Es posible que la Corte Penal Internacional (CPI) tenga un respiro después del anuncio de la salida de varios países africanos, a juzgar por la declaración del presidente electo de Gambia, Adama Barrow, de que no será necesario que su país abandone el tribunal.
Gambia, junto a Burundi y Sudáfrica, fue uno de los tres países africanos que anunciaron su salida de la CPI, además de los rumores de que Namibia y Kenia seguirían por ese camino.
Es posible que la situación de los derechos humanos en Gambia durante los 22 años de gobierno del presidente Yahya Jammeh, haya puesto a ese país en el radar del alto tribunal. En esa época, el argumento para abandonarlo fue que la CPI tenía prejuicios institucionalizados contra los negros, y en especial los africanos.[pullquote]3[/pullquote]
Además, la intención de retirarse siguió a una serie de reclamos de Gambia para que la Unión Europa asumiera su responsabilidad por la muerte de miles a migrantes africanos que trataban de llegar a sus costas.
Sin embargo, Barrow elogió a la CPI por abogar por la buena goberanza, algo a lo que él aspira para Gambia.
Frente a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller de Burundi, Alain Nyamitwe, alegó que “razones con fines políticos empujaron a la CPI a actuar en los casos africanos”.
De hecho, la corte anunció su plan, en abril, de lanzar una investigación sobre varias violaciones de derechos humanos relacionadas con las próximas elecciones de Burundi y con el argumento inconstitucional utilizado por el presidente Pierre Nkurunziza para permanecer en el poder por otro período.
El anuncio de que Sudáfrica se retiraba de la CPI fue considerado un golpe particular, pues es uno de los miembros fundadores y uno de sus mayores partidarios.
La salida ocurrió luego de que Sudáfrica se negara a detener al presidente sudanés Omar Al Bashir, requerido por la CPI, cuando visitó ese país para participar en la cumbre de la Unión Africana (UA), en 2015. Eso llevó al tribunal internacional a acusar al gobierno sudafricano de no cumplir con los procedimientos de cooperación, lo que, a la postre, fracturó su relación.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo al Consejo de Seguridad que los retiros de la CPI, podrían enviar “un mensaje equivocado sobre el compromiso de esos países con la justicia”.
Algunos miembros de la UA llaman a un éxodo de la CPI desde que comenzaron las tensiones en 2009, cuando el tribunal lanzó la orden de arresto contra Al Bashir.
Pero no hay un consenso dentro de la UA para abandonar la CPI. Varios países africanos, entre ellos Zambia, Botswana, Tanzania, Malawi, Sierra Leona, Senegal y Nigeria, se opusieron a una salida colectiva.
La percepción de que la CPI está sesgada contra África se acentuó en los últimos años.
La creación de tribunales temporales de la ONU en la década de los años 80 para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Ruanda y Yugoslavia sirvieron como hoja de ruta para el lanzamiento de la CPI, en julio de 2002.
El principal objetivo de la corte fue la de oficiar como un tribunal internacional permanente para investigar y procesar a los responsables de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
África constituye la mayor agrupación regional de países que integran la CPI, con 34 ratificaciones del Estatuto de Roma, que creó el tribunal.
Desde la creación de la corte hace 14 años, nueve de cada 10 casos activos son contra ciudadanos de países africanos.
Entre ellos, República Centroafricana, Malí, Costa de Marfil, Libia, Kenia, Sudán, Uganda y República Democrática del Congo; esa es la principal razón por la que se acusa a la CPI de practicar una justicia selectiva.
Hay tres formas a través de las cuales la CPI inicia procesos. Primero, a solicitud individual de países involucrados, como sucedió con Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana.
La otra forma es a través de intervenciones de oficio del fiscal jefe, como ocurrió con Kenia y Costa de Marfil. Y por último, a través de una derivación del Consejo de Seguridad de la ONU, como pasó con Sudán y Libia, que no pertenecen a la CPI.
Evidentemente, el tribunal actuó de oficio solo en dos casos africanos. Los otros fueron derivaciones de los propios países o del Consejo de Seguridad.[related_articles]
A pesar de que hay casos que fueron derivados por los propios estados involucrados, “preocupa que la CPI parezca apuntar contra África por conveniencia política”, observó el máximo responsable de la justicia de Sudáfrica, Mogoeng Mogoeng, en un discurso en la Conferencia de Ayuda Legal a África, en 2014.
“La realidad es que ocurrieron graves violaciones de derechos humanos y siguen sucediendo fuera de las fronteras de África, y aún así, cuestionan los críticos de la CPI, no parece haber tanto entusiasmo allí para atender las atrocidades como sí lo hay con los cometidos en el continente africano”, arguyó Mogoeng.
La fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda explicó: “con todo respeto, lo que más me ofende cuando escucho las críticas sobre el sesgo africano es la rapidez con la que nos concentramos en las palabras y la propaganda de unas pocas figuras poderosas e influyentes y nos olvidamos de los millones de personas anónimas que sufrieron los crímenes”, declaró en un Foro Abierto, realizado en 2012.
La mayor ofensa para las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad es “ver a esas figuras poderosas y responsables de su sufrimiento tratar de considerarse víctimas de un tribunal ‘prooccidental’ y ‘antiafricano’. La CPI se creó como escudo para los indefensos, no como un club para los poderosos”, puntualizó Bensouda.
La universalidad y la igualdad ante la ley es uno de los ideales centrales de la CPI. Sin embargo, tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Estados Unidos y Rusia, no forman parte de él. Eso aviva la sensación de que no es un tribunal imparcial y de que es principalmente una “corte del tercer mundo”.
En enero de este año, la fiscal Bensouda lanzó la primera investigación formal del tribunal fuera de África, en Georgia, por crímenes de guerra cometidos durante la guerra que lo enfrentó a Rusia en 2008.
Actualmente, el tribunal de la CPI analiza un caso de Gabón, derivado por su gobierno, así como otros fuera de África, como Colombia, Palestina, Afganistán, además de denuncias de crímenes de guerra en Iraq a manos de soldados británicos, y de separatistas ucranianos y de fuerzas rusas en Ucrania.
“Abandonar la CPI no es la solución, debemos trabajar para mejorar la corte”, opinó el canciller de Botswana, Pelomoni Venson-Moitoi.
Traducido por Verónica Firme
