Un grupo de ciudadanos mexicanos prepara la primera demanda civil ante tribunales de este país latinoamericano en contra de la transnacional British Petroleum (BP), por el derrame petrolero de 2010 en el Golfo de México.
Los demandantes se cobijan en la figura del derecho difuso y colectivo, establecida en la reforma constitucional mexicana de 2011, que avala a ciudadanos que se sientan perjudicados directa o indirectamente por un hecho, a entablar querellas ante tribunales locales.
La denuncia civil abarca “desde daños a los colindantes, personas propietarias de terrenos habitacionales y comerciales en la costa hasta afectados indirectamente por los hechos. Por tratarse de derechos difusos, todos pueden considerarse agraviados”, explicó a IPS el abogado Óscar Preciado, de la firma Rincón Mayorga Román Illanes Soto y Compañía.
“Sin duda, va a causar un precedente importante. Se han promovido acciones colectivas, pero se han radicado en cuestiones de consumidores”, no de tipo ambiental, refirió el profesional del bufete que representa a los querellantes.
El 20 de abril de 2010, la plataforma de perforación Deepwater Horizon, que BP alquilaba a la suiza TransOcean, estalló frente a las costas del sudoriental estado estadounidense de Louisiana y se hundió dos días después. En el accidente murieron 11 trabajadores y otros 17 resultaron lesionados.
Entre el día de la explosión y el 15 de julio siguiente, cuando el pozo Macondo fue finalmente sellado, se fugaron casi cinco millones de barriles (de 159 litros) de petróleo, de los cuales solo se recogieron 800.000.
El vertido supone una amenaza a mediano y largo plazo para la zona del Golfo que baña las costas de los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, incluyendo varias especies de flora y fauna, recursos pesqueros y sitios turísticos, aunque se ignora la magnitud final del daño, según explican los expertos.
“Se puede demandar en México al gobierno y a BP. El gobierno fue omiso en este caso”, declaró a IPS el coordinador de la no gubernamental Colectivas, René Sánchez. La institución nació en noviembre de 2012 para asesorar a organizaciones e individuos en la introducción de acciones o demandas colectivas.
En 2011 entró en vigor en México la Ley de Acciones Colectivas, que permite querellarse contra empresas públicas y privadas a la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Consumidor y a clientes descontentos con la prestación de bienes y servicios. Pero la norma no contempla la reparación del daño.
El ecocidio en el Golfo de México ha derivado en Estados Unidos en un monumental proceso legal que aglutina a más de 130.000 demandantes y más de 500 juicios, coaligados en el llamado multilitigio MDL-2179, a cargo del juez federal Carl Barbier.
Dentro de ese macrojuicio, en enero de este año BP se declaró culpable de 14 cargos, por los cuales erogará 4.500 millones de dólares, pero las multas e indemnizaciones pueden escalar conforme avancen nuevas fases del complejo proceso.
Al mes siguiente, la suiza TransOcean reconoció haber violado la estadounidense Ley de Agua Limpia, por lo cual deberá pagar 1.400 millones de dólares de multas.
Barbier, titular de la Corte del Distrito Este de Louisiana, situada en Nueva Orleans, dio de plazo hasta el 21 de junio para que los defensores de las corporaciones acusadas presenten sus conclusiones en el juicio comenzado en febrero.
En abril, el gobierno del presidente conservador Enrique Peña Nieto demandó ante la justicia estadounidense a la petrolera británica y a otras compañías por el vertido, luego de que su predecesor Felipe Calderón (2006-diciembre de 2012) no se atreviese a hacerlo en los dos años anteriores.
Ese pliego se suma a los que los gobiernos regionales de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo y al menos dos empresas entablaron en 2010 en contra de BP, TransOcean y otras corporaciones involucradas en la plataforma, por posibles daños al ambiente marino, las costas y los estuarios.
La nueva demanda del gobierno se sumará al MDL-2179 que lleva Barbier, al igual que sucedió con las introducidas en 2010.
La filial mexicana de BP no respondió a la consulta de IPS sobre la demanda del gobierno y la acción colectiva en preparación.
Varias dependencias mexicanas han gastado más de 11 millones de dólares en estudios, diagnósticos, capacitación, perforaciones, sobrevuelos, campañas oceanográficas y análisis de laboratorio, según plantearon los demandantes de 2010.
La escasa investigación sobre los daños en la zona afectada ha sido el talón de Aquiles para las organizaciones ambientalistas a la hora de preparar el caso para la demanda ante la justicia mexicana.
“Ese es el tema que más nos ha limitado. Por tratarse de un tema de interés general, en México nunca ha existido una homologación del caso. El Estado mexicano no se ha visto tan participativo”, comentó Preciado.
“Los daños se van a ver reflejados en años y no se va a resolver con facilidad. Pero no nos asusta enfrentarnos a BP, al contrario, nos motiva”, aseguró el abogado, que prepara otra demanda colectiva en contra de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), por derrames de crudo en el sudoriental estado de Tabasco.
El expediente colectivo va a suponer un desafío para los jueces mexicanos, poco acostumbrados con lidiar con litigios de tipo ambiental, cuando se presente ante un tribunal federal de la capital, en una fecha aún no establecida.
“Se tiene que ver la preparación de los magistrados y el estado de la burocracia judicial. Uno de los primeros pasos es reconocer la clase de afectados como tal”, como ocurre en el sistema estadounidense, sostuvo Sánchez, quien también prepara una acción colectiva por la eventual introducción de la siembra comercial de maíz genéticamente modificado.
A pesar de los antecedentes de BP por el desastre de 2010 y por la fuga de gas de 2008 en el mar Caspio, frente a las costas de Azerbaiyán, que la petrolera ocultó, Pemex firmó en 2012 un acuerdo tecnológico con esa transnacional para las operaciones en aguas profundas del lado azteca del Golfo de México.
“Es aberrante”, comentó el abogado Preciado.
