proyecto del Grand Inga atraiga con éxito la enorme financiación que necesita, tendrá que abordar cuestiones de equidad y ética que, en su mayoría, se derivan del problemático contexto de gobernanza de la RDC, pero también de la preocupación por garantizar la «transición justa» del sector energético.
Las cataratas de Inga, situadas en el río Congo, en la RDC, son el mayor emplazamiento hidroeléctrico del mundo, con 40 000 megavatios (MW) de capacidad de generación potencial. La cifra adquiere todo su valor si se tiene en cuenta que la capacidad energética instalada en toda el África subsahariana (excluida Sudáfrica) asciende solo a 80 000 MW.
La propia RDC tiene uno de los índices de acceso a la electricidad más bajos del mundo y la tercera mayor población pobre del planeta. Teniendo en cuenta estas cifras, muchos han soñado con liberar el potencial hidroeléctrico de Inga para generar electricidad renovable y limpia tanto para la RDC como para África, en general.
Desafortunadamente, el progreso de Inga se ha visto obstaculizado por los enormes riesgos de mercado inherentes a la venta de su enorme producción de electricidad en toda África, así como por los problemas de gobernanza de la RDC.
Sin embargo, añadir la producción de hidrógeno verde puede ayudar al proyecto a superar este obstáculo comercial, ya que implica enviar la electricidad a fábricas cercanas para producir hidrógeno que luego puede enviarse a mercados solventes en Europa y otros lugares.
El hidrógeno verde ha despertado un creciente interés como combustible de bajas emisiones de carbono para su uso en el transporte y la industria. Como se produce mediante la electrólisis del agua utilizando electricidad generada por la energía hidroeléctrica u otras renovables, tiene pocas emisiones de gases de efecto invernadero.
Se espera que el refuerzo de los compromisos climáticos impulse el crecimiento de la demanda de hidrógeno verde, que podría alcanzar los 300 000 millones de dólares anuales en exportaciones para 2050.
Fortescue parece basarse en esta demanda potencial al proponer una configuración de exportación de hidrógeno que debería hacer el proyecto Inga más atractivo para los inversores.
Pero para que este nuevo enfoque movilice los miles de millones de dólares requeridos de los inversores, el proyecto tendrá que gestionar también las preocupaciones de equidad y ética que pueden desencadenar tres riesgos diferentes pero interrelacionados.
El primero constituye un nuevo riesgo emergente en relación con las ventas. La preocupación por estas cuestiones probablemente se convertirá en la próxima década en una exigencia de que cualquier combustible, ofrecido como verde para servir a los objetivos climáticos, se produzca de manera que también satisfaga las consideraciones de equidad y ética.
La creciente presión internacional a la que se enfrenta la producción de cobalto de la RDC por el trabajo infantil y otros problemas es un indicador de este tipo de riesgo no financiero, incipiente pero creciente, que puede afectar a la comercialización de un producto.
La implicación para el proyecto Inga es que sus promotores deben asegurarse de que su hidrógeno verde no esté contaminado por problemas de equidad o ética… porque el «hidrógeno verde contaminado» puede tener dificultades para ser vendido en los mercados energéticos europeos del futuro, a pesar de sus beneficios climáticos.
En segundo lugar, el tratamiento injusto de las comunidades locales o de la sociedad en general de la RDC en relación con el proyecto puede generar manifestaciones, disturbios civiles y otras acciones que pueden interrumpir la construcción y las operaciones del proyecto.
Aunque este riesgo de interrupción del negocio se concentra en la RDC, también se extiende a las manifestaciones en la cadena de suministro, como por ejemplo, en las ciudades europeas que importan el hidrógeno.
En tercer lugar, no abordar las cuestiones de equidad y ética puede plantear riesgos para la reputación de los inversores, especialmente a la luz del creciente interés por los resultados ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Esta será una consideración especialmente importante para los inversores atraídos por los atributos de la energía verde del proyecto, incluidos muchos fondos de inversión y bancos comerciales, así como los proveedores de financiación climática.
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Para abordar estas cuestiones de equidad y ética se requiere un enfoque múltiple:
El proyecto tendrá que gestionar sus impactos ambientales y sociales, incluyendo la garantía de que las poblaciones locales afectadas sean tratadas de manera adecuada y justa. Este tratamiento de las poblaciones locales es un área de especial preocupación, dados los fallos anteriores en este sentido en relación con la construcción de las dos presas más pequeñas de Inga y los actuales problemas de gobernanza de la RDC.
Una de las ventajas de la configuración del hidrógeno es que limita la necesidad de líneas de transmisión que suelen ser fuente de múltiples problemas de biodiversidad y de otro tipo, pero seguirían existiendo otros impactos ambientales potenciales importantes.
En general, las consultas y la participación significativas de las comunidades locales en el marco del proyecto serán fundamentales, así como el compromiso de una amplia parte de las organizaciones de la sociedad civil y de la población de la RDC en general.
Si, por el contrario, prácticamente toda la electricidad de Inga se destinara a la producción de hidrógeno para la exportación, se criticaría, desde la perspectiva de la transición justa, que las energías renovables del continente se utilizaran para abastecer de combustible a Europa y a otros países, en lugar de para electrificar África.
Afortunadamente, Inga puede producir suficiente electricidad para alimentar tanto la producción de hidrógeno como los usos productivos locales y regionales.
Además, aunque el proyecto podría catalizar una cantidad considerable de empleo en la RDC (sobre todo durante la construcción), es probable que eso no sea suficiente para satisfacer las preocupaciones sobre la distribución justa de los beneficios. Inga es un tesoro nacional y su desarrollo debería beneficiar a todos.
Por esta razón, una parte de los ingresos del proyecto debería financiar programas que beneficien a la población de la RDC en general, y no solo a una pequeña élite. Con este fin, el marco más amplio del Grand Inga debería incluir mecanismos para canalizar estos ingresos hacia la mitigación de la pobreza y programas de desarrollo de amplia base en todo el país.
Además, tanto los miles de millones de inversión de capital iniciales como los subsiguientes ingresos de la comercialización del proyecto deben estar netamente aislados de la corrupción. Los problemas que afectan a la industria del cobalto y a otras industrias de la RDC deben evitarse.
Para aplicar estas medidas, los promotores del proyecto y el gobierno de la RDC tendrán que involucrar a una serie de socios.
Este grupo incluye a los bancos multilaterales de desarrollo (como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo), la sociedad civil local e internacional y la comunidad internacional en general, incluidos los socios bilaterales de la RDC para el desarrollo de la Unión Europea y Estados Unidos.
La capacidad de los promotores del proyecto para conseguir la financiación necesaria, y para construir y explotar las instalaciones, dependerá en parte de su éxito a la hora de abordar las cuestiones de equidad y ética.
El anuncio de Fortescue acerca la conversión del sueño de Grand Inga en realidad, pero también hace más apremiante el diseño de los elementos indispensables para abordar estas consideraciones no financieras.
Philippe Benoit ha trabajado durante más de 25 años en temas de desarrollo internacional, incluyendo cargos como jefe de división de Eficiencia Energética y Medio Ambiente en la Agencia Internacional de Energía y como gerente del Sector de Energía en el Banco Mundial.
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