Dos millones de nuevos casos de mutilación genital femenina pueden registrarse esta década, a medida que la covid-19 obliga al cierre de escuelas e interrumpe programas que protegen a las niñas de esa práctica nociva, planteó una declaración de las agencias de la ONU dedicadas a la infancia y la población.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recordaron que el 6 de febrero de cada año fue designado, por la Asamblea General de la organización, como Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.
Esa mutilación, principalmente mediante la ablación del clítoris, ha afectado a unos 200 millones de mujeres vivas en en 30 países de África, Oriente Medio y Asia meridional, pequeñas comunidades en América Latina y grupos de migrantes en otras regiones.
En su declaración conjunta, las directoras de Unicef, Henrietta Fore, y del UNFPA, Natalia Kanem, advirtieron que en riesgo antes de 2030 hay unos cuatro millones de niñas y “únicamente una acción conjunta, concertada y con el financiamiento adecuado puede poner fin a esta violación de los derechos humanos”.
La crisis sanitaria desatada por la pandemia obligó a millones de niñas y jóvenes a estar más tiempo en casa y ausentes de la escuela y centros de asistencia, exponiéndolas a mayor riesgo de sufrir violencia de género, se indicó.
La declaración sostiene que “necesitamos garantizar que las niñas tengan acceso a educación, a atención de salud –incluidos servicios de salud sexual y reproductiva– y a medios de subsistencia, y que estén protegidas por leyes, políticas y nuevas normas sociales”.
“Poner fin a la mutilación genital femenina exige la colaboración entre un amplio grupo de actores. Esto incluye a encargados de formular políticas a nivel mundial, regional, nacional y local, a la sociedad civil, desde pequeñas organizaciones de base comunitaria hasta organizaciones no gubernamentales internacionales”, indicaron.
Agregaron que comprende a los agentes de cambio “desde docentes y trabajadores sanitarios hasta líderes religiosos y personas de la tercera edad locales, lo mismo que a funcionarios judiciales y de las fuerzas del orden. Los hombres y los niños también tienen un papel fundamental que jugar”.
Los esfuerzos y campañas necesitan financiamiento, pues “incluso en aquellos países en los que la mutilación genital femenina ya se encuentra disminuyendo, es necesario multiplicar el avance por 10 para cumplir con el objetivo mundial de su eliminación para 2030”, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El UNFPA puso como ejemplo su apoyo a programas en Kenia, que incluyen diálogos en las regiones donde esa práctica es más usual, apoyo psicosocial en las comunidades y económico a quienes han oficiado de mutiladoras, para ganar de ese modo su sustento durante años, y aceptan abandonar esa labor.
Los requerimientos de Unicef y UNFPA alcanzan a 2400 millones de dólares a lo largo de la década “lo que representa menos de 100 dólares por niña, un precio muy pequeño a pagar para preservar su integridad corporal, su salud y su derecho a decir “no” a esa violación de sus derechos”.
La mutilación genital femenina es una práctica milenaria que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas.
Puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte.
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