Una ofensiva conservadora sobre la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer de Nicaragua pretende su reforma para incluir, entre otras cosas, la obligación de las víctimas de negociar con sus maltratadores, denuncian grupos defensores de los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el 23 de este mes solicitar a la unicameral Asamblea Nacional legislativa que se reforme la norma en vigencia desde junio de 2012 y conocida como la Ley 779.
El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, explicó que el máximo tribunal cree indispensable modificar su artículo 46, que prohíbe la mediación entre la mujer y su agresor para los delitos contemplados en la ley, con lo que acoge parcialmente una serie de recursos contra su texto, que llegaron a demandar su inconstitucionalidad.
La solicitud de la CSJ es un triunfo para confesiones religiosas y otros poderosos sectores conservadores, que mantienen una persistente campaña contra la norma durante sus 11 meses de vigencia, con argumentos como que discrimina a los varones, maltratadores incluidos.
La ley establece que el Estado y sus instituciones tienen el deber de garantizar que se respete la integridad física, psíquica, moral, sexual, patrimonial o económica de la mujer. También castiga todo tipo de discriminación por motivo de género e incluye el delito de femicidio, el asesinato por razones de género.
Solís aseguro que los magistrados decidieron por consenso que en la ley debe establecerse la mediación entre víctimas y victimarios, como forma alterna de resolución de conflictos, cuando los presuntos delitos acarren penas inferiores a los cinco años de cárcel.
La mediación es una figura de la jurisdicción nicaragüense para resolución de conflictos, propia del derecho privado, pero no para delitos de acción pública, como son considerados los tipificados por la Ley 779. De hecho, en derecho familiar solo se aplica en asuntos de patrimonio, divorcio o separación.
La ley, aprobada con una alta mayoría y gran respaldo social según sondeos, incorporó a Nicaragua a los países que cuentan con una norma integral contra la violencia de género, acogiendo exigencias de convenciones internacionales.
Desde marzo, cuando la CSJ comenzó a discutir los recursos, se reabrió el debate sobre la norma que enfrenta a poderes públicos, grupos políticos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil, principalmente las defensoras de los derechos de las mujeres, con manifestaciones ante la sede del tribunal a favor y en contra de la norma.
La ley fue recurrida por juristas, bajo argumentos como que viola principios de igualdad y presunción de inocencia y acoge posturas “del feminismo radical”, al eliminar la mediación en casos de violencia intrafamiliar.
Bismarck Dávila, uno de los cinco abogados recurrentes, aseguró a IPS que la norma viola el principio constitucional de igualdad, “porque designa un juez especial para juzgar a los hombres, mientras las mujeres que cometan los mismos delitos son juzgadas por un juez común”.
La Ley 779 instituye juzgados y fiscales especializados para los delitos de violencia de género, así como comisarías de la mujer.
Según Dávila, la ley también viola la presunción de inocencia porque desde la denuncia “al hombre se le trata y reconoce como presunto culpable”. Además, aseguró, atenta contra el principio de defensa porque “los esfuerzos de los defensores públicos o privados son inútiles frente a una ley que trata de forma desigual al hombre”.
La Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua asesora gratuitamente a varones acusados con base en la ley.
El debate traspasó lo jurídico para adquirir tintes religiosos, luego de que representantes de distintas iglesias evangélicas y de la Católica abogaran desde los templos contra una ley que “destruye a la familia al castigar al hombre”.
El día 7 de este mes, el sacerdote católico Abelardo Mata llegó a decir que “el nuevo número de la bestia no es el 666, sino el 779”, sin que la afirmación fuese matizada por la jerarquía católica.
En la Asamblea Nacional, la mayoría es contraria a la reforma. La primera secretaria del parlamento, Alba Palacios, recordó que la ley fue aprobada por 82 de los 92 diputados en febrero de 2012.
Consideró que debe aplicarse sin enmiendas “porque antes de ser aprobada se debatió ampliamente y se hicieron consultas con todos los sectores, y es resultado de ese amplio proceso”.
Irma Dávila, presidenta de la parlamentaria Comisión de Justicia, recordó que “80 por ciento de la población nicaragüense respalda la Ley 779, así que no podemos decir que hay una gran mayoría en contra de la ley”.
Una encuesta del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública, realizada entre el 2 y el 18 de abril sobre la norma, concluyó que 82,3 por ciento de los sondeados la respaldan.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, con 63 las 92 bancas legislativas tiene la llave para acoger o rechazar la demanda de la CSJ.
Si el parlamento rechaza el pedido de la CSJ, esta puede modificar su manejo mediante indicaciones a los jueces. De hecho, ya emitió una circular donde orienta a los tribunales a aplicar reducción de penas en casos de delitos castigados por la Ley 779 con menos de cinco años.
Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres rechazan la reforma y advierten que una mediación entre víctima y victimario “es revictimizar a la mujer”.
Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo que las estadísticas de feminicidios de 2012 evidencian por qué no debe haber mediación: 13 de las 85 mujeres asesinadas por motivos de género habían mediado con sus victimarios, tras denunciarlos a las autoridades.
“La experiencia nos ha revelado que lejos de resolver el problema, la mediación solo le da al hombre una oportunidad de organizarse para vengarse y matar a la mujer, para luego huir”, dijo a IPS.
Amnistía Internacional emitió un comunicado de respaldo a la norma. “La violencia ejercida contra las mujeres y los niños es lo que rompe las familias, no las leyes diseñadas para ayudar a las víctimas a escapar de la violencia y hacer rendir cuentas a los culpables”, dijo Esther Major, investigadora de la organización.
Según cifras de las comisarías de la Mujer, un promedio diario de 97 hombres fueron denunciados por maltrato a la mujer en Nicaragua durante el primer trimestre del año, lo cual representa un incremento de denuncias por violencia machista de 30,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2012.
Entre el 21 de junio de 2012, cuando comenzó a aplicarse la ley, y el 28 de abril se abrieron 6.482 causas a su amparo, 17 de ellas por feminicidio. Fueron detenidos 5.726 presuntos agresores, de los que 1.050 fueron liberados porque su delito era de “faltas”. Hasta ahora, 692 casos acabaron en condena y 297 en absolución, mientras los restantes siguen abiertos.
