En 2017, robaron la tienda de electrónica de Zubedah Nakitende y los ladrones destrozaron todo su inventario. Entonces, ella recordó que un colega le había contado sobre trabajos muy bien remunerados en Jordania y decidió buscar un empleo allí en el servicio doméstico, en que ganaría 740 dólares al mes.
«Estaba desesperada, tenía deudas. Entonces me dije voy trabajar allí para para poder pagar esas deudas», dijo Nakitende a IPS.
Se puso en contacto con un traficante, conocido por el seudónimo de Abu Ahmad, con quien se comunicó por teléfono. Siguiendo sus directrices, viajó por carretera a la capital de Kenia, Nairobi, donde le dieron una visa ilegal y la llevaron a Jordania.
Pero en realidad, había puesto su vida en manos de una red criminal que la vendió como esclava doméstica. Y al final perdió cuatro de sus dedos y nunca obtuvo el dinero que necesitaba.
Punto de tránsito de tráfico de África oriental
Según el informe anual de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Kenia es dentificado como un punto de tránsito para etíopes y otros habitantes del este de África que buscan trabajo en Sudáfrica, Oriente Medio y Asia.
Pese las críticas, el gobierno de Uganda alienta la externalización de la mano de obra para atraer divisas en forma de remesas. Las remesas provenientes del extranjero, según el Foro Parlamentario de Uganda sobre Asuntos de la Juventud, aumentaron de 1.600 millones de dólares en 2016 a 2.000 millones de dólares en 2017.
En ese último año, el gobierno levantó una prohibición a los ugandeses que viajan al extranjero para realizar trabajos domésticos, a pesar de los informes de tráfico y abusos de trata.
Desde entonces ha habido un aumento en las agencias de reclutamiento laboral que se enfocan en la exportación de mano de obra a países como Omán, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y China.
A partir de 2018, el Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social de Uganda autorizó a más de 105 empresas privadas a reclutar trabajadores para empleos en el extranjero.
Los reclutadores laborales, con base en Nairobi, reclutan trabajadores etíopes, ruandeses y ugandeses a través de ofertas fraudulentas de empleo en Medio Oriente y Asia. Pero las mujeres reclutadas a través de esas agencias terminan en esclavitud sexual o trabajo forzado en la región medio oriental y China, entre otros destinos.
Trabajar entre dolores
Nakitende se vio forzada a trabajar sin descanso pese a sus muchos dolores. Su pasaporte fue tomado por la agencia de reclutamiento nacional en Jordania, antes de ser llevada a una casa en Amman para trabajar.
Un día le dijo a su empleador que le dolían las manos. Su jefe le dio un líquido, que ella pensó que aliviaría el dolor. En cambio, resultó ser un ácido que le quemó los dedos.
Le dolía mucho pero su empleador la obligó a seguir trabajando igual porque, le dijo, «había sido comprada para ese propósito».
Finalmente, la enviaron de regreso a la compañía de reclutamiento que le facilitó otro empleo para que pudiera recibir tratamiento. Pero el medicamento no pudo aliviar el dolor. «En cambio, empeoró la situación cuando las palmas se volvieron negras e hinchadas», dijo Nakitende.
Al final, la llevaron a un especialista que le recomendó que regresara a Uganda «porque ya no podría trabajar».
Al regresar a casa fue al hospital para recibir tratamiento. Pero sus dedos estaban tan severamente dañados que lo único posible era la amputación.
«Fui a Jordania sabiendo que iba a trabajar pero regresé con una lesión permanente. No obtuve ningún dinero. El traficante incluso tomó el dinero que había recibido para facilitar mi tratamiento», recordó.
Curando las heridas psicológicas
Nakitende acaba de completar el apoyo psicosocial y la rehabilitación de Willow International, una organización no gubernamental (ONG) con una oficina en la capital de Uganda que brinda apoyo a los sobrevivientes de la trata para su rehabilitación, tras el rescate.
Flavia Amaro, oficial de programas de Willow International, dijo a IPS que algunas de las víctimas fueron derivadas al Hospital Mental Nacional de Referencia Butabika en Kampala, para recibir tratamiento para una variedad de problemas mentales relacionados principalmente con la depresión.
Cuando se realizó la entrevista, ella dijo que 15 mujeres estaban recibiendo asesoramiento y tratamiento, y contó a título de ejemplo el caso de una mujer que permanecía todo el tiempo quieta, sin moverse. «Tras nuestra evaluación, nos dimos cuenta de que estuvo encerrada en una habitación muy fría durante mucho tiempo», dijo Amaro.
El país hace esfuerzos, pero insuficientes
Uganda es uno de los países que lucha por acabar con la trata y el tráfico, dos delitos distintos, pero interconectados en los casos transnacionales. El primero consiste en la explotación de personas con fines sexuales y otros, dentro o fuera del país y siempre contra su voluntad, y el segundo se refiere al traslado irregular y transfronterizo y suele ser consentido por la víctima.
En este país de África oriental también se ha identificado como el destino de las personas víctimas de la trata para la explotación sexual de mujeres originarias de países en conflicto como Burundi, entre otros.
En su Informe Anual sobre la Trata de Personas de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos determinó que Uganda no cumple adecuadamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero reconoció que estaba haciendo esfuerzos significativos.
