Los residentes de los tres estados del norte de Nigeria donde rige un toque de queda viven atemorizados por los allanamientos casa por casa que realizan los militares en busca de terroristas, así como por el incremento de los precios.
La Fuerza de Tarea Conjunta opera en los estados de Borno, Yobe y Adamawa, desde que el presidente Goodluck Jonathan declaró el 14 de mayo el estado de emergencia en ellos.
La medida obedeció a la presencia de organizaciones terroristas, entre ellas Boko Haram, de tendencia islamista, que invadieron algunas ciudades de la región, donde luego retiraron banderas nacionales e izaron las suyas.
La subdirectora de programa para África de Amnistía Internacional, Lucy Freeman, dijo a IPS que además del temor a los ataques de Boko Haram, la población de los estados afectados, sufre violaciones de derechos humanos a manos de las propias fuerzas de seguridad, que están allí para brindarles protección.
“En las últimas semanas, residentes de Borno dijeron a Amnistía Internacional que aumentaron las detenciones masivas en (la ciudad de) Maiduguri. Mucha gente huyó de sus hogares. Algunas zonas de la misma, incluso, se convierten en ‘pueblos fantasma’”, relató Freeman.
“Las escuelas públicas cerraron porque los padres tienen demasiado miedo como para mandar a sus hijos”, añadió.
Boko Haram (educación occidental es pecado, en árabe) lucha por un estado independiente en el norte de Nigeria, donde imponer la shariá (ley islámica).
Según un informe de Human Rights Watch de 2012, el grupo mató a casi 3.000 personas desde 2009. El último ataque fue el 7 de mayo, en la norteña ciudad de Bama, donde murieron 55 más.[related_articles]
Freeman también denunció que las investigaciones de Amnistía muestran que los detenidos no tienen acceso al mundo exterior, no tienen contacto con abogados, familiares ni tribunales y carecen de protección legal.
“Los sospechosos o acusados de integrar Boko Haram no suelen recibir explicaciones de por qué están detenidos, sus familias ignoran su paradero y generalmente no tienen derecho a hablar con un abogado”, explicó.
“Los detenidos bajo la acusación de integrar Boko Haram, imputados de algún delito y que fueron llevados ante un tribunal desde 2009, en muy pocos casos tuvieron un proceso judicial. La mayoría permanece en prisión, en espera de juicio”, puntualizó.
Ali Sani escapó de su casa en Mubi, una de las mayores ciudades del estado de Adamawa, y ahora vive en Kano, la más grande del norte de Nigeria.
Sani, quien se mantiene al tanto de lo que pasa en su ciudad, dijo a IPS que el toque de queda, que rige desde el anochecer hasta el amanecer, estaba perjudicando seriamente a la actividad comercial.
“Un amigo que vino de Mubi el fin de semana me dijo que no había combates allí, pero que el toque de queda afectaba al comercio y a la libertad de movimiento”, contó.
“Es imposible comunicarse porque se cortó la línea telefónica. Los agricultores no pueden cultivar, porque tienen miedo, y los precios se dispararon”, añadió.
El presidente justificó la medida como necesaria por la última ola de actividades terroristas, que aumentaba los desafíos en materia de seguridad en el norte nigeriano.
Además de los ataques de mayo, un atentado suicida perpetrado en marzo costó la vida de 41 personas, mientras que al mes siguiente un enfrentamiento entre combatientes de Boko Haram y el ejército dejó 187 muertos y 77 heridos.
Un editor del norcentral estado de Kaduna, que solo quiso ser identificado como Rahman, dijo a IPS que desde que se declaró el estado de emergencia se cortaron las comunicaciones en Borno, Yobe y Adamawa.
“Creo que es una medida deliberada para bloquear las comunicaciones entre los miembros de Boko Haram e impedir que usen los teléfonos móviles para detonar bombas”, especuló.
“Pero también afectó a los usuarios civiles inocentes, que no pueden recibir llamadas de sus conocidos ni llamarlos”, dijo a IPS.
Fredrick Fasehun, fundador de Oodua Peoples’ Congress (OPC), en el sudoeste de Nigeria, afirmó que las operaciones militares en la zona afectada eran normales en el marco de un estado de emergencia.
OPC es una organización nacionalista armada del pueblo yoruba.
“Cuando se declara el estado de emergencia en una región, las Fuerzas Armadas tienen el deber de mantener la ley y el orden y se sabe que los soldados lo hacen por la fuerza”, dijo Fasehun a IPS, en Lagos.
En tanto que fundador del OPC, Fasehun estuvo detenido varias veces por encabezar un grupo armado ilegal.
Según el dirigente, deben realizarse interrogatorios adecuados y liberar a las personas que no tienen nada que ver con la insurgencia. Además, opinó que los implicados en combates deben trasladarse ante un tribunal de la jurisdicción competente.
El abogado y activista de derechos humanos Femi Falana dijo a la prensa en Lagos que está a favor del estado de emergencia en los tres estados involucrados.
Pero puntualizó que frente a los incesantes ataques terroristas, secuestros, robos a mano armada y crímenes violentos en el país, el gobierno debe dejarse de hablar de que existe seguridad personal y de la propiedad en el país.
Además encomendó a Jonathan a que actúe en el marco de la Constitución y que no disuelva las estructuras democráticas en los estados afectados por el estado de emergencia.
