El vasto sector informal de la economía de Zimbabwe podría contribuir a aumentar los ingresos del Estado si las autoridades lo regularizaran. Pero es difícil que ocurra si el gobierno no crea incentivos para que la gente registre su actividad.
“La formalización del sector aumentaría de forma significativa los ingresos a través de impuestos al salario, a los derechos de importación, a la propiedad intelectual y a otras áreas”, dijo a IPS el economista Eric Bloch.
“Pero es necesario crear incentivos para que el sector informal se registre”, observó Bloch, quien reside en la sudoccidental ciudad de Bulawayo.
Un estudio de FinScope de 2013, y que ahora sirve de referencia a las autoridades, concluyó que 2,8 millones de micro, pequeños y medianos empresarios -85 por ciento de los cuales no están registrados- crearon 5,7 millones de empleos informales. Además estimó que su actividad facturaría unos 7.400 millones de dólares.
El ministro de Finanzas y Desarrollo Económico, Patrick Chinamasa, ya se percató de su potencial y de su importancia para la economía de este país de África austral.
“Nuestra economía ahora es informal”, reconoció Chinamasa en una sesión parlamentaria. “Esa es la realidad, debemos reconocerla y tomar medidas para intervenir en el sector”, añadió.
El economista Godfrey Kanyense, director del Instituto de Investigación en Economía y Trabajo de Zimbabwe, del Congreso de Sindicatos, explicó que el gobierno no logra financiar programas sociales porque le cuesta movilizar fondos de la actividad económica.
“No hay forma de que las autoridades puedan maximizar la recaudación de ingresos del sector informal si no lo regularizan. Deben diseñar una estrategia de trabajo para asegurarse que lo formaliza y que grava su actividad para aumentar las arcas del Estado, actualmente en situación deplorable”, explicó.
También dijo que el gobierno salía perdiendo porque la Autoridad Tributaria de Zimbabwe (ZIMRA, por sus siglas en inglés) tenía problemas para gravar a los pequeños y medianos empresarios ya registrados.
El sector formal hace más de una década que tiene problemas ante el retiro de inversiones por la falta de confianza de los inversionistas, los comunes cortes de electricidad y una economía comprometida por la hiperinflación y la grave escasez.
Kanyenze sostuvo que para garantizar un monitoreo eficaz, el gobierno debe organizar al sector informal en grupos según su actividad. También debe ofrecer capacitación y servicios empresariales y elaborar mecanismos para proteger y promover los negocios.
El economista John Robertson dijo a IPS que la formalización de empresas traería varias ventajas.
“Además de mejorar la recaudación de ingresos y la actividad del sector público, es de esperar que la regularización del sector informal garantice mejores condiciones de trabajo para las millones de personas que se estima emplea. Incluso, gozarían de beneficios como asistencia médica, jubilación, mejores condiciones laborales y capacidad para negociar sus salarios, explicó.
Tapson Mandiziva, quien trabaja como ayudante de carpintero en una empresa que no está registrada y que fabrica muebles en Glenview, un barrio de bajos ingresos en Harare, no tiene ninguno de esos beneficios.
“No tengo contrato de trabajo y mi jefe me paga lo que quiere y cuándo quiere”, se lamentó Mandiziva, de 31 años.
“A veces hace mucho dinero vendiendo los armarios y los muebles de cocina que fabricamos, pero se compra automóviles y artículos personales y no nos paga. Cuando lo hace, es muy poco”, se quejó. “Y ha echado empleados con argumentos poco sólidos”, añadió.
En los tres años que trabaja ahí, el salario más alto que recibió fue de 200 dólares mensuales. Pero Mandiziva contó que pueden pasar cuatro meses sin cobrar nada y nunca le paga con retroactividad.
La policía y las autoridades municipales realizan inspecciones a empresas irregulares como la de Mandiziva. Pero las acusaron de confiscar mercancía y de extorsionarlas, así como de vender lo que decomisaban en subastas en las que solo participaban oficiales y funcionarios.[related_articles]
El economista Innocent Makwiramiti, ex director ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio de Zimbabwe, dijo a IPS que los allanamientos ilegales podrían evitarse regularizando la informalidad.
“Los oficiales de policía y los funcionarios municipales y de la ZIMRA recaudan miles de dólares en sobornos a comerciantes informales y, en algunos casos, los obligan a entregar parte de sus ganancias para protegerlos de los allanamientos”, explicó.
“Parte del dinero podría terminar en las arcas públicas si el sector informal estuviera registrado y obligado a cumplir las normas impositivas y empresariales”, remarcó. Makwiramiti
Pero el proceso de regularización no será fácil, anticipan especialistas.
“El mayor problema es la renuencia de las pequeñas empresas a registrarse. (Los propietarios) suelen pensar que se los someterá a un mayor control que perjudicará su facturación. Como muchas pertenecen a personas y a familias que consideran que respetar la legislación laboral es una carga, prefieren quedarse como están”, indicó Bloch.
La edición de febrero de la Public Administration and Development Journal (Revista de Desarrollo y Administración Pública) muestra los numerosos obstáculos que afronta el gobierno en su intento por recaudar los impuestos del sector informal y de las pequeñas y medianas empresas registradas, entre ellos, los recursos humanos y las dificultades administrativas de la ZIMRA.
Según el artículo, muchas empresas serían renuentes a pagar impuestos porque les preocupa que “la recaudación no sirva a los intereses nacionales”.
A muchos empresarios informales también les molesta la mala calidad de los servicios y que los que tienen vínculos políticos se salven cuando no pagan impuestos.
Augustine Tawanda, secretario general de la Asociación de Comerciantes Trasfronterizos, que incluye a empresarios informales que adquieren mercancía para revender o que venden productos en los países vecinos, dijo a IPS: “Hay mucho dinero circulando en el sector informal y sería posible logar una situación de mutuo beneficio”.
Pero su organización se opone a la regularización y prefiere que las autoridades solo ingresen a las empresas en su base de datos con fines tributarios, pero no para formalizar su situación.
“El principal problema es que al gobierno solo le interesa gravar nuestra actividad, pero no hacernos crecer como empresas. No tiene políticas claras para la regularización ni mostró cómo hará para incentivar a los comerciantes informales”, arguyó.
