Los conflictos armados y los desastres naturales han llevado a 19 millones, un nivel récord, la cifra de niños obligados con sus familias a abandonar sus hogares, fundamentalmente dentro de los países del Sur, señaló un informe de la Unicef.
Durante 2019 hubo 12 millones de nuevos desplazamientos de niños, 3,8 millones a causa de conflictos y violencia y 8,2 millones por desastres relacionados con eventos climáticos, según el informe Lost at Home (Perdidos en casa) de la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) divulgado este martes 5.
El avance de la pandemia covid-19 este año “ha empeorado la situación de los menores desplazados, que ya se encuentran en situación de falta de atención y protección adecuadas, y son especialmente vulnerables”, dijo la secretaria ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.
Según el informe, a finales de 2019 aproximadamente 45,7 millones de personas eran desplazados dentro de sus países, con 33 millones de nuevos desplazamientos en 2019, de los cuales 25 millones por violencia y conflictos y 8,5 millones por desastres naturales.
Unicef estimó que 42 por ciento, 19 millones, eran niños, niñas y adolescentes.
Por regiones, el Medio Oriente y Norte de África tiene unos 12,5 millones de desplazados, con cinco millones de niños, África central y occidental 11,3 millones con 5,8 millones de menores, y África oriental y del sur 7,9 millones de desplazados con 3,9 millones de niños.
América Latina y el Caribe tiene 6,5 millones de desplazados, de los que 1,9 millones son niños, Asia del sur tiene 1,8 millones de niños entre sus cuatro millones de desplazados, y Europa oriental y Asia central suman 2,6 millones de desplazados, 600 000 de los cuales tienen menos de 18 años.
En 2019 tres países, Siria, la República Democrática del Congo y Yemen, representaron 36 por ciento de los desplazados por conflictos y violencia, en tanto los mayores desplazamientos por razones climáticas (lluvias e inundaciones) correspondieron a Bangladesh, China, Filipinas e India.
El informe señala que cada año el número de desplazados duplica al de refugiados que cruzan fronteras y recuerda una proyección del Banco Mundial según la cual los desastres asociados al clima pueden llevar a 140 millones las personas desplazadas para 2050 “cien veces la cifra de la crisis de migrantes de 2015-2016 en Europa”.
Los desplazamientos, y la ubicación de las víctimas en campamentos o asentamientos muy informales, eleva el riesgo de abusos sobre la población infantil, como el trabajo forzoso o el reclutamiento como soldados, un hecho frecuente en los conflictos vividos en Colombia, Liberia o Sudán.
Las adolescentes y las mujeres jóvenes víctimas de desplazamientos enfrentan grandes riesgos de violencia sexual, secuestros y matrimonio infantil, que ha sido documentada como una estrategia de enfrentamiento negativo.
Port ejemplo, en Iraq esa práctica pasó de 15 por ciento en 1997 a 24 por ciento en 2016, entre poblaciones desplazadas, y en Yemen, antes de la guerra (2011) 32 por ciento de las muchachas eran casadas antes de los 18 años, pero la cifra llegó a 72 por ciento según una encuesta de 2017.
La mitad de todas las niñas de Sudán del Sur y 45 por ciento de las de Somalia están casadas antes de cumplir 18 años, según estudios de agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
Los desplazamientos agravan las limitaciones de los niños, niñas y adolescentes para acceder a servicios esenciales como salud y educación.
La llegada de la covid-19 agrega nuevos problemas ante la escasez de medios materiales para encarar la pandemia -falta de agua, jabón y artículos de higiene- en campamentos y asentamientos, donde además se hace difícil el distanciamiento físico para eludir los contagios.
El estudio pide inversiones estratégicas y un esfuerzo conjunto por parte de los gobiernos, sociedad civil, el sector privado, los agentes humanitarios y los propios niños “para enfrentarse a los elementos específicos que provocan el desplazamiento de los menores, en particular la violencia, la explotación y los abusos”.
Los niños y demás refugiados “deben poder sentarse a la mesa”, resume el estudio, abogando porque se establezcan condiciones que permitan el retorno a sus lugares de origen en condiciones de seguridad y acceso de las familias a bienes y servicios.
A-E/HM
