La decisión de la justicia de Brasil de que el asesino de Dorothy Stang aguarde su condena definitiva en libertad preocupa a activistas de derechos humanos, que advierten sobre desenlaces similares al de la misionera estadounidense en varios conflictos agrarios e indígenas.
Según el Supremo Tribuna Federal (STF), el hacendado Regivaldo Pereira Galvão, condenado por haber ordenado el asesinato de la monja en 2005, tiene derecho a aguardar en libertad el proceso de su apelación.
El reo, liberado este miércoles 22 en Altamira, ciudad del norteño estado de Pará, había sido condenado a 30 años de prisión en abril de 2010, pero fue liberado cuando sus abogados presentaron un recurso de apelación. Un año después, la decisión fue revertida por un tribunal estadual, que consideró que debía comenzar a cumplir su pena.
"No entiendo qué llevó a los ministros del STF a entender que no existen riesgos", dijo a IPS el abogado Aton Fon Filho, que sigue el caso representando a la católica Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Fon Filho recordó que la decisión de volver a encarcelar al hacendado tuvo lugar cuando "se descubrió que presionaba a trabajadores de una propiedad que él decía que no era de él, y se entendió que su libertad ponía en riesgo el orden público".
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Además, "la confirmación de su responsabilidad en la muerte de Stang fue acompañada por actitudes que mantenían el estado de tensión en la región de Anapú. Él continuó generando amenazas a los vecinos del lugar y a los integrantes del proyecto de desarrollo sustentable creado por ella", sostuvo el abogado.
Stang fue muerta a balazos el 12 de febrero de 2005 en Anapú, una pequeña localidad amazónica en la que fue misionera durante 23 años y en la que ayudaba a los campesinos a luchar por sus derechos ante los intereses de los grandes hacendados y empresas madereras.
Otras cuatro personas fueron condenadas por el asesinato, entre ellos el hacendado Vitalmiro Moura, que cumple 30 años de prisión.
Stang, de 73 años, vivió tres décadas en esa zona de la selva, trabajando activamente en causas ambientales y por el derecho a la tierra de los campesinos más pobres.
En el momento de su muerte, ejecutada con varios disparos a quemarropa, la religiosa llevaba tan solo una Biblia en sus manos. Según el fiscal del caso, el motivo del asesinato fueron sus constantes denuncias de trabajo esclavo en la región.
El temor de Fon Filho es que, ya suelto, Pereira Galvão "vuelva a organizar a sus pistoleros para nuevas acciones criminales contra integrantes de la organización sustentable de Stang".
El abogado subrayó que una reciente investigación de la policía federal obtuvo indicios de que algunos policías provinciales de Pará estaban involucrados con hacendados en la práctica de crímenes y amenazas.
Así, los amenazados en la región "no pueden contar ni con la protección de su propia policía", alertó. Con la reclusión de Pereira Galvão, las amenazas y la tensión habían disminuido, aseveró.
Maurício Santoro, asesor de derechos humanos de la organización Amnistía Internacional en Brasil, dijo a IPS que si bien el proceso no acabó, "hay riesgo de fuga del acusado".
Santoro recordó que Pereira Galvão fue detenido apenas en 2008, tres años después del asesinato. Roniery Lopes, un testigo que iba a declarar contra él en un proceso por defraudación, murió asesinado en 2009 antes de poder prestar testimonio, añadió.
El mensaje es que "ni siquiera en un caso de tanto impacto internacional, y con tantos antecedentes de problemas y dificultades, la justicia brasileña logra una respuesta rápida, que garantice la seguridad de los defensores de derechos humanos", dijo Santoro.
Es que la muerte de la monja no es un hecho aislado en un contexto de abundantes situaciones de violencia rural.
La CPT entregó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia una lista con 1.855 personas que están bajo amenazas por conflictos agrarios. Los estados más violentos son Pará y Maranhão, y minorías como pueblos indígenas y quilombolas (comunidades descendientes de esclavos africanos que se liberaron) son las más vulnerables, explicó.
La CPT, vinculada la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, reportó que en las últimas dos décadas murieron más de 1.500 campesinos en conflictos agrarios. La mayor parte de los crímenes quedaron en la impunidad.
Santoro advirtió que Amnistía tiene noticias de otros casos que pueden convertirse en "la próxima Dorothy Stang".
Se teme en especial por la situación en el interior de Maranhão, noreste de Brasil, donde las comunidades quilombolas sufren constantes amenazas de propietarios locales. Se prometió proteger a los líderes comunitarios amenazados, pero no se ha cumplido, según la organización humanitaria.
Cuarenta y cinco familias del Quilombo Pontes, en el municipio de Pirapemas, "son sistemáticamente amenazadas e intimidadas por hombres armados que rondan el área", afirma una acción urgente emitida por Amnistía este miércoles. Sus cultivos y propiedades fueron destruidos.
Fon Filho y Santoro llamaron también la atención sobre la situación que viven los indígenas guaraní-kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul (sudoeste), por la demora en la demarcación de sus tierras que los llevó a protestar con ocupaciones de predios.
En noviembre de 2011, 40 hombres armados atacaron un campamento indígena, asesinaron a un líder e hirieron a varios más.
"No se sabe de medidas del gobierno para promover el desarme de esos hacendados", advirtió Fon Filho. Y las acciones de protección especial siempre se disponen después que se cometió el crimen, pero no de manera preventiva como requieren estos casos, dijo.
