Informar sobre el acoso que sufren los periodistas en China nunca fue fácil. Pero en los últimos tiempos es más difícil, lo que sugiere que empeoran las condiciones de trabajo en la prensa.
Por lo menos 47 periodistas estaban presos en China cuando el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) hizo el censo de cárceles en 2018, y estoy investigando por lo menos una decena de casos, pero se hace difícil confirmar la información.
La razón es que las autoridades de forma deliberada impiden que la información vea la luz y se están volviendo muy buenos en eso.
Entre los casos que investigo se encuentra la detención de 45 colaboradores de Bitter Winter, un sitio de noticias religiosas y de derechos humanos, detenidos e interrogados por informar sobre campamentos secretos en Xinjiang.
Así como denuncias de que la policía detuvo el 14 de diciembre en Tianjin a una mujer que denunció un brote de fiebre porcina africana en su cuenta de WeChat por el cargo de “propagar rumores”, de que en Xinjiang detuvo a por lo menos 30 editores uigures entre 2016 y 2018 que trabajaban para cadenas de televisión y diarios locales, y el caso de una mujer que transmitió en vivo el allanamiento de su apartamento y cómo se la llevaron en agosto, mientras un oficial le preguntaba: “¿qué dijo en Internet?”.
La información era tan escasa en esos últimos casos, que el CPJ fue incapaz de confirmar quiénes eran los periodistas y si todavía estaban detenidos al momento del censo. Asegurándose de que haya poca o ninguna información de esos últimos casos, las autoridades chinas impiden la cobertura de los hechos y el hacerse cargo de sus acciones.
Al investigar esos y otros casos, identifiqué por lo menos cinco métodos utilizados en China para evitar que se informe sobre las detenciones de periodistas.
Sellar de registros judiciales
La legislación china obliga a la justicia que haga públicos los veredictos en los sitios web de los tribunales, mientras no contengan “secretos de Estado”. Pero no pude encontrar nada sobre los periodistas que figuraban en el censo de cárceles; y en otros casos bajo investigación, incluso sobre periodistas acusados de “provocar peleas y problemas”.
Ding Lingjie, editor of Minsheng Guancha (Observador de Derechos Civiles y Fuentes de ingresos) es uno de de los varios periodistas detenidos por ese cargo, cuyos registros debieron hacerse públicos.
Como testimonio de la opacidad del sistema de justicia china, cabe decir que solo seis fallos de 2018 están publicados en el sitio web del Tribunal del Pueblo Beijing Shijingshan, que maneja el caso de Ding.
No hay datos disponibles del último año, pero el sistema de justicia de Beijing se hizo cargo de más de 5.600 casos desde el 1 de enero, lo que da una idea de la escala del número que maneja. En diciembre, en una audiencia a puertas cerradas, la justicia condenó a Ding a un año y ocho meses de cárcel, según informes de prensa.
Las autoridades impiden físicamente a los abogados que lean los documentos de sus clientes. El 13 de febrero, Zhang Zanning, representante de Huang Qi, fundador del sitio de noticias de derechos humanos 64 Tianwang, no pudo ver a su cliente y le impidieron el acceso a las actas judiciales porque “el juez estaba de vacaciones”.
Un día después, cuando Zhang regresó al centro de detención, las autoridades le volvieron a poner trabas sin darle ningún motivo y le dijeron que su estudio de abogados ya no llevaba el caso, según Radio Asia Libre y la propia declaración de Zhang en Minsheng Guancha.
En otro ejemplo, el estatal Diario del Pueblo denunció el 10 de septiembre que las autoridades de Shaanxi detuvieron a 96 personas en un mes por “fabricar noticias” y por “chantaje noticioso”.
A pesar de rastrear veredictos públicos sobre Juicios En Línea de China, un servicio de acceso público que permite a los usuarios revisar fallos, órdenes, documentos de mediación y notificaciones, me fue incapaz de encontrar registros vinculados a esas detenciones.
Censurar la cobertura de noticias
Las autoridades chinas mandan instrucciones a los medios de prensa impidiéndoles cubrir un juicio o la detención de periodistas.
Cuando el Tribunal del Pueblo Intermedio de Mianyang hizo el juicio de Huang, los medios chinos recibieron una orden del gobierno de no “informar, republicar ni comentar sin un arreglo previo” sobre ese caso, según el diario China Digital Times, una organización de medios con sede en California que informa sobre noticias sin censura en este país.
En los casos no vinculados a la política ni a los derechos humanos, las autoridades permiten informar un poco, pero a menudo redactan detalles clave, como el nombre y el delito.
Por ejemplo, la detención de personas en Shaanxi el año pasado, a quienes las autoridades tildaron de “falsos periodistas”. Entonces detuvieron a 96 personas y clausuraron cinco cuentas de redes sociales, 15 canales locales y 45 aplicaciones por presuntamente propagar rumores e información política ilegal, según versiones de prensa.
