La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló una disposición por la cual el gobierno condicionaba su ayuda en la lucha contra el VIH/sida a que las organizaciones beneficiarias explicitaran su oposición a la prostitución.
El dictamen del alto tribunal emitido el jueves 20, con seis magistrados a favor y dos en contra, sorprendió a muchos observadores. Para la mayoría de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la libre expresión es un gran triunfo.
“Estamos sorprendidas, pero muy contentas”, dijo Crystal DeBoise, una de las directoras del proyecto trabajadoras sexuales del Centro de Justicia Urbana, con sede en Nueva York, en entrevista con IPS.
“Es un buen paso hacia (el respeto de) los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y será positivo para las organizaciones, pues estarán en mejor situación para atender las necesidades de este sector de la población, así como de otras personas que corren riesgos sociales y de salud”, explicó DeBoise.
El juramento contra la prostitución formaba parte de la política de este país desde 2003, cuando fue aprobado en el marco del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (Pepfar, por sus siglas en inglés).
Esa iniciativa, concentrada principalmente en África, representó el mayor compromiso contraído por Washington en la lucha contra el VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).
En la década siguiente a su aprobación, Pepfar destinó casi 46.000 millones de dólares a programas contra la enfermedad, según cifras oficiales, que ofrecen antirretrovirales (medicamentos que reducen la carga del virus en el organismo) a más de cinco millones de personas.
Para este y el próximo año, el presidente Barack Obama solicitó otros 13.000 millones de dólares
Por la forma en que el Congreso legislativo redactó la norma, las organizaciones beneficiarias del Pepfar debían explicitar su posición contra la prostitución.
Desde entonces, numerosos especialistas en salud alertaban que una política de ese tipo atentaba contra el objetivo de erradicar la epidemia del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
“La norma no surgió de la comunidad médica, sino de algunos legisladores estadounidenses que vieron una oportunidad, a través del Pepfar, de insertar y aplicar una pureza ideológica al el trabajo sexual”, dijo Serra Sippel, presidenta del Centro de Equidad de Género y Salud (Change, por sus siglas en inglés), en entrevista con IPS.
“Fue perturbador, en parte, porque no es una intervención de salud pública silenciar a las personas ni obligar a las organizaciones a adoptar el punto de vista específico de algunos legisladores”, arguyó Sippel.
Construyendo confianza
El gobierno siempre explicó el voto contra la prostitución diciendo que acabar con el trabajo sexual era un elemento central de la política contra el VIH/sida.
La sociedad civil, por su parte, estuvo dividida al respecto. Algunas organizaciones, en especial las que luchan contra la trata y el tráfico de personas, en cierta forma, estaban a favor.
“Se considera que la mejor práctica en materia de salud pública es generar confianza entre trabajadoras sexuales y la labor realizada para terminar con el estigma y la discriminación que avivan la epidemia”, indicó Sippel.
Obligar a organizaciones como Pathfinder International, que trabaja en el terreno de la salud sexual y que fue una de las principales demandantes ante la Corte Suprema de Justicia, a firmar un compromiso así, básicamente era llevarlas a adoptar una política contraria a la población a la que se supone que debían atender, observó.
“Termina siendo muchísimo más difícil lograr y construir confianza con las personas que están en el centro de la cuestión”, coincidió Kevin Frost, director general de amfAR, la Fundación para la Investigación sobre Sida, en entrevista con IPS.
Muchas organizaciones suscribieron el juramento, pero luego hicieron lo que les pareció mejor para su objetivo.
“Firmamos el juramento sabiendo que lo ignoraríamos”, reconoció Frost.
Todavía es ley
El dictamen emitido el jueves 20 por el alto tribunal se basó en la interpretación de que el juramento contra la prostitución atentaba contra la libertad de expresión, garantizada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Dadas las polarizadas opiniones en Estados Unidos sobre el trabajo sexual, el caso se concentró específicamente en la libertad de expresión. Por ello, el alto tribunal no se expidió sobre los meritos de los argumentos o políticas relacionadas con el trabajo sexual en general.
Además, la interpretación del caso solo afectará a organizaciones estadounidenses, más que internacionales, que reciben fondos del Pepfar.
Pero Frost acotó que la mayoría de ellas están radicadas en Estados Unidos y que la capacidad de las organizaciones internacionales de aplicar el decreto de los programas es limitada.
Como la norma todavía es legal, pese al dictamen del jueves, resta por ver cómo procederá el gobierno de Obama de aquí en más.
Las autoridades se han negado a discutir su posición respecto del juramento, pues fue objeto de procesos legales desde que Obama asumió su primer mandato en 2009.
Pero todavía “no terminó todo. Es un logro importante para derrotar esa política, pero todavía hay que trabajar para estar seguros de que no se aplica de forma negativa a organizaciones que trabajan sobre el terreno”, subrayó Sippel, de Change.
“Esta decisión ofrece una oportunidad para analizar casos específicos en el que fondos estadounidenses puedan involucrar a trabajadoras sexuales en una agenda más crítica”, apuntó Sippel.
“Estamos logrando avances importantes en materia de VIH/sida a escala global, en especial en lo que respecta a atender este asunto desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos”, añadió.
“Este caso nos ayuda a seguir dirigiendo la conversación en esa dirección”, subrayó Sippel.
