Janida tiene 14 años, pero evita el contacto visual con las personas y prefiere mirar para abajo y mover la cabeza si alguien se dirige a ella. Es una de las consecuencias que esta niña sufre, como otras muchas en Kenia, por el trauma de haber sido abusadas sexualmente.
Antes, Janida (nombre ficticio para proteger su identidad) era sociable y alegre, pero eso acabó cuando su padrastro comenzó a violarla y después dio a luz a un bebé que ahora tiene cuatro meses.
El trauma y la depresión de Janida son similares a las que sufren miles de niñas con la infancia robada por los abusos sexuales en este país africano.
“La pequeña (Janida) sufrió tortura física y psicológica”, dijo a IPS la directora ejecutiva y de programa de la Federación de Abogadas (FIDA, en inglés) de Kenia, Teresa Omondi. “La mejor opción hubiera sido interrumpir el embarazo y que no sufriera la tortura mental y física, pero no pudo afrontar el costo de un aborto seguro”, se lamentó.
Según el artículo 26 de la Constitución de Kenia, “está prohibido el aborto a menos que, en opinión de un profesional de la salud capacitado, se necesite un tratamiento de emergencia o esté en peligro la vida o la salud de la madre o si lo permite otra ley”.
En septiembre de 2010, el Ministerio de Salud divulgó una guía nacional para la gestión médica de casos de violación o violencia sexual, la que habilitanla terminación del embarazo como opción en caso de concepción, pero se requiere una recomendación y evaluación psiquiátrica.
Luego, en septiembre de 2012, el Ministerio de Salud divulgó estándares y pautas para la prevención y el manejo de abortos inseguros dentro de los que permite la legislación keniata, pero terminó retirándolos tres meses después en circunstancias poco claras.
Según Omondi, “la ley todavía no está totalmente operativa y muchos proveedores todavía no recibieron capacitación, lo que hace que muchos de los abortos inducidos siguen siendo inseguros y son comunes las complicaciones”.
El Ministerio de Salud es responsable de no permitir que los médicos y las enfermeras se capaciten para la interrupción de embarazos, indicó Omondi; “es ridículo que mientras acepta que la atención tras un aborto es un asunto de salud pública, los profesionales tengan las manos atadas”.
La cuestión de los abortos en condiciones inseguras en Kenia volvió al tapete en septiembre del año pasado, cuando el enfermero Jackson Namunya Tali, de 41 años, fue condenado a muerte por un alto tribunal de Nairobi por asesinato, tras la muerte de Christine Atieno y del feto a raíz de un aborto ilegal mal hecho.
Kenia participó en varias reuniones en África sobre cómo reducir la mortalidad materna ofreciendo condiciones seguras para el aborto, y varios ministros de Salud coincidieron en que los datos revelan que los países que ofrecen las condiciones adecuadas para la interrupción del embarazo redujeron el número de mujeres que mueren a consecuencia del embarazo o el parto.
Un análisis de Saoyo Tabitha Griffiths, responsable de derechos y salud reproductiva de FIDA, señala que a pesar de que Kenia adoptó una Constitución que, entre otras cosas, consagra los derechos en materia de salud reproductiva y el acceso a un aborto seguro, siguen muriendo mujeres en este país por abortos inseguros, una causa de la mortalidad materna que se puede evitar.[related_articles]
Para el especialista Ong’ech John, úteros e intestinos perforados, fallas renales y cardíacas, anemia que requiere transfusiones de sangre son solo algunas de las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones inseguras.
“Las complicaciones de un aborto inseguro no involucran solo los restos de la concepción que no se eliminaron totalmente. Uno puede evacuar, pero el útero perforado debe repararse o se extirpa el órgano, que está putrefacto”, explicó Ong’ech a IPS.
“Cuando el Ministerio de Salud emitió una pauta en febrero de este año indicando a los trabajadores del sector, ya sean privados, públicos o de organizaciones de beneficencia, que no participaran en ninguna capacitación sobre prácticas para abortos seguros y abortos médicos, quedaron muchas preguntas sin respuesta”, remarcó Omondi.
Un profesional muy respetado en Kenia, el doctor John Nyamu estuvo un año preso en 2004 tras un allanamiento en su consultorio luego de que aparecieran 15 fetos en importantes calles de la capital junto a documentos de un hospital en el que había trabajado, pero que había cerrado.
Tras conversar de su calvario con Mary Fjerstand, asesora clínica de Ipas, una organización no gubernamental dedicada a poner fin a las muertes evitables y discapacidades a causa de abortos inseguros, Nyamu dijo que la conmoción pública por su detención ayudó a la gente a “darse cuenta de la magnitud y las consecuencias de los abortos inseguros en Kenia; moría un gran número de mujeres”.
“Antes de eso, no se hablaba de aborto en público”, remarcó.
Kenia quiere alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de reducir 75 por ciento el número de mujeres que mueren a causa del embarazo, el parto y el posparto, respecto de las cifras registradas en 1990, pero “no se puede lograr si no hay posibilidades de abortos seguros”, remarcó.
Una actualización de mayo de 2014 de un documento de la Organización Mundial de la Salud, indica que unas 800 mujeres mueren por día en el mundo por causas evitables relacionadas con el embarazo y el parto y que 99 por ciento de las muertes maternas ocurren en los países en desarrollo.
Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme
