El 31 de julio, soldados sursudaneses mataron a tiros a dos mujeres desarmadas, Anyibi Baba y Ateil Rio. Sus asesinatos fueron los últimos en una serie de graves violaciones contra los derechos de la población civil por parte del Ejército de Liberación Popular de Sudán, que combatía a un grupo rebelde murle en el estado de Jonglei.
Por lo menos 70 civiles murles y alrededor de una veintena de miembros de esa comunidad que integraban el ejército y otras fuerzas fueron asesinados desde diciembre.
El pánico se ha propagado entre los murles. Miles han huido de sus hogares, demasiado atemorizados de que los soldados vuelvan.
Trágicamente, la violencia no es ninguna novedad en Jonglei. El conflicto étnico, avivado por el abigeato, ha costado las vidas de miles y desplazado a decenas de miles.
En los últimos tres años, los ataques y contraataques entre miembros armados de los grupos étnicos dinka bor, lou nuer y murle han sido especialmente sangrientos y, cada vez más, han tomado por blanco a mujeres y niños. Como las autoridades casi nunca investigan o castigan a los criminales, estos grupos imponen su propia justicia en un ciclo cruel de brutales ataques en venganza.
El resurgimiento de un grupo rebelde murle en 2012 y la contrainsurgencia del gobierno han complicado mucho la situación y las posibilidades de paz en Jonglei, sumiendo a todo el condado de Pibor, centro del esfuerzo antiinsurgente, en una crisis humanitaria, desplazando a decenas de miles de murles.
Pero, en particular, los ataques contra civiles por parte de soldados han hecho que los murles se sientan cada vez más perseguidos por su propio gobierno. “No somos los que vamos a hacer redadas, no somos los que se rebelan contra el gobierno, pero somos los asesinados”, me dijo una mujer. Los ataques de soldados contra civiles a menudo parecen ser represalias.
En un caso que tuvo lugar en mayo, soldados que volvían de un tiroteo con los rebeldes en los bosques ejecutaron a 12 hombres, tres de ellos jefes, en la aldea de Manyabol. A consecuencia, toda la aldea huyó. Los soldados también incendiaron y saquearon hogares, agencias de ayuda y hospitales, y destruyeron y ocuparon escuelas. “Ellos no quieren nada bueno para el pueblo murle”, dijo un hombre.
El presidente Salva Kiir condenó los abusos, diciendo que “algo está mal” cuando los civiles tienen temor de sus propios soldados. El ejército ha tomado algunas medidas para reducir los abusos. A mediados de agosto, llevó ante la justicia castrense a dos soldados por matar a Baba y a Rio.
En ese caso actuó con celeridad, en contraste con la serie de otros abusos perpetrados desde fines del año pasado. El 20 de agosto, el ejército también anunció el arresto del brigadier general James Otong, por los serios abusos cometidos por soldados en su cadena de mando entre abril y julio.
Estos primeros pasos deberían ayudar a las Fuerzas Armadas de Sudán del Sur a enviar un claro mensaje de que las matanzas y lo saqueos no serán perdonados. Pero el ejército debe hacer lo propio, haciendo que otros soldados abusadores se hagan responsables de sus actos y desplegando funcionarios de la justicia militar y civil en el área.
El ejército también tiene que dar pasos inmediatos para mejorar su relación con la población civil, ampliamente murle. Estos pasos pueden incluir, por ejemplo, trasladar los barracones lejos de centros urbanos.
[related_articles]La imparcialidad en el abordaje de la violencia étnica en Jonglei será crucial para contrarrestar la sensación de persecución que reina entre los murles. Las autoridades no han protegido de los ataques a ninguno de los dos lados del conflicto étnico, sino que han alentado a jóvenes lou nuer a armarse, sin hacer nada para frenar la movilización de miles de personas de esa comunidad que en julio atacaron áreas murles.
Mientras tenía lugar el ataque, el ejército dijo que no podría proteger a los civiles murles, la mayoría de los cuales huyeron hacia los bosques a causa del conflicto y de los abusos militares. Varios informes perturbadores pero creíbles alegaron incluso que el ejército suministró municiones a los combatientes de la etnia lou nuer.
Se necesita una estrategia a largo plazo para que la policía, los tribunales y otras partes del sistema judicial puedan brindar una reparación a todas las víctimas y poner fin al abigeato en Jonglei.
Pero por ahora, los líderes de Sudán del Sur deberían intensificar y sostener sus esfuerzos por abordar los abusos de las fuerzas del gobierno allí y proteger a todos los civiles vulnerables. El ejército necesita demostrarles a todos los sursudaneses que está allí para protegerlos, no para dañarlos.
Skye Wheeler es investigadora sobre temas de Sudán del Sur en Human Rights Watch. El 13 de este mes divulgó un informe titulado “‘They are Killing Us’: Abuses Against Civilians in South Sudan’s Pibor County” (Ellos nos están matando: Abusos contra civiles en el condado sursudanés de Pibor), que documenta 24 ejecuciones ilegales de casi 100 miembros de la etnia murle entre diciembre de 2012 y julio de 2013.
