Toda persona tiene derecho a nacer con una nacionalidad – de manera segura, sin miedos y libremente – y con el derecho humano a transmitir, adquirir, cambiar o conservar la misma.
No hay motivo alguno por el cual más de 50 países aún tengan leyes de nacionalidad y ciudadanía que discriminan por razón de sexo – en gran medida – a las mujeres y ponen en peligro a sus familias al negarles los derechos, beneficios y servicios que todo el mundo debería disfrutar.[pullquote]3[/pullquote]
Un nuevo informe de alcance mundial de Igualdad Ya exige la urgente revisión de estas leyes, que discriminan por motivos de sexo, de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales. Aunque gobiernos de todo el mundo asumieron compromisos en varias ocasiones para trabajar por la supresión de esas leyes discriminatorias, muchos aún tienen que convertir sus promesas en acción.
A pesar de la renuencia de muchos países, a nivel internacional adquiere fuerza el impulso por enmendar las leyes de nacionalidad que discriminan por razón de sexo. Esto incluye un objetivo en la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 para la eliminación de leyes discriminatorias, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la puesta en marcha de la Campaña Mundial por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad.
Esta campaña es una alianza con un comité directivo compuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión de Mujeres Refugiadas, el Fideicomiso de Igualdad de Derechos, el Instituto de la Apatridia y la Inclusión e Igualdad Ya.
A nivel nacional y desde 2013, varios países ya eliminaron o tomaron medidas en ese sentido contra las disposiciones discriminatorias dentro de sus leyes de nacionalidad – Austria, Dinamarca, Jordania, Níger, Senegal, Surinam y Vanuatu.
Esperamos que esto genere un efecto dominó en los países vecinos. Otros, como Bahamas y Togo, indicaron que el cambio podría suceder pronto, y esperamos que ellos y todos los países con leyes discriminatorias vigentes aceleren el ritmo de los cambios en 2016.
Las leyes de nacionalidad que discriminan por razón de sexo refuerzan los estereotipos de género perjudiciales. Una vez que se casa, la mujer pierde su identidad independiente si pierde su nacionalidad de origen. Un niño o niña «pertenece» a su padre y no a su madre si él es el único capaz de trasmitirles la ciudadanía a los hijos.
Entre otros resultados negativos para las mujeres y sus familias se encuentra la falta de acceso a la educación, a los servicios sociales y médicos e incluso un mayor riesgo de matrimonio infantil.
Nour nació en Líbano y fue casada a los 15 años con un familiar en Egipto, para evitar las dificultades de ser una adulta en Líbano sin la nacionalidad libanesa. En Jordania, un funcionario le negó a Maysar, una mujer jordana, la solicitud de naturalización de su marido. El hombre sugirió que no debería haberse casado con un extranjero.[related_articles]
Maysar preferiría ahora que sus hijas se casen con jordanos, para que no tengan que pasar lo mismo que ella. Su esposo trabaja de manera ilegal en el sector de la construcción ya que no puede pagar las cuotas necesarias para su permiso de trabajo.
En un caso que aportó una de nuestras organizaciones asociadas, Nina, una mujer de Malasia, se casó con Brian, de Estados Unidos. Tuvieron una hija, Julia, pero regresaron al país de origen de la mujer. Debido al estado de inmigración de Brian, de corto plazo, le fue imposible encontrar trabajo. Después de tres años de frustración y un gasto considerable, Nina finalmente obtuvo la ciudadanía malasia para su hija.
Si Nina hubiera sido un hombre, el trámite habría sido automático.
La pérdida de su nacionalidad de origen puede dejar a la mujer especialmente vulnerable si su matrimonio termina en divorcio o la muerte de su marido – sobre todo si sus hijos tienen la nacionalidad del padre. Incluso si la mujer puede reclamar posteriormente su nacionalidad, las demoras y otros obstáculos en la recuperación de la ciudadanía pueden causar trauma considerable, ansiedad y otras dificultades.
Los gobiernos, al haberse comprometido en muchas ocasiones, deben convertir de inmediato las palabras en hechos y, finalmente, dar prioridad a la modificación de todas las leyes de nacionalidad que discriminen por razón de sexo. Eso les ayudará a cumplir con ambos sus obligaciones jurídicas internacionales, así como sus propias obligaciones nacionales para garantizar la igualdad de acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Debería examinarse la legislación nacional para que las mujeres y los hombres puedan, de la misma manera, transmitir la ciudadanía entre sí y para sus hijos, si sus hijos nacieron dentro o fuera del matrimonio, en el país de origen o en el extranjero. También debe revisarse para que las mujeres y los hombres puedan adquirir, mantener o cambiar su nacionalidad de la misma manera.
Esto enviará la señal clara de que todo el mundo se valora por igual, en una sociedad más justa, donde todos puedan alcanzar su pleno potencial.
Lograr que las leyes funcionen para las mujeres y las niñas se expresará en una sociedad más segura y más próspera. Las leyes de nacionalidad pueden ser complejas de forma innecesaria, pero la eliminación de la discriminación entre hombres y mujeres no es un concepto complicado. El trabajo conjunto es algo que se puede lograr en un tiempo muy breve, si los gobiernos se preocupan en serio por las niñas y las mujeres.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de la autora y no representan necesariamente las de IPS – Inter Press Service, ni pueden atribuírsele.
Traducido por Álvaro Queiruga
