“Presidente, en su país no hay libertad de expresión”. Así, sin mayor protocolo, el primer relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diagnosticó la situación al entonces presidente peruano Alberto Fujimori, en
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, de 1951, prevé otorgar la condición de tal a una persona perseguida por su raza, religión, nacionalidad o ideología, pero ahora se evalúa reformarla para que contemple las consecuencias del impacto
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