Pero solo unas referencias vagas aparecieron en los medios o en el sitio web de la Administración Provincial de Radio y Televisión de Shaanxi. Las escasas noticias no daban nombres, lo que tornó casi imposible la tarea de verificar las 96 detenciones.
Bloquear IP y VPN extranjeros
El año pasado, las autoridades prohibieron el uso no autorizado de redes privadas virtuales (VPN), un servicio del que dependen muchas personas en China para burlar el infame Gran Cortafuegos de China.
En octubre, las compañías que ofrecieron servicios VPN dijeron que detectaron una mayor frecuencia de autoridades tratando de bloquear VPN, lo que instaló la sospecha de que el gobierno desplegó censores en el terreno para trabajar contra ellos.
Cuando llamé a la Administración del Ciberespacio de China para que hicieran algún comentario, un funcionario respondió que no tenía información al respecto y se negó a redirigir mi llamada.
En enero, experimenté problemas de conectividad cuando navegaba por sitios de Internet chinos, incluso en Baidu, y sitios de oficinas públicas y plataformas sociales como Weibo, de Taiwán, donde vivo. El acceso fue bloqueado totalmente y solo lo recuperé cuando cambié a otros dispositivos y usé otra dirección IP (Protocolo de Internet).
La experiencia sugiere que las autoridades no solo intentan controlar el uso de Internet en el territorio chino, sino también tratan de mantener intacta la llamada “soberanía de Internet” al negar búsquedas desde exterior.
Cortar las líneas telefónicas de las comisarías
Después de que el uso de “campamentos de reeducación” para detener a un millón de personas de la minoría uigur concentró la atención internacional en 2017, se hizo más difícil contactar a las oficinas de seguridad pública en Xinjiang para confirmar o pedir comentarios por al respecto. La policía y los funcionarios ya no respondían las llamadas y varias listas de números ya no estaba conectadas.
Xu Xiaoli, esposa del premiado fotoperiodista Lu Guang, desaparecido en esa región en noviembre, se encontró con la misma situación. En Twitter, dijo que cuando trató de contactarse con la policía de Xinjiang para saber del paradero de su esposo, “ninguno de los números funcionaba”.[related_articles]
En las raras ocasiones en que doy con un funcionario, se niegan a responder a mis preguntas. En septiembre, intenté contactar a la Oficina de Seguridad Pública de Urumqi para preguntar por el académico y bloguero Ilham Tohti y sus estudiantes, y no me respondían hasta que una funcionaria atendió.
En cuanto me presenté, colgó. Volví a llamar y respondió la misma funcionaria, pero esta vez me gritó, al parecer en pánico y me dijo que no volviera a llamar más.
Intimidar a abogados, familiares y amigos
Las autoridades chinas también amenaza a familiares, amigos y abogados. Las autoridades detuvieron a Pu Wenqing, madre del periodista Huang, detenido en un centro secreto durante casi dos meses, sin tener contacto con amigos ni activistas, denunció la prensa.
Aun tras su liberación el 21 de enero, la policía la llamó y le ordenó que no publicara nada en Internet, según Radio Asia Libre. El agente que la llamó le dijo que acataba órdenes de la seguridad del Estado para controlar el tráfico en Internet sobre el caso de Huang. Pu sigue vigilada, me dijo un voluntario de 64 Huang.
Mientras Pu estaba detenida, el Departamento de Justicia de Guangdong descalificó al abogado de Huang, Liu Zhengqing por “usar un lenguaje que pone en peligro la seguridad del Estado y calumnia a otros”, según varios informes.
El anterior abogado de Huang, Sui Muqing fue descalificado por “utilizar palabras ofensivas y poco civilizadas” y otros malos comportamientos, mientras representa a un colega, y por llevar un celular para sacar fotografías de un activista de derechos humanos al que representaba en un centro de detención, según versiones de prensa y la cuenta de Twitter de Sui.
Y tanto Sui como Liu han denunciado el caso de Huang.
Hablaron con los medios y publicaban actualizaciones de forma regular en las plataformas de redes sociales y sitios web de derechos humanos.
Me enteré a fines de 2018 que abogados con los cuales había hablado se negaban a realizar declaraciones sobre periodistas detenidos que representaban. Y por lo menos dos dijeron al CPJ que no podían hablar por temor a las represalias.
A pesar de los intentos de las autoridades de censurar y silenciar a la prensa, los periodistas siguen informando sobre cuestiones sociales importantes, aun si significa que pueden quedar detenidos. Y el CPJ sigue investigando y denunciando sus casos.
*Antes de entrar al CPJ, Hsu fue pasante en Human Rights Watch, el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación. Además, tiene Máster en asuntos internacionales en la Universidad Americana, habla mandarín y francés y vive en Taipei.
Traducción: Verónica Firme
