“Hay un dicho en el que creen todos los ruandeses: si olvidas, no eres capaz de perdonar, pero si recuerdas tendrás presente quién te dañó y podrás perdonar y seguir adelante”, dice Honore Gatera a IPS mientras camina por el Centro Conmemorativo de Kigali, en el centro de la capital de Ruanda.
Este museo fue creado en 2004, 10 años después el genocidio. Se estima que 800.000 tutsis y hutus moderados perdieron sus vidas en la masacre que se desató en 1994, luego de que fuera derribado el avión que transportaba a los entonces presidentes Juvenal Habyarimana, de Ruanda, y Cyprien Ntaryamira, de Burundi.
Ese año, la comunidad internacional fue incapaz de frenar el genocidio. Casi 20 años después, sigue fallando, según muchos habitantes de este país africano, al no garantizar que se haga justicia con los perpetradores.
Angela Mbabaz es una tutsi de 27 años. Pasó toda su infancia en Uganda con sus dos hermanos y su hermana menor. Ahora tiene una hija de la misma edad que tenía ella cuando su madre fue asesinada junto a otros parientes dentro de un recinto de la Iglesia Católica en las afueras de Kigali.
“Me enteré de la muerte de mi madre cuando tenía siete años”, cuenta a IPS. “No quisiera que mi hija supiera que los autores intelectuales del genocidio no están todos presos, así que todavía no se lo he dicho”.
Los tribunales comunitarios en Ruanda, conocidos como “gacaca”, se crearon en 2001 para hacer justicia a víctimas como Mbabaz. En la lengua local kinyarwanda, gacaca significa sentarse y discutir un tema.
Los gacacas cesaron de funcionar el año pasado. Organizaciones de derechos humanos criticaron el proceso comunitario porque no cumplía con estándares legales internacionales.
Según cifras del gobierno, 65 por ciento de los dos millones de sospechosos de genocidio fueron hallados culpables en el rápido proceso legal habilitado en Ruanda.
Casi no hay oposición local a los gacacas, ni siquiera de expertos legales. Sabine Uwase, asesora jurídica de AVEGA Agahozo, asociación de mujeres que quedaron viudas por el genocidio, considera que esos tribunales comunitarios son efectivos.
“Este país necesitaba una justicia rápida, pues muchas víctimas querían avanzar hacia la reconciliación nacional”, sostiene. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) “se demora demasiado”, afirma.
El TPIR fue creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1994, con sede en Arusha, Tanzania, para juzgar a los principales responsables. Pero dejará de sesionar en 2014, una vez que concluyan las apelaciones pendientes.
El portavoz de ese tribunal, Rolland Amoussouga, cree que las críticas al TPIR son infundadas.
“Desde que comenzó en 2003, el TPIR presentó cargos contra 93 personas, arrestó a 83 y emitió 75 fallos, con 12 absoluciones y 63 sentencias a prisión”, explica a IPS.
El TPIR sentó jurisprudencia en el derecho internacional, al haber conducido el primer proceso por el delito de genocidio. El año pasado, la ONU adoptó un Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales para concluir los casos que queden pendientes una vez que el tribunal concluya su mandato.[related_articles]
“Es un sentimiento normal que los sobrevivientes y las víctimas del genocidio critiquen al TPIR de una forma u otra. No se puede esperar una justicia perfecta”, dice Amoussouga.
Diez acusados del genocidio siguen prófugos.
Naphtal Ahishakiye es secretario ejecutivo de Ibuka (“recuerda”, en kinyarwanda), organización nacional que representa a sobrevivientes del genocidio y el grupo de la sociedad civil más poderoso en Ruanda.
“Esos perpetradores deben ser detenidos y llevados a la justicia aquí en Ruanda, no al TPIR ni a La Haya”, sostiene.
“Los gacacas representaban justicia participativa. Todos en Ruanda venían a enterarse cómo fue planificado y ejecutado el genocidio”, destaca.
Mbabaz quiere que Ruanda supere el genocidio, como ella lo hizo. Ella cree que la comunidad internacional detendrá a los perpetradores prófugos y asegurará que sean juzgados.
“Ya pasaron 20 años y las cosas cambiaron. Ya no hablamos de hutus y tutsis, somos todos ruandeses”, señala. “Quiero que mi hija entienda lo que sucedió y estoy dispuesta a perdonar lo que le hicieron a mi familia”.
El día de recordación nacional del genocidio es el 4 de abril. El año próximo se cumplirán dos décadas de la masacre.
Los esfuerzos de reconciliación se concentran en diluir las fidelidades tribales y remplazarlas por un sentimiento de identidad ruandesa moderna.
Gatera concluye su paseo por el Centro Conmemorativo y expresa su deseo en poner fin a este terrible capítulo de la historia de su país.
“Ha pasado mucho tiempo. El TPIR concluirá su mandato el año próximo y aún hay demasiados casos abiertos y muchos otros perpetradores huyendo por el mundo”, afirma.
“Una vez que sean capturados, deben ser traídos a Ruanda, pues ya hemos mostrado a la comunidad internacional que podemos tratar a todos en forma justa”, añade.
Pero aun si estos fugitivos son arrestados y llevados a un tribunal, no hay garantías de que el proceso cumpla con los estándares internacionales.
De todas formas, muchos ruandeses están convencidos de que ellos pueden demostrarle a la comunidad internacional que no necesitan ayuda externa para hacer justicia.
