Casi un mes después de que integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU visitaran al atribulado Sudán de Sur, no se han resuelto los desacuerdos sobre las medidas concretas que permitirán mejorar la seguridad en ese país africano.
“Para arreglar a Sudán del Sur se necesitan 250.000 soldados y entre 4.000 y 5.000 millones de dólares al año”, dijo a IPS el investigador del Instituto de Estudios de Seguridad de Adís Abeba, Berouk Messfin.
“¿Quién va a poner eso? Nadie”, sentenció.[pullquote]3[/pullquote]
Está claro que un embargo de armas y los 4.000 efectivos adicionales, dos de las medidas que están sobre la mesa actualmente, no son la panacea para Sudán del Sur, pero se espera que por lo menos sirvan para presionar a las autoridades para que actúen en beneficio de la población civil.
Pero parece difícil porque como explicó el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, en una reunión de alto nivel sobre la situación humanitaria en Sudán del Sur, el 22 de este mes: “Una y otra vez, las autoridades (sursudanesas) recurrieron a las armas y a una política atada a identidades sociales para resolver sus diferencias”.
Durante tres días, a principios de septiembre, integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU viajaron a Sudán del Sur, tras lo cual emitieron un comunicado conjunto con el Gobierno de Transición de Unidad Nacional que daba a entender que lograron un acuerdo.
El documento establece el refuerzo de los actuales 12.000 efectivos de la Misión de Asistencia de la ONU en la República de Sudán del Sur (Unmiss) con otros 4.000 soldados de una Fuerza de Protección Regional, así como la eliminación de las restricciones al acceso humanitario. Pero posteriormente, las autoridades sursudanesas dijeron que no se precisaron los detalles sobre el papel de la fuerza adicional.
“Acordamos el principio, pero los detalles de su despliegue, de los países que contribuirán, ese es el trabajo que queda ahora”, dijo a IPS el ministro de Asuntos Humanitarios y de Gestión de Desastres de Sudán del Sur, Hussein Mar Nyuot.
La fuerza adicional estará bajo el mando de la Unmiss y recibió el visto bueno de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África oriental (IGAD), que encabeza las conversaciones de paz en ese país.
En función del mandato que ya tiene la Unmiss de “usar todos los medios necesarios” para proteger al personal de la ONU y a la población civil, el Consejo de Seguridad cree que los efectivos adicionales permitirán mejorar la seguridad en el terreno.
De hecho, el secretario general adjunto del Departamento de Operación de Mantenimiento de la Paz, Hervé Ladsous, declaró el viernes 23 de septiembre, que la fuerza se desplegará lo antes posible, aunque aclaró que estaban tratando de aclarar “declaraciones contradictorias” de Yuba.
En ese contexto, organizaciones de derechos humanos, junto al secretario general del ONU, reclaman al Consejo de Seguridad que imponga el embargo para impedir que las partes enfrentadas sigan armándose.
“Será más difícil que accedan a municiones y suministros”, dijo a IPS el director de la oficina de Human Rights Watch (HRW) en la sede de la ONU, Louis Charbonneau. “Sumado al fortalecimiento de la Unmiss, eso marcará una diferencia para los civiles”, opinó.
Sin embargo, el gobierno de Sudán del Sur, cuyos efectivos estuvieron implicados en asesinatos motivados por cuestiones étnicas, violaciones y saqueos, no está de acuerdo con la medida.
“El problema no son, de hecho, las armas que llegan, aun con un embargo, ya hay armas en manos de la población local. Las que ingresan no son las que causan problemas”, arguyó Hussein Mar Nyuot.
“Si quieren imponer un embargo, está bien, pero qué pasa con las armas que ya están en manos de la población”, preguntó. “Debemos incentivar al gobierno a desarmar a los civiles”, apuntó.
El gobierno sursudanés es parte del conflicto y no es imparcial, pero no es el único que cuestiona la efectividad de un embargo. Este “debe ser el último recurso, no estamos en ese punto todavía”, dijo a IPS el secretario ejecutivo de IGAD, Mahboub Maalim.
El problema es que ni un embargo ni los 4.000 efectivos adicionales arreglarán las diferencias políticas entre los líderes sursudaneses, donde se originó el conflicto actual.
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“Los sursudaneses tienen de qué agarrarse, y es de la implementación del acuerdo (de agosto de 2015)”, recordó Maalim.[related_articles]
El pacto “tuvo algunos problemas por el incidente de julio, pero volverá a funcionar”, opinó, refiriéndose a los violentos enfrentamientos que pusieron a ese país al borde de la guerra.
Pero no todo el mundo coincide con la viabilidad de ese acuerdo.
“Hay dos partes que no negocian con buena fe y que no entienden cómo implementar los acuerdos de paz que firmaron”, precisó Messfin.
La prevención de conflictos en Sudán del Sur se trata de aplicar de forma estratégica el peso político, sostuvo Cedric de Conning, investigador del Centro Africano para la Resolución Constructiva de Disputas y del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, al ser consultado por IPS.
Una fuerza de protección como el refuerzo de la misión de paz solo implementará lo que ya se acordó, pero las partes siguen desconfiadas y sin comprometerse con el proceso. Si bien se necesitan medidas inmediatas para salvar vidas, llegará un punto en que habrá que “reiniciar” todo y se necesitará un nuevo gobierno.
Mientras, la sociedad civil denuncia una creciente represión de sus actividades, lo que indica un mayor debilitamiento de la resiliencia social.
“Hubo un repunte sostenido de las violaciones a la libertad de prensa en los últimos meses”, dijo a IPS el corresponsal del Comité para la Protección de los Periodistas en África oriental, Murithi Mutiga.
“Hubo varios casos de diarios clausurados de forma arbitraria, los más destacados el del Nation Mirror y el Juba Monitor”, acotó.
La libertad de prensa puede contribuir a la búsqueda de un cese sostenido de las hostilidades, urgió el CPJ, porque la información precisa y accesible permite a la ciudadanía comprender mejor la crisis sin recurrir a la violencia.
Una población bien informada también está mejor posicionada para construir un futuro pacífico.
Sudán del Sur padece una violencia permanente desde 2013, cuando estalló el enfrentamiento entre grupos leales al presidente Salva Kiir y el líder opositor en el exilio Riek Machar. Los combates continuaron se trasladaron a los grupos étnicos, dinka y nuer, hasta que se logró un acuerdo de paz en agosto de 2015.
Pero los enfrentamientos se reanudaron en julio de este año en Yuba y dejaron 300 personas muertas. En los últimos tres años murieron otras miles, más de 1,6 millones fueron desplazadas de sus hogares y otras 4,8 millones carecen de seguridad alimentaria, según la ONU.
La implementación del comunicado conjunto se revisará para evaluar los pasos a seguir, pero mientras, el Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán del Sur carece de casi 50 por ciento de los fondos necesarios para funcionar, a pesar de que la asistencia se necesita de forma inmediata.
La posibilidad de forjar un acuerdo permanente y duradero, con apoyo de la ONU, la Unión Africana y el IGAD, la tienen, sin dudas, las autoridades locales.
Traducido por Verónica Firme
