Tras más de dos años de luchar para impedir su divulgación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer numerosos documentos relativos a espionaje interno a ciudadanos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
También publicó los fallos judiciales que autorizaron que los controvertidos programas de esa entidad siguieran adelante.
En la noche del 10 de este mes, el Departamento de Justicia dio a conocer los documentos a la Unión Americana de Libertades Civiles (conocida por sus siglas en inglés, ACLU) y la Electronic Frontier Foundation (EFF), que habían presentado una demanda para obligar su difusión. Ambas organizaciones mantienen también litigios, cada una por su cuenta, contra la NSA, desafiando juntas su programa de espionaje interno.
El director de Inteligencia Nacional, James Clapper, también publicó los documentos en el sitio web de su oficina.
En cuestión está un programa mediante el cual la NSA recolecta lo que se conoce como “metadatos” relativos a cada llamada telefónica en Estados Unidos.
[pullquote]3[/pullquote]El programa salió a la luz este año a raíz de las denuncias de Edward Snowden, quien era empleado de la empresa privada de inteligencia Booz Allen Hamilton. Snowden filtró información secreta al respecto y actualmente vive en Rusia bajo el estatus de asilado político.
Algunos de los documentos más significativos de la desclasificación son fallos de la Corte de Vigilancia del Espionaje Exterior (FISC), que autorizó que ese programa de metadatos telefónicos avanzara en los últimos años.
La divulgación del documento “revela unas pocas cosas”, dijo Trevor Timm, analista político en EFF, a IPS.
“Primero, la NSA admitió ante el tribunal (FISC) en 2009 que no tenía a una sola persona… capaz de entender adecuadamente su sistema de vigilancia, lo que es una admisión extraordinaria porque… el sistema existe únicamente porque el tribunal lo autorizó en base a las propias explicaciones de la NSA”, señaló.
“Esto muestra que la NSA está a cargo de sí misma. Puede salir impune de todo y no decirle nada a la corte, y no habrá repercusiones o modo de que alguien lo averigüe”, dijo Timm.
El 19 de julio, el tribunal le ordenó al Departamento de Justicia que se reuniera con las partes que buscaban tener acceso a los registros de la FISC y a otros para negociar la divulgación voluntaria de la mayor parte posible de documentos.
Según EFF, algunos registros todavía no fueron desclasificados, pero por lo menos esto ha reducido el alcance de la disputa ante tribunales.
EFF todavía espera que se difunda por lo menos una opinión crucial de la FISC, específicamente relativa a la interpretación de la palabra “relevante”. Esta aparece en la Sección 215 de la enmendada Ley Patriótica y es la justificación de la NSA para recabar metadatos tetlefónicos en Estados Unidos.
La NSA sostiene que los metadatos de cada ciudadano son relevantes para la seguridad nacional.
“Todavía pensamos que obtendremos ese (documento). Eso tendrá el efecto más directo sober la demanda” contra el programa, dijo Timm.
En respuesta a la orden judicial del 19 de julio, el Departamento de Justicia dijo que podía divulgar más registros que antes gracias a una directiva del presidente Barack Obama del 9 de agosto para liberar “la mayor información posible sobre estos programas”.
Sin embargo, EFF no considera que el gobierno haya facilitado la información voluntariamente.
“La directiva presidencial no fue el motivo por el que empezaron a difundir información. Es porque la Corte les ordenó”, dijo Timm. “A raíz de la directiva presidencial, las negociaciones mejoraron”.
“Lucharon con uñas y dientes para impedir que esta información se hiciera pública. Ni siquiera nos dijeron la cantidad de páginas involucradas. Dijeron: ‘Si divulgamos incluso una palabra de esto, causará un daño significativo (…) a la seguridad nacional’”, planteó Timm.
“Desde las revelaciones de Snowden, se demostró que eso era ridículo”, dijo Timm. “Estas cosas deberían haberse hecho públicas hace años”, agregó.
En enero de 2009, la NSA reveló al tribunal que no había cumplido sus propios procedimientos para minimizar el uso de información privada y constitucionalmente protegida de los ciudadanos. La NSA había violado órdenes judiciales en numerosas ocasiones en las que había investigado a estadounidenses sin que mediara ninguna sospecha de una conexión terrorista.
La NSA tenía una lista de aproximadamente 18.000 números telefónicos que había estado no solo recabando sino también usando, pero solo tenía sospechas razonables de vínculos terroristas para alrededor de 2.000 de ellos.
Una orden del 3 de marzo de 2009 emitida por el juez de la FISC Reggie B. Walton y obtenida por las organizaciones revela un descontrol en la agencia federal.
“El tribunal primero autorizó la recolección del grueso de los metadatos en 2006”, dijo Patrick Toomey, abogado y miembro del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, en diálogo con IPS.
“En 2009 describe las muy rigurosas restricciones que impuso al uso de este registro de metadatos telefónicos, y detalla las maneras en que el gobieno había desafiado o incumplido esas restricciones”, agregó.
[related_articles]“Probablemente, el punto más perturbador que surgió de estos documentos fue el grado del incumplimiento del gobierno con la orden judicial”, dijo Toomey.
Según la NSA, no se puede esperar privacidad para los metadatos en el marco de la Cuarta Enmienda, porque esa información es considerada propiedad de las compañías telefónicas.
“Se aferraron a un caso de los años 70 que permitía a los agentes de la ley recabar una llamada telefónica por persona”, señaló Timm, refiriéndose a “Smith versus Maryland”, un caso de 1979 resuelto por la Corte Suprema.
Recabar los metadatos telefónicos de todos los residentes en Estados Unidos “no es exactamente lo que la Corte Suprema buscaba o sabía que podía ocurrir cuando se tomó esa decisión”, dijo Timm.
La NSA también argumentó que no estaba violando los derechos de los ciudadanos meramente por recolectar y almacenar sus metadatos telefónicos, porque solo usa la información cuando la necesita.
Pero la ACLU discrepa con esa lógica. “No importa qué hace el gobierno con la información. Para la Cuarta Enmienda y los fines de privacidad, el gobierno ha tomado para sí información que revela detalles personales, políticos, religiosos e incluso médicos”, dijo Toomey.
“Si el gobierno tomó tu diario (íntimo) y prometió no leerlo, eso de todos modos sería un cateo, y no solo por tu interés en la propiedad del papel”, enfatizó.
