En el marco de las próximas elecciones generales de Kenia, previstas para el 8 de agosto, la Autoridad de Comunicaciones de este país africano divulgó las pautas de cobertura electoral que rigen a los medios y a los periodistas, instalando dudas sobre si el gobierno busca controlar la información.
Las medidas, divulgadas el 28 de febrero, obligarían a los periodistas a guardar todos sus apuntes y grabaciones durante seis meses y a asegurarse de que los invitados de los programas de radio y televisión no realicen declaraciones de odio sobre personas o grupos étnicos.
Luego, el 7 de marzo, las autoridades de los medios de comunicación suscribieron otro código de cobertura electoral, diseñado esta vez por el Consejo de Medios de Kenia (MCK), con la colaboración de la Comisión Electoral y de Circunscripciones. El primer organismo se encarga de proteger la independencia de los medios y reforzar los estándares de profesionalismo.[pullquote]3[/pullquote]
La iniciativa del MCK también requiere que las organizaciones de medios se ajusten a los principios del periodismo responsable de ser sensibles a la preservación de la paz y proteger la objetividad durante los comicios.
Kenia ya sufrió la violencia postelectoral entre diciembre de 2007 y enero de 2008 por diferencias sobre el resultado que terminó con 2.000 personas muertas y unas 3.000 desplazadas de sus hogares. Entonces se responsabilizó a los medios de no contribuir a contrarrestar los enfrentamientos, los que adoptaron un carácter étnico.
El episodio tuvo consecuencias en las elecciones de 2013, que transcurrieron en paz, pero en las que se cuestionó a los medios por ser demasiado tímidos. Muchos observadores criticaron que la cobertura no contempló algunos problemas delicados que atravesaba el país.
Pero no todo el mundo piensa que las actuales pautas son contraproducentes.
El periodista Dennis Odunga, del Daily Nation, opinó que el cumplimiento de las normas seguirá siendo un desafío mientras prevalezca la impunidad. Pero las pautas de la Autoridad de Comunicaciones de Kenia (CAK) solo procuran recordar que se espera que los medios promuevan una cobertura justa de acuerdo con ciertos estándares periodísticos.
“Por ejemplo, guardar apuntes y grabaciones no es nada nuevo en los medios del mundo. Es una norma que aplicamos cuando trabajamos con temas sensibles, como artículos de investigación”, observó.
Es posible monitorear el discurso de odio en los medios impresos y electrónicos, observó. Y en el caso de la radio y la televisión, los conductores deberían controlar la situación y apurarse a interrumpir a los invitados que pretendan usarlos como plataforma para fomentar disputas étnicas, aunque es una medida que debe aplicarse con decoro, precisó.
“La libertad de expresión y el acceso a la información no son absolutas (en la Constitución)”, apuntó. “Pero siendo una entidad gubernamental, debemos de estar en guardia frente a la posibilidad de que haya malicia en algunas de las normas, en especial en la programación, que puede afectar el ingreso de fondos a las empresas de medios”, observó.
El equilibrio en la cobertura electoral podría no ser más que una utopía, pues los medios actúan en función de sus propietarios y de intereses editoriales, resumió.
Angela Koki, de la CAK, dijo a IPS, en representación del director general, Francis Wangusi, que la Ley de Información y Comunicación de 1998 le otorga el poder de dictar un código que fije estándares para el tiempo y la forma en que deben transmitirse los programas de radio y televisión.
La CAK preparó un Código de Programación y un procedimiento de Gestión de Reclamaciones para usar en la regulación de los servicios de transmisiones de radio y televisión.
“La consulta se hizo de acuerdo con la Constitución y la consolidación de insumos; los documentos finales se publicaron y entraron en vigor el 1 de julio de 2016”, recordó.
Koki precisó que en el marco de su mandato, la CAK solo le recuerda a las empresas las disposiciones normativas ya existentes en relación con el uso responsable de las transmisiones de radio y televisión antes, durante y después de las elecciones.
“La cobertura de las elecciones y de los partidos políticos se encuentra en la sección nueva del Código de Programación y requiere que las radiodifusoras ofrezcan una cobertura equilibrada y oportunidades a los partidos políticos y a los candidatos, entre otros estándares”, precisó.
En lo que respecta al exceso de normas y regulaciones, Koki explicó que el mandato de la CAK es regular a las empresas a las que les otorga licencia y no se extiende a los profesionales ni a las prácticas periodísticas.
El MCK es el regulador y el encargado de velar por la buena práctica profesional y por las responsabilidades de los trabajadores de los medios, añadió.
“El requisito para guardar las grabaciones por un año y el de demorar siete segundos una transmisión en vivo como para gestionar el contenido no deseado antes de que salga al aire se aplica a las empresas, no a los periodistas”, aclaró.
Además, coincidió con Odunga en que el Código de Programación es un documento vivo que debe revisarse cada dos años, por lo que urgió a los periodistas a realizar aportes para mejorarlo cuando se haga otro llamado a consultas.
Por su parte, el subdirector ejecutivo del MCK, Victor Bwire, coincidió, y mencionó que el organismo solo se refirió a la necesidad de implementar del Código de Programación, e indicó que el de la CAK se creó de forma participativa.
“No son nuevas, solo las actualizamos para incluir cuestiones relacionadas con la sensibilidad de género y otros asuntos emergentes como noticias falsas”, indicó.
“El objetivo es garantizar una cobertura electoral justa y profesional. La medida procura la adherencia a los estándares, como sucede con temas de cambio climático y negocios; si acaso, cada empresa tiene su propia política”, añadió.[related_articles]
Pero el editor de noticias Kennedy Epalat, de la Kenya Broadcasting Corporation, dijo que la iniciativa de la CAK responde a la idea de que los medios contribuyeron a la violencia postelectoral de 2007-2008, y en especial las emisoras locales de radio.
En lo que respecta a los invitados, Epalat opinó que los productores deben evitar invitar a aquellas figuras conocidas por propagar discursos de odio. Además, los conductores deben dar pautas a los invitados sobre cómo actuar y cómo no, aunque no son medidas fáciles de implementar.
“En 2004, puse a un parlamentario en la lista de personas que no podían participar en mis programas de radio porque atacaba al presidente cuando hablaba sobre delincuencia y corrupción, incluso cuando ya le había dicho que evitara el tema”, relató.
“Dos meses después, ese parlamentario fue nombrado ministro adjunto de Información y Radiodifusión y le pidió a mi emisora que le reservara una hora por semana que utilizaría para explicar la política gubernamental”, añadió.
“La gente que consultas quizá no quiera dar información tan libremente como si los entrevistara alguien de su propia comunidad. Tienden a confiar más en alguien de su propio entorno con la información, en especial en cuestiones sensibles”, opinó Epalat, al ser consulta por el impacto de las nuevas pautas de cobertura para las elecciones generales de este año.
Las dificultades se agravarán si quienes cubren los comicios no están capacitados ni conocen las nuevas normas. Y al igual que Odunga, le preocupa el tema de la impunidad.
“Considerando que la mayoría de las empresas de medios son propiedad de políticos influyentes y personas con vínculos de poder, queda por ver si quienes incumplan, terminan en la justicia”, apuntó.
En lo que respecta a los periodistas, opinó que como el MCK suscribió un memorando de entendimiento con la comisión electoral sobre la cobertura periodística, mientras cumplan las normas y apliquen el sentido común, teniendo en cuenta el caos de los otros comicios, no tienen nada de qué preocuparse.
Traducido por Verónica Firme
