Las mujeres refugiadas y migrantes a menudo enfrentan una violencia invisible en el hogar donde pasan a vivir. Y esa potencial forma íntima de violencia de género se ve agravada y en algunos casos impulsada por las crisis humanitarias y la inseguridad laboral que padecen sus familias y ellas mismas.
El informe sobre «El Progreso de las Mujeres del Mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante», publicado por ONU Mujeres, destaca que un factor que contribuye a la violencia en el ámbito del hogar es la disminución de las oportunidades en el trabajo, especialmente para los migrantes.
El informe destaca, por ejemplo, que en Camboya, cuando «los hombres luchaban por encontrar trabajo, (esto) estaba relacionado con el aumento de la prevalencia de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas».
Las mujeres migrantes no solo enfrentan una mayor violencia en el hogar, sino que a menudo no pueden escapar de esta violencia. Las mujeres que confían en sus parejas masculinas para permanecer en un país no tienen la independencia otorgada a sus compañeros, señala el documento lanzado el 25 de junio.
Esto es «particularmente peligroso cuando las mujeres enfrentan, por ejemplo, violencia contra ellas, violencia doméstica, en la familia», dijo a IPS Shahra Razavi, jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.
«Entonces, es muy importante que tengan el derecho de permanecer independientes de esa relación en particular», agregó.
El informe recomienda por ello que se adopte un enfoque que priorice las políticas y regulaciones que respaldan a las familias migrantes y los derechos de las mujeres dentro de esas familias.
El informe también señala que «los estados pueden tomar decisiones normativas y políticas que fortalezcan el poder de negociación de las mujeres».
Esto puede tomar varias formas. Las mujeres registradas separadamente de los hombres de su familia, o que reciben una residencia independiente de los hombres con quienes emigran y a los que están unidos como pareja o lazos familiares, tienen menos probabilidades de mantenerse en relaciones violentas para permanecer en un país de destino.
Modelos de progreso
El informe cita las políticas recientes de Indonesia como un paso adelante en la protección de las mujeres migrantes.
En 2017, el gobierno de Yakarta aprobó una legislación que establece que «por primera vez, se garantizan algunos derechos básicos a los trabajadores que emigran a través de los canales oficiales», destaca el estudio.
La nueva ley incorpora protecciones como programas de seguridad social, protecciones contra el tráfico y la violencia e igualdad de género.
De unos nueve millones de indonesios que trabajaban en el extranjero en 2016, aproximadamente la mitad eran mujeres.
Migrant Care, una organización que colabora con ONU Mujeres, agregó que 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) agregaron protecciones a los trabajadores migrantes a través de la firma del Consenso sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes, alcanzado en 2017.
Esos países son: Brunei Darussalam, el Reino de Camboya, la República de Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Malasia, la República de la Unión de Myanmar, la República de Filipinas, La República de Singapur, Tailandia y Vietnam.
Uno de los principios en el consenso plantea la meta de «promover un trato justo con respecto al género y la nacionalidad, y proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes, en particular de las mujeres».
Pero el progreso no se ha visto en todas partes.
Nicole Behnam, directora técnica superior de la Unidad de Prevención y Respuesta a la Violencia del no gubernamental Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés) dijo a IPS que «las tasas de violencia basada en el género (VBG) son sorprendentemente altas en todos los contextos», pero que esto «aumenta durante y por las crisis de migrantes».
IRC destaca en un estudio sobre el drama de las novias infantiles que, por ejemplo, 41 por ciento de las jóvenes sirias desplazadas en Líbano, están casadas antes de cumplir 18 años.
En las comunidades de refugiados sirios en Jordania, las tasas de matrimonios infantiles casi se triplicaron entre 2011 y 2014, pasando de afectar a 12 por ciento de las niñas sirias en esa condición a 32 por ciento.
Esto sucede a pesar de que existen leyes para proteger a las mujeres refugiadas en el ámbito del hogar y la familia.
En Jordania, de hecho, es ilegal casarse antes de los 18 años, pero el IRC asegura que pese a ello «el complejo proceso para registrar un matrimonio y el hecho de que muchos refugiados carezcan de identificación oficial significa que las niñas que no pueden probar su edad resultan aún más vulnerables».
Otra preocupación para muchos países viene con la rápida derogación de las protecciones para las mujeres en las familias.
Con su informe, ONU Mujeres pretende impulsar políticas de protección familiar que en algunos casos son aún raras en muchos países del Norte industrial, como el permiso parental remunerado.
Pero Razavi manifestó a IPS que la mayor preocupación es que no se retroceda en algunas situaciones de especial vulnerabilidad para las mujeres.
“Creo que algunos de esos temas obviamente serán diferentes para los países desarrollados», dijo la jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.
Se trata de diferencias sobre todo en la dimensión del problema.
«Muchos países donde algunos de estos sistemas de protección se habían establecido, desde 2008 en el contexto de austeridad (tras estallar la crisis financiera global), han visto como esas políticas se han ido revirtiendo”, afirmó Razavi.
«En particular, los servicios de violencia contra las mujeres han tenido que reducirse en algunos países», se lamentó.
Behnam cree que tanto para los países del Norte industrial como del Sur en desarrollo debe haber «un claro reconocimiento de cuán serio y generalizado es el problema y debe haber similar una urgencia para prevenir y responder a la VBG», la violencia basada en el género.
El IRC ve la necesidad de: una participación continúa y en incremento de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para abordar los problemas locales, mejorar el seguimiento y la presentación de informes que hagan más transparente tanto el rabajo como la inversión.
Behnam considera que estas mejoras son particularmente necesarias para las mujeres en familias migrantes y refugiadas, pero también para las mujeres en todos los contextos.
«La violencia está presente en la vida de las mujeres, es la realidad de cada día, y no solo los extraños cometen actos de violencia contra las mujeres. A menudo, sus agresores son las personas en quienes más deberían confiar: sus familiares», dijo Behnam.
Agregó que «no podemos ignorar la violencia porque sucede fuera de nuestra vista o se solapan bajo otras; de hecho, esa es la violencia por la que debemos luchar y a la que más debemos informar y dar respuesta, porque es la que está muy oculta», como sucede, insistió, con las que viven “dentro de sus familias las mujeres migrantes y refugiadas”.
T: MF