Según el gobierno ugandés, las autoridades interceptaron en 2017 un total de 599 ugandeses, 477 mujeres y 122 hombres, tratando de partir a países que los funcionarios consideraron de alto riesgo en el delito de trata, y donde los viajeros no pudieron explicar adecuadamente el propósito de su viaje.
Según el informe estadounidense, Uganda informó que de 145 investigaciones de trata, se produjeron 50 juicios con 52 acusados, que concluyeron en condena para 24 de ellos, con base en la Ley contra la Trata de Personas, en vigor desde hace 10 años. Las cifras suponen una subida respecto a 2016, cuando hubo 114 investigaciones, 32 procesos y 16 condenas.
El reporte del Departamento de Estado observó que la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de tráfico y trata siguen siendo importantes, limitando la acción policial.
Complicidad de funcionarios migratorios
Oficiales de seguridad en la frontera de Uganda con Kenia, en el Aeropuerto Entebbe, que surte a Kampala, así como funcionarios de la Autoridad de Aviación Civil y departamentos de migración han sido acusados de complicidad con los traficantes para facilitar el viaje de las personas traficadas para ser víctimas de trata.
Jessica (nombre supuesto a su pedido), una sobreviviente de trata, explicó a IPS que su viaje a Jordania fue facilitado por el personal de tierra y los funcionarios de migración en el aeropuerto de Entebbe. Dijo que el traficante que la ayudó a abandonar Uganda para trabajar como empleada doméstica en Jordania estaba en contacto con varios de ellos.
Esta víctima, quien trabajó en condiciones de esclavitud y era golpeada habitualmente, fue finalmente rescatada por un miembro del parlamento. Publicó un video explicando su terrible experiencia en las redes sociales y contactó al legislador ugandés Louis Gaffa Mbwatekamwa, quien viajó a Jordania con permiso del parlamento y la trajo de regreso.
El portavoz de la Dirección de Ciudadanía y Control de Migración de Uganda, Jacob Siminyu, no descartó que algunos funcionarios de migración sean cómplices de los traficantes. Pero aseguró que su dependencia trabaja con la policía y otras agencias gubernamentales para garantizar que las personas traficadas para su posterior trata no puedan salir del aeropuerto de Entebbe.
Faltan recursos
El informe estadounidense plantea la necesidad de implementar completamente las disposiciones de protección de la Ley de Prevención de la Trata.
Entre las recomendaciones del reporte anua está la de asignar fondos para la protección de las víctimas, monitorear y referir cómo las víctimas reciben atención o asistencia adecuada y extender los servicios de protección para las víctimas a través de asociaciones con las ONG.
También sugirió la necesidad de implementar regulaciones estrictas y la supervisión de las compañías de reclutamiento, y mejorar el cumplimiento, incluso al continuar procesando a aquellos involucrados en el reclutamiento laboral fraudulento.
El comisionado de la Fuerza de Tarea Nacional contra el Tráfico Humano de la policía, Moses Binoga, admitió que existen importantes desafíos en la implementación de la ley de trata, pero señaló que el nivel de conciencia sobre ese delito y el del tráfico de personas ha aumentado desde que se promulgó la norma.
Destacó que se ha producido una serie de condenas de los traficantes después de que varios jueces fueron entrenados sobre el delito de la trata y el tráfico, dos delitos conectados cuando estos son internacionales. Pero quedan muchos desafíos, reconoció.
«Los procesos y sistemas existentes para ayudar a las víctimas no son suficientes. Por ejemplo, (no hay) fondos suficientes para pagar multas y devolver los pasajes aéreos a todas las víctimas que quedan varadas en países extranjeros», dijo Binoga a IPS.
Damon Wamara, director en Uganda de Dwelling Places, una ONG dedicada al rescate y rehabilitación de mujeres víctimas de trata dentro del país, concordó en que la ley local es buena, pero destacó que el gran desafío es su adecuada implementación.
Dijo que la Fuerza de Tarea contra la Trata de Personas tenía poco personal para manejar los casos de 11.000 víctimas anuales, que necesitan tanto rehabilitación como repatriación a sus países de origen, cuando provienen de extranjero.
Se necesitan tribunales especializados
La jueza del Tribunal Superior de Uganda, Margret Mutonyi, dijo a IPS que es necesario que Uganda establezca un tribunal especial para manejar los asuntos relacionados con la trata de personas. A su juicio, el sistema judicial local es muy contencioso y tiende a traumatizar aún más a las víctimas.
«La terrible experiencia por la que pasan las víctimas las afecta mental, física y psicológicamente. Algunos piensan que no hay nada que proteger o defender. Su dignidad e integridad se ven profundamente afectadas. No creen que haya ningún castigo que pueda expiar sus corazones» por lo sufrido, reflexionó.
Mutonyi estuvo de acuerdo con grupos de activistas que presionan por una ley de protección de víctimas y testigos que complemente la de la trata.
Grupos de la sociedad civil argumentan que la ausencia de una ley de este tipo ha obstaculizado las investigaciones y los enjuiciamientos porque los autores pueden amenazar y chantajear a víctimas y testigos, desalentando tanto sus denuncias como su participación en los juicios.
T: MF
